Caja de Profesionales se reúne de urgencia y hará "números" ante falta de acuerdo político que postergó ley

El directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) se reunirá en forma urgente este jueves. El objetivo, según precisaron fuentes de la institución a El País, es "hacer números" ante el escenario que quedó planteado por la última derivación política en torno al proyecto de ley de reforma destinado a asegurar su viabilidad económica.

El Senado resolvió este miércoles postergar hasta el próximo 30 de junio la votación del texto, ante la falta de acuerdo sobre al núcleo de la iniciativa: la estructura financiera que deberá tener la salida a la crisis que atraviesa la caja y quién o quiénes deberán asumir ese costo. Fundamentalmente, si los profesionales activos y los jubilados y pensionistas que cobran su prestación en el instituto deben aportar, y en qué medida, a esa salida.

Según el senador frentamplista Daniel Caggiani (MPP), varios de sus colegas presentaron el pedido de prórroga, ante la necesidad de un "tiempo prudencial" para considerar alternativas en sus propias internas.

En ese sentido, se espera que en el análisis que este jueves realice el directorio de la institución se actualice el panorama que esa entidad enfrenta a corto plazo y, sobre todo, el impacto económico que significarán estas más de dos semanas de aplazamiento de la solución prometida. La caja ha declarado en varias ocasiones que ya no cuenta con recursos para asumir sus obligaciones correspondientes al mes de julio.

Foto: Estefanía Leal

Por lo pronto, los senadores de la Coalición Republicana, que hasta ahora integraban la comisión especial que tenía a su cargo la discusión del proyecto, se reunirán este jueves para fijar una "hoja de ruta" para los próximos días. El viernes, tienen previsto sumar a los diputados que - en particular los del Partido Nacional - mantienen su postura de rechazar cualquier medida que signifique un "incremento" de impuestos sobre activos y pasivos.

A impulso de nacionalistas, colorados e independientes, la Cámara de Representantes baja aprobó un proyecto que ponían en el Estado el peso de la salida financiera para la Caja de Profesionales. Todo cambió en el Senado donde el Frente Amplio, con su mayoría, impuso el proyecto del gobierno que es, hoy por hoy, el único que sigue estando sobre la mesa, y que prevé un "equilibrio" en cuanto a los aportes de todos los sectores involucrados.

"Hay que empezar de vuelta", dijo a El País un diputado de la oposición. "Con retoques al proyecto del gobierno, esto no sale", dejó en claro. Como Diputados debería ratificar o rechazar in tótum el proyecto que se apruebe en el Senado, una negativa de los diputados a dar su voto echará por tierra todo el proceso. De allí la necesidad de asegurarse de que lo que se negocie de aquí al 30 de junio refleje un acuerdo en ambas cámaras.

El Frente Amplio (FA), en tanto, espera de la mano del único proyecto que hay hoy sobre la mesa, y que prevé incrementar a 22,5% la tasa de aporte de los afiliados activos, la creación de una "prestación pecuniaria" para los pasivos, que promedia el 8% , y un "aporte de la sociedad" basado principalmente en erogaciones de Rentas Generales.

Algunas alternativas que se negociarán fueron presentadas este miércoles. Por ejemplo la del Partido Colorado, que a través de Pedro Bordaberry planteó una propuesta que implicaba que los pasivos aportaran el 5% de sus prestaciones a la Caja de Profesionales. También fijaba la tasa de aportes de los activos en 18,5%, con ajustes semestrales de un punto hasta llegar al 22,5% que propuso el proyecto del oficialismo.

Ante eso, el Frente Amplio, respondió con una nueva contrapropuesta: que los pasivos aporten 6,5% y que la tasa de aportes de los activos “arranque” en 19,5%.

Los nacionalistas habían llegado a la sesión con la decisión formal —que mantuvieron— de impulsar el proyecto aprobado en Diputados, pese a que varios senadores reconocen que será inevitable gravar de alguna manera a activos y a pasivos. Los blancos intentaron, sin éxito, desglosar del proyecto lo referido a la "contribución pecunaria" de los jubilados y discutirla posteriormente.

