Una disposición incluida en la Rendición de Cuentas vuelve a generar diferencias entre Cabildo Abierto y sus socios de la coalición de gobierno. En la Cámara de Representantes, de hecho, los liderados por Guido Manini Ríos unieron fuerzas con el Frente Amplio y aprobaron el artículo 225, que no integraba la redacción original y que fue promovido por el diputado opositor Nelson Larzábal.

En dicha norma se encomienda al Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi) a realizar un llamado público para la instalación de una planta industrializadora de uva para la elaboración de mosto concentrado, jugo y azúcar de uva. Además, fija un porcentaje anual de la producción para destinarlo a esa planta, nunca menor a seis millones de kilos, y así abastecer a las bodegas uruguayas para las correcciones enológicas de sus vinos. Su costo rondaría los US$ 1,3 millones. Su objetivo declarado es “salvaguardar” a los productores más pequeños, y fue promovido en el Parlamento por el Centro Nacional de Viticultores del Uruguay. Uno de sus referentes es Aramir Silva, recordado por haber encabezado en 2005 un piquete frente al Palacio Legislativo en reclamo de soluciones para el endeudamiento del sector agropecuario.

Se trata de un artículo que los cabildantes intentaron promover sin éxito en Diputados, pero que luego fue aprobado directamente en el Plenario a iniciativa del Frente Amplio. Ahora, en el Senado, Cabildo Abierto se muestra como su más férreo -y casi exclusivo- defensor. “Se trata de defender al pequeño productor, para que pueda colocar a precios más razonables”, dijo el senador Guillermo Domenech, durante la discusión del tema en las últimas sesiones de la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la cámara alta.

“Es una idea que puede revertir esa tendencia a la concentración de la propiedad comercial en la que está embarcado el Uruguay” afirmó, al reconocer como “evidente” que en torno a este tema existe una “puja de intereses”.

En el Partido Nacional, Rodrigo Blás dijo que el proyecto carece de una buena redacción, lo definió como “inentendible” y sostuvo que es propio de la década de 1960. “Es de las peores soluciones que nos podemos imaginar en una economía liberal”, afirmó. Y cuestionó que se plantee “retirar obligatoriamente” del mercado determinada cantidad de un producto y colocarle un “precio ficticio”. En su visión, sería lo mismo que se decidiera “tirar uva” para hacer subir los precios. El colorado Adrián Peña sostuvo en tanto que la iniciativa afectará al sector que pretende defender. “Es como tirarse un tiro en el pie” y aseguró que el texto debe ser retirado de la Rendición.