DESDE EL SÚPER AL JACUZZI

La historia detrás del desfalco del Fondo de la Granja a manos de un contador "recto" y con mucho poder, del que nadie sospechaba

El funcionario que robó al menos $ 30 millones a los granjeros aplicó maniobras burdas con facturas, cheques y transacciones bancarias que fueron detectadas porque un banco privado dio aviso

Cultivos de frutillas
El Fondo de Fomento de la Granja se creó en 2002 para financiar planes de negocio de productores y entregar subsidios para la contratación de seguros. FOTO: AFP

Es miércoles 15 de mayo de 2019. El funcionario Diego Moreira acaba de elevar un informe a la directora del área jurídica del ministerio con un análisis preliminar de documentación. El contador F.M. desconoce el contenido del informe, pero a esa altura ya puede adivinarlo. Lleva 12 días separado de su cargo y le iniciaron un sumario. Le notificaron que, tras detectar una eventual irregularidad en el área que él dirige, estará fuera de la dirección durante seis meses con retención de medio sueldo. Apenas anunciaron la investigación administrativa, fue a su oficina y se llevó una caja con papeles, lo cual surgirá más adelante del registro de las cámaras de seguridad.

El funcionario de jurídica, Moreira, lo citó días atrás para interrogarlo sobre facturas que no coinciden con montos transferidos, salidas de dinero duplicadas, supuestas triangulaciones con productores, cheques a nombre de otras personas que, por algún motivo, ingresaron a su cuenta personal. F.M. respondió como pudo. En algunos casos se limitó a decir “no sé”.

Tal vez sea tarde, pero ese miércoles va al banco y devuelve $ 1.802.700 a la cuenta del Fondo de Fomento de la Granja.

Pasan cinco días. El informe de Moreira ha llegado a manos del director general de Secretaría, Horacio Servetti, y este se lo ha entregado al ministro de Ganadería, Enzo Benech. Menciona algunos “hechos irregulares comprobados”, como por ejemplo un cheque por $ 555.394 que se pagó dos veces: al productor indicado y también a F.M. Moreira sugiere una auditoría que se remonte al menos hasta 2017 y que intervenga también la Justicia: “Resultaría llamativo que fuera la primera vez”, advierte. “Suelen existir hechos delictuales que registran una progresión en lo que refiere al monto”.

Ese lunes 20 de mayo Benech convoca a los medios a una conferencia de prensa. Dice que tiene noticias “nada gratas”: que una rápida investigación ha permitido confirmar un “manejo irregular de fondos” en la Dirección General de la Granja (Digegra). Asegura que los miembros de la Junta Nacional de la Granja -representantes de quienes deberían beneficiarse del Fondo- ya están al tanto.

Además, Benech comunica que hizo una denuncia penal, y que se iniciará una auditoría. No quiere hablar de montos ni de destinos. No especifica si hay más de un funcionario involucrado. Solo advierte que ya ha aceptado la renuncia de Avelino Casas, hasta entonces titular de la Digegra.

Al día siguiente, F.M. vuelve al banco y esta vez gira $ 556.400 al Fondo. Luego se dirige a una red de locales de pagos. Lleva dinero en efectivo y hace un depósito de $ 100.000, otro de $ 90.000, otro de $ 100.000. Repite el procedimiento 10 veces.

Es 23 de mayo. Ya está en marcha la auditoría. F.M. sabe que le revisarán su correo electrónico, las planillas de gastos, las facturas. Sabe lo expuesto que está, y otra vez sale con efectivo. Hace 13 pagos.

El 21 de junio realiza seis depósitos de $ 80.000 cada uno. En 1° de julio, 15 de $ 40.000. El 2 de julio, otros 15 también de $ 40.000. Llega a devolver, en menos de dos meses, un total de $ 9.077.500. Es tarde. La cifra está lejos, probablemente demasiado lejos de todo lo que se robó.

cultivo de lechugas
Hasta 2015, el Fondo se nutría del IVA de frutas y hortalizas, y a partir de ese año pasó a recibir ingresos de Rentas Generales. En 2019 fueron $ 350 millones. Foto: AFP

De la Granja a Rusia.

