Redacción El País
El debate sobre el nuevo paquete de inversiones para el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana ingresó de lleno en el Parlamento. El senador del Partido Nacional Martín Lema presentó un pedido de informes al Ministerio de Ambiente —al amparo del artículo 118 de la Constitución— reclamando precisión sobre el costo real, los componentes presupuestarios y el alcance ambiental del proyecto que sustituye al fallido proyecto Arazatí. El legislador fundamenta su solicitud en las “incongruencias y contradicciones reiteradas” entre las declaraciones de distintas autoridades del Poder Ejecutivo.
El pedido de informes, presentado el 19 de setiembre ante la presidenta de la Cámara de Senadores, Carolina Cosse, apunta a que el Ejecutivo detalle con exactitud "cuánto costará el conjunto de obras anunciadas y cómo se desglosa su financiamiento". La iniciativa surge tras una secuencia de anuncios oficiales que, "lejos de clarificar, multiplicaron las dudas", señaló el documento al que accedió El País. El 18 de julio, Presidencia afirmó que la negociación con el consorcio adjudicatario del proyecto Arazatí había culminado y destacó un presunto ahorro de un tercio respecto a la propuesta original. Sin embargo, pocos días después, el secretario de Presidencia, Alejandro “Pacha” Sánchez, pidió cautela a los equipos técnicos de OSE y sostuvo que el proyecto “no debía convertirse en otro Antel Arena”, tal como informó El País.
El presidente de OSE, Pablo Ferreri, aseguró públicamente que el nuevo plan de obras costaría unos US$ 360 millones, exactamente lo mismo que el proyecto anterior. No obstante, el 17 de setiembre, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, declaró ante la Comisión de Presupuesto de Diputados que la inversión estimada ronda los US$ 350 millones. "Las dos cifras se contradicen entre sí y ambas difieren del supuesto ahorro anunciado en julio", señaló Lema.
"A estas inconsistencias económicas se suma la falta de información oficial sobre el alcance ambiental del programa", aseguró el senador nacionalista. Consultado sobre las obras complementarias al proyecto Casupá, el Ministerio de Ambiente respondió el 4 de noviembre que aún no han sido formalmente comunicadas por OSE. Lo que sí se conoce es el impacto directo de la represa sobre el arroyo Casupá: afectación de 426 hectáreas de monte nativo, inundación de más de 2.100 hectáreas y un total de 3.418 hectáreas alteradas, además de la expropiación de 102 padrones. "Es decir, mientras el costo financiero sigue sin precisiones, el impacto territorial ya es cuantificable", dijo Lema.
En este marco, Lema solicitó al ministerio que remita las estimaciones completas del proyecto, con un desglose exhaustivo de diez rubros clave: evaluaciones de impacto ambiental, compensaciones a vecinos afectados, infraestructura de embalse y plantas potabilizadoras, mejoras en cañerías, convenios de cooperación técnica, costos financieros y mantenimiento operativo. "El objetivo es contar con una hoja de ruta detallada que permita evaluar la coherencia de las proyecciones y contrastarlas con los anuncios del Ejecutivo", aseguró el legislador.
El pedido del senador coincide con otras dudas planteadas en el Parlamento. Ortuño afirmó ante la Cámara de Senadores que Casupá permitirá abastecer la demanda proyectada hacia 2045, estimada en 850.000 metros cúbicos diarios. La afirmación generó reparos, tanto por el estancamiento demográfico previsto como por el hecho de fundamentarse en un estudio realizado en 1970, décadas antes de las tecnologías actuales de potabilización y gestión de recursos hídricos.
Para Lema, "las inconsistencias ameritan un control político firme". En su exposición final, sostuvo que la magnitud de la inversión “exige máxima responsabilidad en la gestión de los recursos públicos y absoluta transparencia en su planificación” y advirtió que la ciudadanía “merece información clara y coherente, no versiones cambiantes”.
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