LA HERENCIA

Falta de controles, mala administración y algún funcionario infiel explican los $ 136 millones —unos US$ 3,4 millones al valor del dólar de ayer— de faltantes o sobregastos detectados por las auditorías que el gobierno de Luis Lacalle Pou viene llevando a cabo sobre la gestión de las administración anterior, cuyos resultados serán presentados en estos días y que en varios casos terminarían en la Justicia.

Durante la campaña electoral el ahora presidente Lacalle Pou anunció que, en caso de ganar las elecciones, su administración llevaría a cabo auditoríasen distintos organismos y entes públicos. Así se hizo y es inminente que el gobierno presente el resultado de los trabajos llevados a cabo desde marzo en varios ministerios y otros organismos estatales.

Pero antes de que ello suceda ya se puede hacer un resumen de los datos conocidos hasta ahora que permiten cuantificar en unos $ 136 millones las irregularidades detectadas por los auditores que se explican por diversos factores.

Donde hasta ahora se han detectado los mayores faltantes de dinero es en el INAU. Ayer El País informó ayer que el directorio de esa repartición recibió dos informes de la Auditoría Interna de Gestión y de la Unidad de Contralor Financiero de Convenios donde le fueron reportados incumplimientos graves de dos ONG, del Centro de Participación Popular (CPP) y el Centro de Asistencia Maternal Infantil de Rocha (Cami) que totalizan $ 57 millones.
En el caso del CPP se detectó un faltante de $ 9.100.000.

Es un monto por el cual no existe ningún tipo de documentación que explique en qué fue gastado. El documento sostiene que la organización “incurrió en muy graves incumplimientos”, por lo que el INAU se dispone a presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, además de iniciar una denuncia por la vía civil por los recursos públicos faltantes.

La otra ONG investigada es la de Rocha. En este caso el informe reporta una cifra mucho más abultada, de la que no se tiene noción del destino. El número que manejan las autoridades del INAU, de acuerdo a la investigación interna, es de al menos $ 40 millones. Los atrasos en los reportes y rendiciones de cuentas datan de 2018.

Ante esta situación “resolvimos pedir informes a la Unidad de Contralor para que actualicen (la cifra) y al mismo tiempo a la División Jurídica Notarial para ver si corresponde denuncia penal y civil”, dijo a El País el presidente del INAU, Pablo Abdala.

El segundo organismo en cuanto al monto alcanzado por las irregularidades es la Dirección Nacional de la Granja (Digegra) dependiente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca donde se produjo un fraude cuyo monto preliminar es de unos $ 30 millones, aunque podría ser mayor.

El responsable del “agujero” en este caso es un contador que mostraba una conducta “intachable” según sus compañeros. El funcionario infiel reformó su casa, tuneó el auto, se compró un iphone, un ipad y hasta un jacuzzi, además de viajar al Mundial de Rusia, todo con plata de la repartición que debía administrar.

La maniobra quedó al descubierto a raíz de una denuncia del Banco Santander —donde el contador de iniciales FM cobraba su sueldo— ante el Banco Central porque el hombre no pudo justificar ante la entidad privada el flujo de depósitos hacia su cuenta.

“Acá no había control de nada. Si el banco Santander no hace la denuncia, esto no explota”, dice el actual director de Digegra Nicolás Chiesa, que cree que la responsabilidad corresponde al exministro frenteamplista Enzo Benech y, quizás, a su antecesor Tabaré Aguerre. “El Fondo de la Granja depende del ministro. Si el ministro y la Dirección General hubieran hecho los informes trimestrales, y la comisión fiscal hubiera actuado, esto no pasaba”. Benech reconoció a Qué Pasa de El País que no convocó a la comisión fiscal. “Con el diario del lunes todos somos fantásticos. Hice lo que pude”, dijo.

F.M., que devolvió unos $ 10 millones después de verse descubierto, lleva casi un año ausente de la Digegra. Tras seis meses de sanción, debería haberse reintegrado para trabajar en otra área pero no lo hizo. Está de licencia médica y sigue cobrando su salario. Mientras, el fiscal especializado en Delitos Económicos, Ricardo Lackner, procura hacerle un lugar a la causa que, según Chiesa, no se ha movido.

En el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) fue donde primero se detectaron irregularidades. Allí los auditores encontraron una fuga de casi $ 10 millones por el impago de alquileres de refugios que debían efectuar las ONG, más de 28 inmuebles con escasos controles en el Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) y unos $ 4 millones en multas por incumplimiento de Uruguay Trabaja con el BPS.

