Cesión de parador en Parque Rodó por 20 años: Tribunal de Cuentas ratificó que fue irregular el accionar de la IMM

El Tribunal de Cuentas (TCR) ratificó que fue irregular el procedimiento por el que la Intendencia de Montevideo le cedió 20 años un parador en la rambla de Parque Rodó al restaurante Burger King sin llevar adelante una licitación.

El edil blanco Rafael Seijas dijo que el tribunal confirmó que el proceso fue "ilegal", como lo había señalado en su momento la oposición, y contó que la Coalición Republicana le envió una carta a Mario Bergara pidiendo que se investigue y regularice lo sucedido.

El caso había generado polémica a mediados de 2025, cuando el intendente era Mauricio Zunino, quien asumió el cargo luego de que Carolina Cosse diera un paso al costado para, primero, ser precandidata a la Presidencia dentro del Frente Amplio, y luego la compañera de fórmula de Yamandú Orsi.

En ese entonces, los ediles de la oposición se enteraron de que el TCR había observado el proceso. El motivo era que la empresa que tenía previamente el local (tras ganar la última licitación que se había llevado adelante) se lo había cedido a la cadena de comida rápida, pese a que su propio contrato ya había vencido.

Es decir, en los hechos, Burger King recibió el parador, por 20 años, en un nuevo contrato que no fue resultado de un llamado a licitación ni tampoco tuvo la aprobación de la Junta Departamental, como es lo regular en estos procesos.

La explicación de la intendencia, en aquel momento liderada por Zunino, era que se había aplicado tácitamente la llamada “teoría de la imprevisión”.
Lo que entendía la comuna era que: como durante la pandemia los concesionarios no habían podido explotar el local durante varios meses, ese tiempo perdido se recuperaba extendiéndose el contrato. Y si el contrato seguía vigente, se podía ceder a otra empresa.

Sin embargo, estas explicaciones no convencieron al Tribunal de Cuentas. Tampoco a la oposición.

Una vez asumió Mario Bergara como intendente, los ediles de la coalición consultaron a las nuevas autoridades al respecto, pero estas respondieron diciendo que no habían sido parte del proceso y que no conocían cómo este se había llevado adelante.

Además, la oposición solicitó la creación de una comisión investigadora en la Junta, pero el oficialismo la rechazó y defendió la actuación de la gestión de Zunino.

La edila frenteamplista Fátima Vázquez dijo que el departamento de Jurídica de la comuna ya le había respondido al TCR. Mencionó que esta área de la intendencia entendía que tenía "una diferencia de criterio en la norma” con el Tribunal de Cuentas, y que esta no se estaba “violando".

En tanto, los ediles de la oposición pidieron al tribunal que se volviera a expedir, para ratificar, o no, su observación, a partir de la defensa que hizo el Frente Amplio. Y en una resolución de enero de este año, a la que accedió ahora El País, el TCR mantuvo “en todos sus términos” la observación que hizo en primera instancia.

El tribunal recuerda, en su resolución, todo el proceso desde que la empresa Necomar ganó la licitación pública en 2004 por 10 años, prorrogables a 10 años más. Luego, en 2016, Necomar se la cedió a Kerifos, y el contrato de esta última terminaba en mayo de 2024. Sin embargo, en noviembre de ese año, Kerifos le cedió su contrato a Adiser (Burger King) y esta última, a los cinco días, pidió que se ampliara 20 años más. La intendencia lo aceptó.

La Asesoría Jurídica de la comuna dijo que el comercio había estado cerrado durante siete meses por lo que el contrato que vencía en mayo se extendía “tácitamente” al aplicarse la “teoría de la imprevisión”, recapituló el TCR.

Foto: Leonardo Mainé

El tribunal recordó que ya había declarado que el contrato original “se encontraba vencido” desde mayo y que por lo tanto se había dado a Burger King un “nuevo contrato”.

Este contrato fue “adjudicado directamente”, lo que viola lo dispuesto en el Artículo 33 y siguientes del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf). La normativa establece como regla general que el Estado tiene que hacer contrataciones a través de licitaciones públicas u otros procedimientos competitivos.

Además, el tribunal dice que la intendencia actuó contra lo que establece el artículo 74, que establece que pueden ampliarse los contratos cuando están vigentes.

El TCR recordó también que hubo un “apartamiento” de lo que dispone la Ley Orgánica Municipal en su artículo 35°. Allí marca que los contratos que exceden la duración del mandato del intendente deben contar con la aprobación de la mayoría absoluta de los ediles de la Junta Departamental. Esto tampoco sucedió.

La resolución de enero de este año dice que “a modo de conclusión, corresponde señalar que este Tribunal mantiene en todos sus términos” lo manifestado en 2025.

Uno de los ediles que más siguió el tema fue el nacionalista Rafael Seijas. Tras la ratificación del TCR, dijo a El País que “el tribunal confirmó que tenía razón la oposición cuando argumentaba que la concesión del parador que hoy ocupa Burger King es ilegal”.

“Lamentablemente el Frente Amplio en la Junta nos negó la posibilidad de crear una comisión investigadora que aclarara la turbia participación de la intendencia en esta concesión”, continuó Seijas.

El edil dijo que quería conocer si hubo “intereses personales” o “algún tipo de corrupción” que expliquen un “negocio mal hecho que perjudica a los montevideanos”.

Foto: Ignacio Sánchez.

Como en los hechos, la intendencia entiende que renovó el mismo contrato que rige desde 2004, el canon que deben pagar los privados es el mismo que se marcó en aquel momento: 150 unidades reajustables (UR), lo que se traduce hoy en día en $ 288 mil mensuales. 

Como ejemplo, McDonald’s paga, por el parador que está también en la misma rambla, 92.708,33 unidades indexadas. Actualmente, significa $ 613 mil al mes. De todas formas, es cierto que es un local bastante más grande que el que ocupa Burger King.

La Coalición Republicana presentó una nota a Bergara donde le comunica la respuesta que se obtuvo del Tribunal de Cuentas. Además, la oposición solicita que se investigue y regularice la situación.

Específicamente, los ediles piden que corrija la concesión “otorgada ilegalmente”, que investigue por qué se hizo ese procedimiento y si hubo “intereses particulares” de directores o funcionarios de la intendencia y que se tomen acciones para que “no se vuelva a incurrir en estos procedimientos ilegales”.

De todas formas, Seijas dijo que tienen “pocas expectativas”. “Durante todo el periodo nos pareció que el Frente Amplio prefería que esto se tapara”, opinó.