Aumentos de precios: la otra “pandemia” que el gobierno de Lacalle Pou se prepara para enfrentar

Pistero cobrando el combustible en una estación de servicio. Foto: Fernando Ponzetto.
Pistero cobrando combustible en estacion de servicio Ancap de la Rambla y Ejido, nota por falta de combustibles a causa del paro realizado por los trabajadores de ANCAP en defensa del servicio medico en riesgo de ser cancelado, Montevideo, binero, billetes, ND 20170607, foto Fernando Ponzetto - Archivo El Pais
Fernando Ponzetto/Archivo El Pais

NUEVAS MEDIDAS

El mandatario se reúne el miércoles con ministros para anunciar nuevas medidas.

Con la etapa superada del referéndum por la Ley de Urgente Consideración (LUC) y la emergencia sanitaria por el coronavirus llegando a su fin después de dos años, el presidente Luis Lacalle Pou enfrenta una nueva “pandemia” en su administración por las altas presiones inflacionarias, los aumentos de precios de los productos de consumos y una tendencia alcista en el barril de crudo que lo obliga a una nueva suba en los combustibles.

Este nuevo fenómeno sobre el que trabaja la administración de la coalición de gobierno obliga al Poder Ejecutivo a tomar medidas para controlar la economía hogareña.

En esa línea fue que Lacalle Pou anunció en la noche del domingo su decisión de trabajar en un paquete de acciones concretas para tratar de bajar el precio final de una serie de productos de la canasta básica de alimentos.

Para mañana el jefe de Estado convocó, a un grupo de ministros para analizar la situación y definir los anuncios.

Según supo El País tras consultar fuentes del gobierno, entre ellos estará la jefa del equipo económico, la ministra Azucena Arbeleche, el ministro de Ganadería, Fernando Mattos, y el ministro de Industria, Omar Paganini.

Hasta el momento el Poder Ejecutivo ya redujo el IVA en el asado de tira por un mes, mediante un proyecto de ley enviado al Parlamento. A su vez se generó un acuerdo con los productores de huevos para congelar el precio al público de este producto también por un mes.

Una de las ideas que manejan ahora algunas autoridades del gobierno, que se reunirán con el presidente Lacalle Pou, es eliminar el IVA básico (10%) a los aceites, harinas y sus derivados.

El tratamiento del tema inflacionario y precios ya fue adelantado por el presidente en la conferencia del 23 de marzo que ofreció para defender la LUC. “Estamos por consolidar (un paquete de medidas) la semana que viene, para hacer sostenible la calidad de vida de los uruguayos sobre todo de los que menos tienen”, dijo Lacalle Pou.

Por su parte, el presidente del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y afines del Uruguay (Cambadu), Daniel Fernández, dijo a El País que sería una buena medida una reducción impositiva en los aceites y harinas para lograr así un efecto positivo en los costos de los productos a la población.

“Indudablemente todo lo que le saquen al IVA se verá en el precio en las góndolas porque lo primero que todos queremos, como en otras oportunidades con gobiernos anteriores, es que las cosas caminen y funcionen tanto en la industria como en el comercio. Primero porque cuando se suben los comestibles, estos no se venden y se enlentecen sus ventas. Es razonable que los consumidores miren para otro lado cuando lo que valía $100, pase a los $120. Así que el comercio va a ser el primero en querer colaborar y marcar esa rebaja”, dijo el representante de la gremial empresarial.

Combustibles

Por otro lado, el Poder Ejecutivo deberá resolver qué hacer con los combustibles, ya que todos los informes que recibirá para tomar la decisión marcan la necesidad de un ajuste al alza, producto de la tendencia alcista que está mostrando el precio del barril de petróleo. El cierre del barril de crudo ayer fue de US$ 106.70, mientras que el cierre de febrero fue de US$ 100.99, aunque la volatilidad del precio del barril llegó a tocar los US$ 139 el lunes 7.

El Poder Ejecutivo recibirá hoy el informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) con el Precio de Paridad de Importación (PPI). Con esa información el gobierno asumirá la decisión política de fijar el nuevo precio de los combustibles.

Según comentaron a El País fuentes del gobierno, las autoridades están buscando alternativas para evitar trasladar al público los precios de producción de combustibles (compra de crudo, refinería y distribución, entre otros costos). “Parece más que difícil no aumentar los precios”, aseguró una de las fuentes consultadas.

Esta definición gubernamental también tiene impacto en los costos de traslados, y fletes de la producción en general.

En ese sentido el gerente general de la Asociación de Supermercados del Uruguay, Daniel Menéndez, dijo a El País que el panorama es “complejo” ya que en las últimas semanas los comerciantes de las grandes superficies comenzaron a recibir nuevas listas de precios de productos con correcciones al alza, en algunos casos significativos. “Los productos de Europa vienen más caros y por otro lado los que se fabrican acá -que son los menos- necesitan materia prima importada y están encareciendo. A eso se le suma los aumentos en los fletes y la falta de medios de transporte”, dijo Menéndez. Y agregó: “Se observa un aumento real de costos, y no se le puede pedir al productor que no los traslade a los precios. Sí podemos dividir los aumentos y espaciarlos, porque tampoco es bueno un aumento significativo de golpe ya que se necesita movimiento de los productos en las góndolas. Pero el escenario es complejo”.

En la colación de gobierno saben que esta situación de incertidumbre internacional, e impacto de la volatilidad en los costos de productos al público se mantendrá hasta que se disipen las dudas sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. En esa línea algunos dirigentes del oficialismo entienden que un “acuerdo de precios” con los productores y grandes superficies comerciales podría ser una alternativa para mitigar la escalada de precios en corto plazo.

La mirada de la agencia calificadora Moody’s

Tras el triunfo del “NO” en el referéndum por la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), el vicepresidente y analista senior de Moody’s Investors Service, Renzo Merino, opinó que el resultado de la consulta popular “confirmó la fortaleza institucional del Uruguay”. En una breve declaración emitida ayer, Merino sostuvo que el resultado “apunta hacia continuidad en las políticas que han sido promovidas por la administración del presidente Luis Lacalle Pou, en particular las correspondientes al nuevo marco de la regla fiscal que es un factor clave para la perspectiva crediticia soberana”. Asimismo, indicó que, “a raíz de lo acontecido, Moody’s espera que continúe el proceso de consolidación fiscal y que se abran espacios para que las autoridades avancen en la reforma del sistema de pensiones, lo cual contribuiría a reforzar el perfil crediticio”.

En línea con la declaración del analista de la agencia calificadora, los integrantes del equipo económico uruguayo han manifestado públicamente que una de las preocupaciones del gobierno está en atacar las presiones inflacionarias en el corto plazo, y resolver los problemas de fondo con la reforma de la seguridad social.

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