Blancos y colorados evalúan apoyo a investigadora por María Dolores; para el FA carece de fundamento

Los tres diputados a cargo de la comisión preinvestigadora por la compra de la estancia María Dolores entregaron al presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Valdomir, los informes en mayoría y en minoría, a fin de que se defina si el caso continuará siendo investigado en el Parlamento.

La creación de la comisión se hizo a pedido del legislador de Vamos Uruguay Juan Martín Jorge —mientras transcurría la interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti— por la decisión del directorio del Instituto Nacional de Colonización (INC) de adquirir el inmueble rural por US$ 32,5 millones, compra que ha sido fuertemente cuestionada por la oposición.

La preinvestigadora se conformó por dos diputados del Frente Amplio (Gabriel Tinaglini y Carlos Reyes) y por el representante del Partido Nacional Domingo Rielli. En la sesión de este martes se le dará entrada a los informes elaborados por el oficialismo —en mayoría— y por la oposición —en minoría— en el pleno de la Cámara Baja.

Mientras tanto, la conformación o no de la comisión investigadora impulsada por el sector del senador Pedro Bordaberry todavía no cuenta con los apoyos suficientes ni desde el Partido Nacional ni desde todo el Partido Colorado. Será sometida a votación en el pleno de la Cámara Baja el próximo 2 de setiembre.

Según supo El País, en Unir para Crecer aún evalúan dar su apoyo a la iniciativa, mientras que en el Partido Nacional la situación es similar. Para formar posición, en ambos casos estaban a la espera de poder analizar los informes de minoría y de mayoría de la comisión preinvestigadora.

En el informe de minoría, Rielli denuncia la posible violación del artículo 190 de la Constitución, al disponer de recursos del INC para fines ajenos a los de sus cometidos específicos: en la denuncia se hace referencia a esta irregularidad por constar en el acta que la compra se realizó en "homenaje al expresidente José Mujica".

También apunta que la compra “estaría viciada”, por no haberse alcanzado la mayoría especial de cuatro votos requerida para conformar la voluntad del organismo.

“Que se haya recurrido a un informe jurídico, fuera del marco de un acuerdo vigente con la Universidad de la República (por el del Claeh), y que dicho informe sirviera para validar una decisión ya cuestionada, constituye un punto que exige una investigación seria y transparente”, justifica Rielli.

A su vez, en la misma línea que lo hizo Bordaberry, se cuestiona la ausencia de un informe previo sobre las posibilidades de explotación económica del predio antes de su adquisición. “El informe habría sido agregado después de tomada la decisión, con fecha anterior a la resolución, lo que de confirmarse configuraría una grave irregularidad”, indica el diputado por Durazno.

En otro punto el informe de minoría acusa al INC de haber pagado un precio por la hectárea 40% superior al valor de mercado si se tienen en cuenta operaciones similares, lo que implica “un uso ineficiente y posiblemente lesivo de los recurso públicos”.

“Mientras el campo fue adquirido en US$ 32,5 millones, o sea a razón de US$ 7.300 la hectárea, el Ministerio de Ganadería a través de su oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) informó el 25 de abril (dos semanas antes de la resolución de la compra) que el valor de la tierra para operaciones similares es de US$ 4.400”, consigna Rielli, entre otras irregularidades como la situación de Eduardo Viera y Karina Henderson al momento de votar la compra (ambos eran directores del INC y colonos).

En tanto, por el rechazo de la comisión investigadora Tinaglini y Reyes sostuvieron que “faltan elementos formales que justifiquen la conformación” de la misma, ya que las presunciones de ilicitudes e irregularidades denunciadas no revisten la magnitud suficiente para justificar una indagatoria de esas características.

Para los frenteamplistas, la denuncia realizada por Martín Jorge presenta “una objetiva falta de rigor o precisión en su formulación”.

“La documentación que respalda la denuncia consiste exclusivamente en la presentación visual (en formato PowerPoint o similar) que el senador Bordaberry hizo en la interpelación a Fratti y una copia del expediente del INC relativa a la situación del expresidente del INC Eduardo Viera (en su calidad de colono) y del expediente de la compra de la estancia María Dolores. Absolutamente nada más”, apuntan.

Punto por punto, los legisladores del oficialismo cuestionan la falta de documentación presentada por el diputado colorado y concluyen que la denuncia no reúne las “condiciones de seriedad y fundamento” mínimos, además de no permitir “un análisis serio, articulado y profundo”.

“La acusación, desprovista de sustento legal en su punto medular, se revela como una acción de naturaleza política cuyo objetivo es el desprestigio y no el esclarecimiento de una irregularidad, por lo que corresponde su archivo”, afirman.