Redacción El País
El futuro del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, atraviesa horas de incertidumbre. El jerarca y el gobierno de Yamandú Orsi están a la espera del pronunciamiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), que decidió actuar de oficio ante una situación que compromete al titular del prestador estatal, cuestionado por la oposición porque además de conducir ASSE tiene otros varios empleos, lo que incluye su trabajo como médico en al menos tres mutualistas. Y esto, a criterio de la coalición republicana —y sustentado por informes jurídicos— constituye una violación a la Constitución, la ley de ASSE y la que rige el comportamiento de los funcionarios públicos.
El debate político —y jurídico— se ha centrado en la valoración del "conflicto de intereses" que puede configurarse en el accionar de Danza, quien al mismo tiempo que dirige el prestador estatal atiende como médico en el sector privado —en La Española, en Cams y en Médica Uruguaya—, cuando ASSE y las mutualistas suelen mantener un vínculo institucional y comercial.
La incompatibilidad denunciada —y que fue señalada en el informe técnico de la Jutep— se basa en el artículo 200 de la Constitución, que establece que los miembros de "los directorios o directores generales de los entes autónomos o de los servicios descentralizados no podrán ser nombrados para cargos ni aun honorarios, que directa o indirectamente dependan del instituto de que forman parte", ni tampoco podrá "ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la Institución a la que pertenecen".
Y, entre otras normas, se basan también en el Código de Ética en la Función Pública (ley 19.823), que prohíbe a los funcionarios públicos “ejercer su función con relación a las actividades o entidades privadas a las que se encuentre vinculado profesional, laboral o familiarmente o mediante cualquier otro vínculo del cual pueda derivar un conflicto entre el interés público y el privado”. Y que también señala, en su artículo 432, que “la prohibición (...) se extiende a todas las contrataciones de servicios o de obra realizadas a solicitud de una Administración comprendida en esta ley, por organismos internacionales o mediante la ejecución de proyectos por terceros”.
Ahora bien, durante la gestión de Danza, ASSE ha hecho contrataciones a las mutualistas en donde su presidente actúa como médico, según figura en el sitio web de la Agencia Reguladora de Compras Estatales.
Por ejemplo, con fecha 25 de julio de este año, el prestador ejecutó una compra directa (identificada con 12740/2025, como número de expediente) a la Médica Uruguaya, por un total de $ 70.386,10. Lo que se encargó fue una "angiotomografía de una región sin contraste".
A Cams-Institución de Asistencia Médica de Profesionales se la contrató para la internación de una paciente por hasta "dos días", por un total de $ 107.417,00. Fue una "compra directa" realizada el 15 de agosto, de acuerdo a la resolución.
Más reciente, el 3 de noviembre de este año, está disponible para consulta web la compra directa 2874/2025, por la que se adquirió un insumo de laboratorio para la "detección de anticuerpos antipneumocystis jirovercii en líquido bronco" a la Asociación Española.
Los respaldos del gobierno
Hasta el momento, el oficialismo ha respondido respaldando a Danza o a "su gestión" al frente de ASSE —como por ejemplo hizo la bancada de diputados frenteamplista esta semana—, y han salido en su defensa desde el presidente Orsi hasta el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg —que será interpelada por este tema—, entre otros.
Esta última dijo a El Observador el 18 de agosto de este año que consideraba que lo de Danza no configuraba un "conflicto de interés en relación a ASSE, ni directa ni indirectamente", y que al momento no existen "convenios de envergadura" entre ASSE y las mutualistas involucradas.
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