F.M. era el único contador de la Digegra. Trabajaba en esa dirección desde 2012. Cuentan los funcionarios que había cultivado una imagen de hombre recto y estricto, al punto que “llegó a tratar de delincuente a un productor por $ 100”. “Realmente al tipo no lo comprabas por chorro. Armó tan bien la pantalla que nadie de acá podía darse cuenta”, dicen.

Lo cierto es que con un sueldo de $ 87.814 nominales, separado de su pareja y con una hija pequeña, F.M. fue asombrosamente mejorando su nivel de vida a los ojos de quien quisiera verlo.

En el expediente de la auditoría realizada por el contador del ministerio Juan Castiglioni, al que accedió El País, se avanza en lo que había podido detectar el abogado Moreira y se abarca, como se había sugerido, desde enero de 2017 hasta que salta la irregularidad. En realidad, la auditoría está incompleta y a Castiglioni le falta estudiar lo acontecido entre enero y mayo de 2019.

Una de las primeras facturas que aparece a nombre de la Dirección de la Granja es de dos televisores LED por $ 18.646, el 10 de marzo de 2017. ¿Podría ser para la oficina? Tal vez. El pago se aprueba con la firma de la anterior directora, Zulma Gabard.

Ese año hay alguna otra factura que posiblemente fuera para su casa (cortinas por $ 90.200, por ejemplo), pero sobre todo F.M. se da gustos personales. El 18 de agosto pide, a través de su mail institucional, cotización de varios productos en Apple. El 24 de ese mes factura -siempre a nombre de la Digegra- un iPhone 7 por US$ 1.139. Al mes se compra un iPad por US$ 959.

El año del verdadero derroche es, al menos por lo que se sabe hasta ahora, 2018. Al parecer, F.M. se propone reformar y reforzar la seguridad de su casa ubicada en Cerrito. Empieza en mayo. Le llegan presupuestos a su mail que dicen “hemos agendado la protección de vidrios de vuestra propiedad”. Factura con el RUC de la Digegra y pone como dirección de envío la de su domicilio. Nadie ve nada. En mayo, además de cambiar los vidrios, renueva el sistema de alarma por $ 118.549.

Facturas Fondo de la Granja
En el expediente de la auditoría contable figuran cientos de gastos personales que el funcionario hizo a nombre de la Digegra. Foto: El País

En junio se concentra en el auto. Primero, factura $ 61.400 por un cobertor antigranizo y un sensor marcha atrás, entre otras cosas. Luego compra una cabecera desmontable con reproductor de video, parlante y demás, por $ 40.349.

A mediados de julio vuelve a ponerle plata a la casa (se compra un microondas, un purificador de cocina y un anafe), pero antes se toma un mes para ir al Mundial de Rusia. Se queda hasta la final. Sus compañeros se preguntan: ¿cómo hace?

A su regreso, empieza la obra. Los presupuestos y las facturas -material que estaba disponible en su oficina-, son absurdamente minuciosos. Hidrolavado, rasqueteado, tres manos de pintura en tono pastel: $119.000. Pintura de muros, colocación de cerámica, calado de pared: $ 60.017. Tapas de vidrio, US$ 250. Ladrillos de vidrio, fijador de pared, colocación de caños en los baños, $ 46.360. En setiembre sale un giro de Digegra a su cuenta personal por $ 128.654 con el concepto: “Pago a proveedores”. En diciembre hace un gasto más: amplía la cerca eléctrica por $ 18.500.

Año nuevo, vida nueva. Y para F.M., el 2019 viene con más facilidades porque S.D., la adjunta a la dirección, antes de irse de licencia le deja su llave electrónica para hacer transferencias. Había un tercer funcionario habilitado pero, según el relato de la mujer, que tiene un legajo sin manchas y está cerca de jubilarse, F.M. le dijo que sin su firma se iba a complicar el pago a los proveedores. Ella aceptó, y por eso mismo también se le inició un sumario.

Con la libertad absoluta que le da S.D., el contador despliega su poder. En una ferretería de su barrio adquiere el ya conocido jacuzzi por $ 54.500. Antes de irse agarra un flotador inflable por $ 309.

