A instancias del Frente Amplio (FA), que decidió hacer uso de su mayoría, La Comisión Especial que, en el Senado, venía analizando la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los Profesionales Universitarios (Cjppu) aprobó este martes el proyecto de ley que había enviado el Poder Ejecutivo.

Eso implica que el texto, que se sometará a discusión este miércoles en el plenario de la cámara alta desandará lo aprobado -con votos de la oposición- en la Cámara de Representantes, e impondrá la fórmula que originalmente había impulsado el gobierno que prevé una recaudación de US$ 164 millones anuales. El 44% de esa cifra saldría del incremento a 22,5% de la tasa de aportes de los afiliados activos a la caja. El 27%, a partir de la creación de una "prestación pecuniaria" por parte de los pasivos, y el 33% en base a "aportes de la sociedad", principalmente a través de Rentas Generales.

Los detalles del proyecto, de todas formas, se seguirán discutiendo minuto a minuto, en procura de un consenso indispensable en el actual contexto político. Si vuelve a Diputados tal como entrará al Senado, el fracaso está asegurado. Consciente de esa situación y en un intento de acercar posiciones, el FA puso sobre la mesa este martes, con el aval de Economía y Finanzas, una fórmula alternativa para reducir los aportes previstos a activos y pasivos. y lograr así el apoyo de la Coalición Republicana. Con respecto a los activos, se propone partir de una tasa del 21% - la que regiría hoy si se hubiera aprobado el proyecto impulsado en 2023 por el gobierno de Luis Lacalle Pou. Esa será una de las fórmulas que se negociarán este miércoles.

La situación plantea un escenario inédito desde el retorno a la democracia. En filas oficialistas hay quienes son partidarios de avanzar sin más, aprobar el proyecto en plenario y que la oposición "se haga cargo" si no hay votos en Diputados. Otros, abren un compás espera esperando el acuerdo. Si el proyecto fracasa en la cámara baja, deberá ir a la Asamblea General. Allí nadie cuenta con los 87 votos exigidos para la Constitución para imponer su postura. El fracaso dejará sin financiamiento a la caja, y hará inevitable la aplicación del artículo 67 de la carta magna, que obliga al Estado a garantizar el pago de jubilaciones y pensiones. Eso a su vez abrirá un nuevo debate, dado que el Poder Ejecutivo deberá formalmente pedir autorización al Parlamento.

La Coalición Republicana, en tanto, se aferrará formalmente a la versión del proyecto que, con sus votos, se impuso en Diputados y que pone sobre el Estado la carga del salvataje de la Caja de Profesionales. En los hechos, sin bien son varios los sectores opositores que están dispuestos a apoyar en algún grado el incremento de aportes a los activos, la coalición aparece dividida en torno a los aportes que deberían hacer los pasivos. Tal como adelantó El País se pidió - y se volverá a reclamar en la discusión- desglosar ese capítulo para discutirlo posteriormente.

En paralelo, se intensificarán en estas horas los contactos para "alinear" a los diputados. que ya dejaron en claro que no votarán nada que implique desconocer lo que ellos mismos impulsaron en la cámara baja.

Fuentes políticas indicaron a El País que es altamente probable que el senador Pedro Bordaberry, recientemente intervenido quirúrgicamente, esté presente este miércoles en la discusión del plenario. Su sector, Vamos Uruguay, puso sobre la mesa en las últimas horas, como "punto de partida" para la discusión, el proyecto de ley impulsado en 2023. Y que prevé una contribución por parte de los pasivos.

Más allá de detalles técnicos, el objetivo político primordial de la Coalición Republicana sigue siendo votar unida esta iniciativa.

El FA pudo lograr el apoyo de la oposición para incluir en el proyecto dos nuevos artículos, de corte programático, cuya aplicación se daría luego de la puesta en vigencia de la nueva ley. Uno de ellos encomienda al Poder Ejecutivo el diseño y estudio de un nuevo régimen de aportación para los afiliados activos a la Caja de Profesionales, sobre la base de sus ingresos reales y no, como sucede ahora, de un ficto.

Tomando como base que prospere la estructura de financiamiento prevista por el oficialismo, el otro artículo establece la evaluación de una nueva base contributiva, que permita reducir los aportes que se quiere establecer para activos y pasivos. Esto deberá ser discutido en la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social, creada para llevar adelante el "diálogo social" promovido por el gobierno.

La oposición aspira, en tanto, a discutir con más tiempo una reforma estructural de la Caja de Profesionales ,que entre otros aspectos implique un mecanismo para ampliar la base de aportantes de la institución.

El Frente Amplio - y algunos legisladores de la oposición - afirman que el proyecto que se aprobó en Diputados es inconstitucional. La argumentación es que, dado que implica un incremento de recursos del Estado para determinado fin, debería haber sido, tal como lo establece la Constitución, una iniciativa del Poder Ejecutivo.

Consultado al respecto, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, dijo que, en la medida en que el texto no estableció un financiamiento explícito, estableciendo solo que el "agujero" de la Caja de Profesionales deberá ser cubierto con el aporte de Rentas Generales, dejaría implícito que el Estado debería asumir esa obligación. Oddone recordó que, en cualquier caso, es el Parlamento el que habilita al Ejecutivo a intervenir en caso de que no puedan pagarse las jubilaciones pensiones de cualquiera de los institutos previsionales.