En una primera pesquisa, de los cuatro auditores del Mides, ya se encontró un faltante de casi $ 10 millones por impagos de alquileres de refugios. El Ministerio les da a las ONG y cooperativas que atienden refugios el dinero necesario para el pago del alquiler de la vivienda y para los gastos de funcionamiento (incluyendo los salarios). Pero unas 15 organizaciones no efectivizaron el pago a los propietarios de los locales. Una ONG, en concreto, debía 15 meses de alquiler.

El programa socioeducativo Uruguay Trabaja, al que en la última convocatoria se anotaron más de 40.000 personas para 3.000 cupos, acumuló más de $ 4 millones de deudas con el Banco de Previsión Social (BPS).

En su momento el director general de Secretaría del Mides, Nicolás Martinelli, le dijo a El País que entre diciembre y febrero pasados el ministerio dejó de pagar las inscripciones de obras al BPS y fue acumulando multas. Estos $ 4 millones eran, a juicio del jerarca, “el último regalito que dejó la anterior administración”.

En tanto, la primera auditoría realizada por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) confirmó un faltante de $ 7.000.000 vinculados a los Fondos de Incentivo Cultural. El dinero que no aparece involucra al Consejo Nacional de Evaluación y Fomento de Proyectos Artístico Culturales (Conaef) y al exdirector de Cultura del MEC, Sergio Mautone.

La administración de estos fondos depende de esa Dirección a nivel ministerial.El MEC presentó en Fiscalía la investigación administrativa para que un fiscal revise dichas irregularidades. El programa de radio Carve “Así nos va” informó que los resultados de esta investigación también fueron enviados a los ministerios de Economía, Relaciones Exteriores y Turismo, que están involucrados en el manejo de estos Fondos de Incentivo Cultural.

Mientras esos primeros resultados se conocen hay otras auditorías en curso. La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) es la que aparece como el organismo que presentaría más irregularidades entre los organismos cuyas gestiones todavía vienen siendo analizados. Su vicepresidente, Marcelo sosa, comentó días atrás que allí se han iniciado 12 auditorías y se redicaron siete denuncias penales.

Búsqueda informó que la auditoría cuestionó la contratación bajo la modalidad de compra directa de los servicios de la ONG Fundación de Mujeres del Uruguay (Plemmu) para cubrir tareas de limpieza, conserjería y actividades de enfermería por $ 13 millones de pesos mensuales. Según los auditores se desestimó una licitación en la que se había recomendado adjudicarle el contrato a otra empresa. Los técnicos sostienen que si hubiera hecho, entre setiembre de 2019 y mayo de 2020 ASSE se hubiera ahorrado $ 20 millones.

Por otra parte, a fines de agosto el directorio de ASSE resolvió por unanimidad, denunciar ante la Fiscalía General de la Nación una serie de hechos con “apariencia delictiva” durante la gestión del excandidato a intendente del Frente Amplio Álvaro Villar.

También se decidió efectuar una investigación administrativa tras detectar una serie de irregularidades en el centro de salud, las que incluyen, desde “indicios” de casos de conjunción del interés público y privado, a la ausencia de rendiciones de cuentas de fondos provenientes de la Lotería Nacional que deben ser destinados para obras.

Lo otro que investigó ASSE en el Maciel, y derivó a la Justicia, fue el pago de honorarios profesionales de la Comisión Pro Remodelación por diseño y dirección de obra a un arquitecto que es funcionario de ASSE. Según dijo Sosa en el Parlamento, en ese caso hay “indicios de conjunción de interés público y privado”, y añadió que para la obra de una policlínica de adicciones se contrató en forma directa el estudio de ese arquitecto.

Por otro lado, una auditoría en el BPS detectó que en el período 2018-2019 uno de cada dos afiliados al organismo gozaron de licencia médica, lo que es sumamente llamativo. Además, de esas certificaciones se encontraron varias irregularidades como la concesión de licencias médicas a personas que al momento del beneficio habían fallecido, certificaciones correspondientes a personas menores de 12 años que no tienen actividad y certificaciones retroactivas, entre otros.

En tanto, a nivel del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, su titular Luis Alberto Heber, ordenó auditar el Sistema Integral de Control del Transporte de Carga (Sictrac), al igual que sobre la gestión del Puerto de Montevideo.

Finalmente, el Ministerio de Defensa encomendó a la Auditoría Interna de la Nación la realización de una auditoría en el Servicio de Cantinas Militares del Ejército tras detectar un funcionamiento poco claro de esa repartición.