La última factura que aparece en el expediente es un surtido de supermercado, en febrero de 2019, por $ 10.845.

“Confiando en él le entrego mi llave, me reintegro en marzo y no le retiré la llave, la cual recién se la pedí el día lunes 6 de mayo”, cuenta S.D. en el expediente.

Significa que esos tres meses que Castiglioni aún no terminó de auditar -febrero, marzo y abril- fueron los que F.M. tuvo mayor vía libre para el descontrol.

Errores bajo presión.

Conferencia Fondo de la Granja
Nicolás Chiesa, Carlos Uriarte y Carlos Rydstrom anunciando una auditoría externa y más abarcativa del Fondo de la Granja. Foto: Fernando Ponzetto

Nicolás Chiesa sabía del robo porque a veces participaba de las reuniones de la Junta Nacional de la Granja, y estaba allí cuando Benech fue a contarles lo que había pasado. “Me vine a enterar luego de que esto era tierra de nadie”, dice el nuevo director de la Granja.

Además de cientos de facturas, el expediente contiene decenas de cheques a nombre de F.M, porque facturaba con el RUC de la Digegra y luego pedía el reintegro como si no hubieran sido gastos personales. Hacía firmar a dos funcionarios (tenía tres subalternos del área contable que acataban sus órdenes), y le “devolvían” los montos mediante cheques.

Dice Chiesa que también usaba lapiceras con tinta borrable. Hacía firmar un cheque a nombre de una determinada sociedad de fomento, después borraba y se lo ponía a nombre de él.

Por la constitución del Fondo de la Granja, los pagos no pasan por el Tribunal de Cuentas. “Todo se llevaba solamente con planillas de Excel, a las que se les modificaba el concepto -jacuzzis por hojas de escritorio- y no saltaba nada. F.M. hacía y deshacía sin que nadie lo vigilara.

También hacía giros de las cuentas del Fondo a sus cuentas personales, porque era uno de los pocos habilitados. En cierto momento, el banco Santander, donde F.M. cobraba su salario, empieza a notar que le ingresan montos demasiado elevados. El Santander le pide varias veces que justifique, pero el contador no consigue hacerlo y le bloquean la cuenta. Para volver a usarla le pide a su jefe, Avelino Casas, que le firme una nota avalando los movimientos inusuales. Le dice que tiempo atrás tuvo que usar su cuenta personal para hacer transferencias a los productores, con una justificación poco clara de que si no, los beneficiarios no tenían manera de cobrar. Dice que lo hizo para facilitar. Casas firma.

Insatisfecho, el Santander denuncia la cuenta al Banco Central, que a su vez avisa al BROU, y este es el que pone al tanto a Benech en abril de 2019. El resto es historia conocida: tras la investigación viene la auditoría que concluye que hubo un desfalco de al menos $ 30 millones. Se detectaron egresos por $ 10.763.223 “que no corresponden a los cometidos del Fondo y no cuentan en principio con autorización del ordenador competente” (las facturas, la reforma de la casa y demás). Y hay egresos por $ 23.956.709 de los que “no se encontró en la auditoría practicada justificación de los mismos”. También están los $ 9.007.236 que F.M. devolvió desesperadamente.

“Acá no había control de nada. Si el banco Santander no hace la denuncia, esto no explota”, dice Chiesa, que cree que la responsabilidad asciende a Benech y, quizás, a su antecesor Tabaré Aguerre. “El Fondo de la Granja depende del ministro. Si el ministro y la Dirección General hubieran hecho los informes trimestrales, y la comisión fiscal hubiera actuado, esto no pasaba”. Para este informe, Benech reconoció que no convocó a la comisión fiscal. "Con el diario del lunes todos somos fantásticos. Hice lo que pude", dijo.

Esta semana Chiesa anunció una auditoría más profunda que, según aclaró a El País, pretende que comience en 2012 y vaya más allá de lo contable. “Yo quiero una de gestión, que me diga si se cumplieron los procedimientos legales, los controles. Si cuando me dicen ‘se hizo una transferencia a la sociedad de fomento tal’, efectivamente fue a esa fomento”.