El senador nacionalista Sergio Botana valoró el aplazamiento. "Para que sea válida y con futuro, la decisión tiene que ser igual en el Senado y en Diputados", dijo. El legislador dio la "certeza" de que la solución llegará y que, si no puede ser "perfecta", será una "buena" solución. De todas formas, el senador rechazó aventurar cuál será, en definitiva, la fórmula que permitirá destrabar el acuerdo. "El que quiera esbozar ahora soluciones, corre el riesgo de una preciosa desautorización", afirmó. En ese sentido, dijo confiar que en que no existirán "posiciones irreductibles".

De la solución, por lo pronto, depende el destino de los 21 mil pasivos que esperan cobrar sus jubilaciones y pensiones a corto plazo.

"Los tiempos se van reduciendo", advirtió este miércoles el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, ante una consulta de El País sobre la postergación. "El transcurso de las semanas nos resta tiempo para encontrar una solución definitiva", agregó. Entre otras cosas debido a que, sostuvo, dará lugar a que el Poder Ejecutivo "tenga que servir" el pago de las jubilaciones y pensiones. "Que el conjunto de la ciudadanía, gente que no tiene nada que ver con la caja tenga que hacer frente al pago de la totalidad del rescate", apuntó. Oddone eludió adelantar qué cifras estarían comprometidas en este escenario. De todas formas, aseguró que "alteraría todo lo que estamos planteando", por parte del gobierno, en términos presupuestales.

Al respecto, Botana asumió el compromiso de la coalición, de que si fuera necesario, votará la autorización correspondiente para que el Estado asuma esa erogación extraordinaria.

Daniel Caggiani (MPP), coordinador de la bancada del Frente Amplio, en el Senado, remarcó este miércoles la importancia de llegar a una solución y afirmó que si no se cambia la lógica de lo aprobado por Diputados, “no terminamos de solucionar el problema” y que, cuanto más se demore esa solución, “más gente dejará de aportar a la caja”.

Basado en las cifras que presentó en el Parlamento el Poder Ejecutivo, el senador advirtió que si la solución no llega, el Estado tendrá que aportarle a la Caja de Profesionales US$ 50 millones en lo que resta de este año y US$ 110 millones en 2026. En su visión, se trataría de “lo menos justo que podría pasar”. Caggiani señaló que los aportes previstos de activos y pasivos constituyen buena parte del corazón” del proyecto y que, si se excluye ese “corazón”, el proyecto “muere”.

Cuando aún no se había definido la prórroga de la votación del proyecto, la senadora nacionalista Graciela Bianchi había asegurado que existía un "acercamiento" aunque optó por la prudencia, dado que "cuanto más hablemos, más alejados estaremos del acuerdo".

En rueda de prensa, Bianchi remarcó la postura de su partido de que lo urgente es resolver la situación actual de la caja, y luego emprender las reformas estructurales que la institución necesita. Por ejemplo, encontrar un mecanismo que permita ampliar la base de aportantes de la caja y, con ello, incrementar su recaudación. Los nacionalistas también van por un nuevo esquema de refinanciación que favorezca a los profesionales con deudas. La senadora nacionalista reconoció que, en la coalición republicana, “algunos pensamos que hay que gravar a los pasivos y otros piensan que no”.

La sesión de este miércoles había comenzado con la certeza, por parte de todos los actores políticos, que habría negociaciones minuto a minuto en procura de alcanzar un acuerdo y la incertidumbre sobre el desenlace de la jornada.

El proyecto de ley del oficialismo, que volverá a debatirse a fines de mes, incluye dos artículos recientemente incorporados, de corte programático, cuya aplicación se daría luego de la puesta en vigencia, eventualmente, de la nueva ley. Uno de ellos encomienda al Poder Ejecutivo el diseño y estudio de un nuevo régimen de aportación para los afiliados activos a la Caja de Profesionales, sobre la base de sus ingresos reales y no, como sucede ahora, de un ficto.

Tomando como base que prospere la estructura de financiamiento prevista por el oficialismo, el otro artículo establece la evaluación de una nueva base contributiva, que permita reducir los aportes que se quiere establecer para activos y pasivos. Esto deberá ser discutido en la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social, creada para llevar adelante el "diálogo social" promovido por el gobierno.