Caso Barrera: Tribunal de Ética dijo que denuncia contra Lustemberg "no narra con precisión los hechos concretos"

El caso Soledad Barrera, titulado también muchas veces como el caso Miralles, es un tema de confrontación política para el Ministerio de Salud Pública (MSP) que lidera Cristina Lustemberg, ya que además de los cuestionamientos constantes que recibe por parte de la oposición, también tiene en frente, decidida a llegar hasta las últimas consecuencias, a la madre de Soledad Barrera, la pediatra de 41 años que murió en agosto de 2024 luego de 10 meses transcurridos en estado vegetativo —producto de una mala praxis cometida por la anestesista Inés Miralles el 26 de octubre de 2023.

La polémica de la que Lustemberg no ha logrado rehuir se inició a partir de su decisión de rebajarle de cinco a tres años la pena que la anestesista recibió —en el ámbito administrativo y luego de una investigación que se realizó en el ámbito del MSP— y que fue aplicada por la Comisión Honoraria de Salud Pública, cuya mayoría de integrantes renunció meses atrás, disconformes con la definición adoptada por Lustemberg, quien se plegó desde un primer momento al asesoramiento jurídico que recibió al respecto.

Haber determinado esto, cuando la anestesista fue condenada —asumiendo ella misma la responsabilidad en un acuerdo suscrito con la Fiscalía— en diciembre pasado por un homicidio culposo —y castigada con 24 meses de libertad a prueba—, y sin que se brindaran detalles sobre los fundamentos detrás de esa decisión, produjo varias reacciones en cadena.

A nivel político, Lustemberg tuvo que referirse a este problema en el Parlamento varias veces a lo largo de este año —y desde el Partido Nacional, incluso, ya le solicitaron la renuncia por este asunto—, y debió hacerlo de nuevo el pasado viernes, en la comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda de Diputados, donde se discute la Rendición de Cuentas. En esa sesión, ante una consulta puntual de la bancada nacionalista, la ministra respaldó al director del Servicio Jurídico del ministerio, Martín Esposto (ver más adelante).

Pero en paralelo, la madre de Soledad (la víctima), Rosario Barrera —disconforme con la decisión adoptada por la Justicia Penal—, sigue adelante con dos procesos administrativos.

Uno de ellos es el recurso de revocación que su equipo legal dirigió al presidente de la República, Yamandú Orsi, contra la resolución que dispuso la rebaja de la sanción a Miralles —considerada "nula" por no haber sido notificada nunca formalmente.

El otro camino se recorre en el Tribunal de Ética Médica, donde el pasado 20 de mayo Barrera también presentó una denuncia tanto contra la anestesista como contra Lustemberg, ya que al entender de la madre de la víctima este caso "no puede leerse como un episodio aislado ni como una mera discrepancia administrativa sobre la duración de una sanción". "Lo que aparece, con creciente claridad, es una secuencia de decisiones, omisiones y contradicciones institucionales que ameritan un análisis ético-deontológico específico", denunció.

El Tribunal del Colegio Médico del Uruguay, sin embargo, rechazó en las últimas horas algunos de los términos incluidos en la denuncia. De acuerdo al escrito de respuesta al que accedió El País, se señala que para "permitir la asunción de competencia por el Tribunal de Ética Médica, debe indicarse con precisión cuál o cuáles hechos son los que, a juicio de la denunciante, implicarían apartamientos deontológicos".

Y recordaron que en el Reglamento de Procedimiento, disponible en la página web del Colegio Médico, se establece "cuáles son los requisitos" que tienen que cumplir las denuncias a presentarse en este ámbito. "Dicha norma exige —entre otros— que la denuncia contenga la narración clara y precisa de los hechos que se solicita sean considerados por el Tribunal".

En el siguiente punto queda claro lo que se considera a este respecto: "En la presente denuncia, la compareciente no narra con precisión cuáles serían los hechos concretos, protagonizados por la Dra. Lustemberg que habrían constituido faltas de ética médica, no siendo suficiente la mera referencia a actos administrativos sin más".

Por tal motivo, la resolución que adoptó el Tribunal —firmada por el presidente Hugo Rodríguez, la secretaria Diana Domenech, y los doctores Gerardo Eguren, Fernando Repetto y Álvaro Giordano— señala a Barrera que, "en caso de querer formular una denuncia, debe dar cumplimiento a los requisitos establecidos, identificando con precisión los hechos concretos que a su juicio habrían configurado faltas de ética médica".

Nada se sostuvo, sin embargo, sobre Miralles, a quien Barrera también señaló ante este Tribunal.

El MSP sigue con atención este caso, en buena medida porque enfrenta una acción de nulidad en el Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 1° Turno, que la anestesista presentó contra la sanción, y en donde la cartera olvidó responder en plazo la demanda.

Por ese error, el MSP informó en el Parlamento el viernes que, luego de la investigación administrativa que se inició como consecuencia, "se instruyó un sumario".

La respuesta, brindada por el director general de Secretaría, Rodrigo Márquez, tuvo lugar luego de que el diputado blanco Federico Casaretto también consultara —directamente a Lustemberg— por el respaldo que tenía el titular de los servicios Jurídicos. "Si usted lo respalda como jerarca, si lo respalda en esa función y si respalda el informe" jurídico que sustentó la decisión de la rebaja de la sanción, consultó Casaretto, de acuerdo a la versión taquigráfica.

"En lo personal —respondió la ministra—, quiero decir que nosotros apoyamos la gestión que viene desarrollando el doctor Martín Esposto como director de Jurídica".