Habilitar o no los allanamientos nocturnos, impedidos por la Constitución desde 1830, es un debate de los que el sistema político retoma cíclicamente, y que en las últimas semanas ha vuelto a ganar fuerza en la coalición de gobierno, y particularmente entre dirigentes de gobierno y el Partido Nacional, que discrepan en la manera de impulsarlo. La razón: se considera que es una medida esencial para combatir el narcotráfico.

La posición mayoritaria, que propone recorrer el camino del plebiscito previo a una votación de la Asamblea General por dos quintos, comenzará a discutirse en los próximos días en el Parlamento bajo el impulso reciente del ministro de Defensa Nacional, Javier García -quien adelantó que ya está en contacto con el senador Sergio Botana-, y en coordinación con quien ha planteado este tema en 2020, que es el senador Carlos Camy.

La alternativa planteada para la coalición multicolor es respaldar la iniciativa legislativa de los diputados Gustavo Zubía, del Partido Colorado, y Eduardo Lust, electo por Cabildo Abierto pero alejado del partido que lidera el senador Guido Manini Ríos. Ambos abogados presentaron en setiembre un proyecto de ley interpretativo del artículo 11 de la Constitución que prohíbe los allanamientos nocturnos, al establecer que “el hogar es un sagrado inviolable” y que “de noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, sólo de orden expresa de juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley”.

Lust justificó su proyecto en que “en toda América del Sur el único país que mantiene la prohibición del allanamiento nocturno es Uruguay”, y que hoy, a diferencia del siglo XIX cuando la gente no tenía luz eléctrica, “la diferencia entre el día y la noche terminó”.

Esta propuesta ha encontrado adherentes en el Partido Nacional y en el gobierno. El director general del Ministerio del Interior, Nicolás Martinelli, dijo a El País que “son atendibles y entendibles los argumentos que dan Lust y Zubía”. “A mí particularmente me convence más el camino de la ley interpretativa. Sería más factible y más rápido, ya que nos permitiría contar con la herramienta de una forma mucho más rápida en el tiempo: que se discuta el proyecto de ley y se apruebe”, agregó Martinelli, que es señalado como candidato a suceder al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, cuando en marzo renuncie para hacer campaña desde el Senado.

En cambio, dijo Martinelli -que aclaró que su opinión era “personal”-, si se elige la vía del plebiscito, “hay que esperar el acto eleccionario”, para lo cual falta un año.

Con la postura opuesta, el ex director general de Secretaría de la cartera de seguridad, Luis Calabria, señaló a El País que lo deseable sería elegir un mecanismo que genere “el mayor consenso” posible, y que teniendo eso en cuenta no hay otra opción que el plebiscito, porque permite que la gente zanje “jurídica y políticamente” esta discusión, además de que evitaría posibles “planteos de inconstitucionalidad y cuestionamientos de legitimidad política”.

Aquí, a su vez, entran las críticas del Frente Amplio, que señalan en ese sentido que el tema en realidad ya quedó saldado en octubre de 2019, cuando el plebiscito propuesto por el entonces senador nacionalista Jorge Larrañaga, que incluía entre cuatro reformas la autorización para realizar allanamientos nocturnos, no prosperó.

A esto, el director general del Ministerio del Interior responde: “El proyecto que presentó Larrañaga venía acompañado de otras propuestas y capaz que esta no salió porque había otras que a la gente no le gustaban. Tomada en forma individual, la enorme mayoría de los uruguayos estamos de acuerdo con que hoy es una necesidad en la lucha contra el crimen organizado”.

Las encuestas realizadas en los últimos tres años por varias consultores revelan que entre el 60% y el 72% de los uruguayos está a favor de habilitar los allanamientos nocturnos. Y de los 194 Estados reconocidos en la ONU, solo cuatro no permiten los allanamientos por las noches: Guatemala, Mozambique, Cabo Verde y la República Oriental del Uruguay.

El proyecto sobre el cual el oficialismo buscará que esto cristalice es el que presentó el senador Camy a mediados de 2020, a influjo del entonces ministro Larrañaga, que ratificó lo que había manifestado en la campaña electoral: que esta herramienta era fundamental para capturar a narcos.

Por entonces, la iniciativa de Alianza Nacional proponía el camino constitucional que obliga a contar con mayorías especiales en ambas cámaras, y el Frente Amplio transmitió en aquel momento -recordó Camy en diálogo con El País- que no daría sus votos. Al mismo tiempo la agenda parlamentaria -la Ley de Presupuesto y luego la Ley de Urgente Consideración- se llevó todas las atenciones y el asunto quedó por el camino.

Pero semanas atrás se reflotó. La bancada de Sumar -la plataforma política que lidera la futura precandidata Laura Raffo- anunció que volvería a la carga con el tema, y que Camy sería el encargado de iniciar los contactos con todos los partidos, tarea que viene emprendiendo en estos momentos.

Camy dijo que la opción en la que trabaja para convocar un plebiscito es aquel que primero exige una mayoría de dos quintos de la Asamblea General -un total de 52 legisladores- para lo cual no se necesita de los votos de la izquierda -que a su vez no tiene una postura en bloque, porque el intendente Yamandú Orsi, por ejemplo, dijo a fines de setiembre en el Canal 8 de Durazno que era partidario de discutir el asunto aunque en el marco de “un conjunto” de medidas.

Blancos y colorados están todos alineados. Lust también se inclinaría por este proyecto, dijo Camy. Y Cabildo Abierto, en la voz de su líder, Guido Manini Ríos, ha sido bastante claro, aunque con algún matiz: “Pensamos que hay que habilitarlo para que se pueda combatir al crimen organizado con mucha más efectividad, pero ponemos como condición que se den todas las garantías en los procedimientos que se hagan en horas de la noche y pedimos que esté presente el juez”, dijo el senador en su audición de Radio Oriental del 3 de octubre.