Castaingdebat defendió prórrogas brindadas a Cardama: “Hubo sentido común y se persiguió el bien mayor”

El exministro de Defensa Armando Castaingdebat compareció ante la comisión especial para investigar y analizar el proceso de adquisición de las patrullas oceánicas (OPV).

La declaración del exintendente era una de las más esperadas, dado que, cuando se aceptó la garantía falsa de fiel cumplimiento de Eurocommerce y se extendieron durante meses los plazos para que el astillero Cardama presentara la documentación necesaria para que el contrato entrara en vigencia, era quien estaba al frente de la cartera.

Según declararon previamente otros jerarcas, como el exdirector general de Secretaría del Ministerio de Defensa Nacional, Fabián Martínez, fue Castaingdebat —quien asumió el cargo en marzo de 2024, en sustitución de Javier García— quien tomó la decisión de aceptar la garantía, luego de conceder varias prórrogas.

En línea con la posición de la anterior administración, el exjerarca sostuvo que el objetivo siempre fue que "después de 20 años" el país pudiera contar finalmente con las OPV. En ese sentido, defendió que el Ministerio de Defensa optó por "el camino más garantista", cuando también podría haber recurrido a una compra directa, sin exigir garantía.

“Estuvo todo dentro de la ley. En el último año me toca terminar con el proceso en el que se aceptan o no las garantías. En ningún momento, ni por parte del Estudio Delpiazzo, ni de nosotros, ni de las actuales autoridades de Defensa —hasta octubre de 2025— hubo sospechas de que se estuviera ante una estafa o un fraude, o de que las garantías no fueran reales. Y por eso se procedió a convalidar una de las dos garantías. Era un momento difícil, estabas en plena guerra en Ucrania y costaba conseguir que algún banco garantizara la construcción de material bélico”, contextualizó el exministro.

Aseguró, en esta dirección, que eso fue el fundamento que llevó a que la constitución de las garantías por parte de Cardama se “dilatara en el tiempo”.

“Hubo una cuota de sentido común que es lo que permite a un gobernante tener discrecionalidad y siempre se persiguió el bien mayor. No hay dos puntos de vista: el bien mayor era que Uruguay pudiera tener las patrulleras”, reivindicó Castaingdebat, que cuestionó el proceder del gobierno al decidir rescindir el contrato en lugar de buscar una solución para la constitución de otra garantía y advirtió que la demanda internacional impulsada por el astillero “algunos manejan" que es "por varios cientos de millones de dólares”.

El diputado Pablo Abdala cursó un pedido de informes solicitando una copia de la demanda internacional , pero le fue negada por parte de la Prosecretaria de la Presidencia alegando que la información podía “dañar la estabilidad financiera, económica y monetaria del país” y por tanto se consideraba reservada. "La decisión es arbitraria hasta en el lenguaje. Han hecho del ocultamiento la característica de todo este proceso. Ni los legisladores, ni los medios, ni la opinión pública, podrán conocer los términos, los argumentos y el monto por los que Cardama nos demanda", criticó el legislador.

“Es una lástima porque Uruguay estaría en camino a tener la primera patrullera y hoy estamos metidos en una discusión política que la va a pagar Juan Pueblo. Esto va a costar mucha plata”, valoró Castaingdebat.

También negó tener elementos para sostener que "Cardama engañó" a las anteriores autoridades o para afirmar que el propio astillero fue engañado al momento de contratar la garantía. "Eso lo tendrá que demostrar Cardama, no me corresponde a mí", sostuvo.

En tanto, el diputado del Frente Amplio Joaquín Garlo consideró que se constató en la comparecencia que el primer pago de 8,2 millones de euros el ministerio “lo efectuó sin tener la documentación original a la vista”, cuestionó la falta de controles y defendió la posición jurídica de Uruguay frente al juicio internacional.

Consultado por El País sobre la declaración de José Miguel Delpiazzo, quien sostuvo que a fines de agosto de 2024 se le solicitó redactar un documento de "no entrada en vigor" del acuerdo —firmado en diciembre de 2023 y que lo establecía concretamente— debido a la demora del astillero en constituir un aval válido, Castaingdebat afirmó que esa no fue la razón. Señaló que el documento fue elaborado a solicitud suya, pero por razones de "buena administración".

“Tenés que tener diferente escenarios arriba de la mesa. La prórroga estuvo dentro de la discrecionalidad que puede tener un gobernante sin caer en la arbitrariedad”, respondió.

En contexto, relató que hubo un “disparador” cuando Cardama planteó a fines de agosto constituir una garantía en efectivo que se la iba a dar Abitab —que se comunicó con el ministerio a través de un estudio jurídico—, pero que a los pocos días aparece un mail de Cardama diciendo que por “‘presiones políticas’ no se lo dieron”, dijo. Abitab negó la versión de la firma española en diciembre de 2025.

En ese momento, es que a pedido del astillero el gobierno otorgó una nueva prórroga de 72 horas en setiembre y en ese lapso surgió la garantía de Eurocommerce que finalmente se constató era falsa.