Además, será una auditoría externa, tal como pedían las gremiales de productores. El llamado a licitación está casi pronto, dijo Chiesa. Afirmó que ahora “todos los pagos del Fondo” pasan por él. Llevan su firma, la del contador Castiglioni, lo ven en jurídica y firma el ministro. “Se está cumpliendo la normativa. Cada punto y cada coma”, asegura.

PRODUCTORES PIDEN PISTA

"Hay que revisar todo el fondo"

En mayo de 2019, cuando el entonces ministro Enzo Benech acudió a la Junta Nacional de la Granja (Junagra) para transmitir lo que sabía y exponer los pasos dados, Confederación Granjera -una de las cuatro gremiales sentadas a la mesa- planteó “un pedido de informes para saber cuál era el sistema usado para el fraude, quiénes eran los implicados y el monto”. “Nos dijeron que no sabían”, recuerda Erick Rolando, presidente de esa gremial. “Fue una situación alarmante y lo llevamos a estudiar a nuestra directiva con un equipo de abogados. Nos preocupó que lo hubiera detectado un banco privado y no la administración del Fondo”, agrega. El 3 de junio, Confederación Granjera presentó una carta a la Junagra en la que reclaman una auditoría externa: “Nuestra gremial entiende que la auditoría no puede ser NUNCA realizada por la propia administración. Es ella misma la que se encuentra en ‘tela de juicio’”. A su vez, argumentan que en el marco del nuevo proceso penal ellos pueden ser considerados víctimas, y por tanto piden ser partícipes del proceso judicial: “No delegaremos en nadie la recepción de la información relativa al caso. Exigiremos la información jurídica directa de los expedientes, e incluso -si fuera necesario- participaremos activamente en dicho proceso penal”. Por último, recalcan: “Se malversaron fondos que debieran haber impactado positivamente en el mejoramiento de nuestra producción granjera y no en el regocijo personal de uno -o más- funcionarios”. La carta se discutió en la Junagra. Varias gremiales discreparon con “el tono”. A su vez, se sometió a votación la aprobación de un mensaje elaborado previamente por los delegados del Poder Ejecutivo, que manifestaba su respaldo a la actuación del ministro. Como Confederación Granjera no apoyó ese comunicado, no se emitió.

Dice Rolando que al poco tiempo convencieron a las demás gremiales y la Junagra, como cuerpo, le pidió a Benech que la auditoría fuera externa. No hubo respuesta. “Cuando asumió Uriarte reiteramos el pedido, y ahora se hará”, afirma.

Rolando, que participa de la Junagra desde 2006, sostiene que “en el período anterior no se estaba cumpliendo con la debida administración del Fondo”. Según él, hacía mucho que no se reunía la comisión fiscal y hasta los delegados públicos le reclamaban a Ganadería que lo hiciera. “Los informes (que debían ser trimestrales) se hacían siempre a destiempo e incompletos, entonces no nos permitía hacer correcciones”, dice, y recuerda que el último informe fue en 2018. “Tenemos que revisar todo el funcionamiento, al menos de cinco años para atrás. Hay muchas falencias en todo el uso del Fondo”.

En tanto, F.M. lleva casi un año ausente. Tras seis meses de sanción, debería haberse reintegrado para trabajar en otra área pero no lo hizo. Está de licencia médica y sigue cobrando su salario. En Digegra aún esperan que Servicio Civil les envíe el expediente para solicitar la venia de destitución al Parlamento. Mientras, el fiscal especializado en Delitos Económicos, Ricardo Lackner, procura hacerle un lugar a la causa que, según Chiesa, no se ha movido.

Es 10 de marzo de 2020 y llega un mail de F.M. a la Digegra. “Yo no me quedé con ningún peso, simplemente me equivoqué”, dice. Admite que cometió “errores bajo presión”, pero pide una reunión para explicarles a las nuevas autoridades. También pide que no lo separen de su hija. Acepta la destitución, pero advierte que si no le retiran la denuncia penal, expondrá “todos los casos irregulares que se han dado”. Habla de “amiguismos” y “fines políticos”. Asegura tener “varias bases de datos con cosas a denunciar”. “Que no se tome como amenaza”, dice. Pero él no será el chivo expiatorio.

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