Redacción El País
La recolección de firmas no fue sencilla -algo que remarcan los propios integrantes de Cabildo Abierto-, e incluso no llegaron al plazo límite del 27 de abril para que la consulta popular se realice en octubre junto a las elecciones nacionales. Pero ahora (un mes más tarde), después de redoblar esfuerzos, parecen haber alcanzado la meta. El viernes irán al Parlamento para entregar las planillas con unas 305.000 rúbricas, para que luego las trasladen a la Corte Electoral.

Aunque cuando eso suceda, se instalará un complejo debate del que dependerá la suerte de la iniciativa. En Uruguay no hay antecedentes sobre plebiscitos que no coincidan con las elecciones nacionales y la propuesta incluye medidas a partir de marzo, por lo que, por diferentes motivos, la Corte Electoral deberá resolver cómo procederán.

A grandes rasgos, se plantean dos cuestiones. La primera, si se puede hacer una consulta popular para la reforma de la Constitución el mismo día del balotaje. Esto sería, además, asumiendo que habrá segunda vuelta y que el 27 de octubre un candidato no alcance la mayoría absoluta. La segunda cuestión es si, en todo caso, se puede hacer la consulta del plebiscito en las elecciones departamentales de mayo, ya que la propuesta de Cabildo Abierto tiene cambios a partir de marzo.

Y hay una tercera cuestión, que es un viejo reclamo de Cabildo Abierto: el partido no tiene ministro en el Corte Electoral. Esto hace que los cabildantes miren con atención lo que allí sucede. El diputado de Cabildo Abierto Martín Sodano indicó a El País que les “quita garantías” no tener un representante en el organismo, y recordó -en el marco de la verificación de firmas- que ninguno de los partidos de la coalición ni el Frente Amplio apoyaron el plebiscito.

La campaña de recolección de firmas se lanzó al cierre de agosto, después de que Cabildo Abierto entendiera que no consiguió las respuestas en el Parlamento. La propuesta busca establecer un tope a las tasas de interés que pueden cobrar los prestamistas. Ese máximo se deberá definir a través de una ley que sea aprobada por mayorías especiales en el Parlamento, y determina una alternativa hasta que esto suceda.

Foto: Archivo El País

La Corte Electoral tomará la decisión después de se verifiquen las firmas que llevarán los cabildantes el viernes, explicó a El País la ministra del Partido Nacional Ana Lía Piñeyrúa, quien recordó que no hay antecedentes en el país de plebiscitos que no sean en octubre y que se deberá dar una “discusión de base constitucional”.

Primero se va a discutir en la comisión de asuntos electorales de la Corte Electoral, de donde podrá salir un informe en minoría y otro en mayoría o, de hecho, una postura unánime. Después, las autoridades del organismo definirán una posición en el pleno, más allá de lo que se decida en dicha comisión.

Por su parte, el abogado constitucionalista Rubén Correa Freitas -después de aclarar que es un tema que decidirá la Corte Electoral- explicó que la “Constitución dice que los plebiscitos se deben someter en la ‘más próxima elección’”, y que, en cambio, el balotaje “es una decisión del cuerpo electoral sobre dos candidaturas”. Además, hizo hincapié en que se asume que va a haber una segunda vuelta, algo que nadie puede asegurar hasta que estén los resultados de octubre. Al mismo tiempo, no tiene dudas de que se podría hacer la consulta popular en las elecciones departamentales. Y explicó que, el hecho de que la propuesta hable de medidas que empezarían a aplicarse en marzo (cuando las elecciones son en mayo), es otro de los temas que deberá resolver la Corte Electoral debido a la posibilidad de retroactividad (en caso de que el plebiscito consiga los votos necesarios y se apruebe).

El abogado constitucionalista Martín Risso, por otra parte, entiende que “no se puede someter a plebiscito un proyecto de reforma” en una segunda vuelta “pues se sabe que se hará solo cuatro semanas antes”. ¿Por qué? “La Constitución quiere una anticipación de seis meses para el análisis del tema, pero en cuatro semanas la segunda vuelta robará toda la atención y, si se hiciera (la consulta popular para la reforma de la Constitución), se terminaría votando un proyecto de reforma constitucional sin saber qué dice”, argumentó.

En ese sentido, el experto indicó que la Constitución dice que los “proyectos de reforma por iniciativa popular se someterán a ratificación simultánea a las más próximas elecciones si ‘hubieran sido presentados con seis meses de anticipación -por lo menos- a la fecha de aquellas’”. Y continuó: “Esta exigencia refiere a dar tiempo suficiente de discusión, para que los partidarios a favor y en contra hagan sus respectivas campañas, publicidad y, especialmente, para que el cuerpo electoral no se pronuncie sin tiempo de análisis. El fundamento de la norma ratifica que el plazo de seis meses solo se puede aplicar respecto a las elecciones fijas y obligatorias, esto es, las nacionales y las departamentales. En las parlamentarias y en la segunda vuelta, que son eventuales, el plazo no da para la profundización en la reforma y no puede haber plebiscito simultáneo”.

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