AUDITORÍAS EN ORGANISMOS PÚBLICOS

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El directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) trabaja para analizar los contratos que la institución pública ha generado con diferentes ONG, ya que ha detectado una serie de irregularidades.

Ayer el directorio recibió dos informes de la Auditoría Interna de Gestión del INAU y de la Unidad de Contralor Financiero de Convenios -esta última creada por el actual directorio- donde le fueron reportados incumplimientos graves de dos ONG, del Centro de Participación Popular (CPP) y el Centro de Asistencia Maternal Infantil de Rocha (Cami).

En el caso del CPP, el directorio ya decidió rescindir ocho convenios suscriptos por la administración anterior. Allí se comprenden cuatro centros juveniles, tres CAIF y un proyecto ETAF (Equipos Técnico de Apoyo a la Familia).

En ese caso la investigación detectó un faltante de $ 9.100.000. Es un faltante por el cual no existe ningún tipo de documentación que explique en qué fue gastado. El documento sostiene que la organización “incurrió en muy graves incumplimientos”, por lo que el INAU se dispuso a presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, además de iniciar una denuncia por la vía civil por los recursos públicos faltantes.

El directorio, a su vez, ordenó iniciar una investigación administrativa en el INAU para identificar responsabilidades.

De todos modos, las autoridades encomendaron a la dirección general del organismo asegurar la continuidad de las prestaciones brindadas por CCP, que tiene seis centros en Montevideo, uno en Flores y otro en Florida.

Dentro de las irregularidades que se detectaron, se informó que faltan rendiciones de cuentas y no se aportaron los datos de las cuentas bancarias correspondientes. Tampoco hay coincidencias con la ONG en cuanto al dinero que se les entregó y lo que figura en su caja. Esto es considerado una falta “muy grave”, según la investigación.

Otra de las irregularidades constatadas es que la ONG no tiene cuentas bancarias separadas para los proyectos, sino que presenta en una misma cuenta todos los fondos recibidos, cuando por convenio se le exige la separación.

La investigación deja en claro que no se conoce el destino de al menos $ 9.100.000, lo que define como una situación de “riesgo alto” y recomienda al directorio implicarse en el asunto y actuar.

La otra ONG investigada es la de Rocha. En este caso el informe reporta una cifra mucho más abultada, de la que no se tiene noción de la cuenta de destino de esos fondos. El número que manejan las autoridades del INAU, de acuerdo a la investigación interna, es de al menos $ 40 millones.

A pesar de esto, el directorio no resolvió cortar los proyectos que tiene Cami, que son seis, porque decidió solicitar más información ante lo delicada de la situación.

Los atrasos en los reportes y rendiciones de cuentas datan de 2018. “Hoy resolvimos pedir informes a la Unidad de Contralor para que actualicen (la cifra) y al mismo tiempo a la División Jurídica Notarial para ver si corresponde denuncia penal y civil”, dijo a El País el presidente del INAU, Pablo Abdala.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció a lo largo de la campaña electoral que impulsaría una serie de auditorías en diferentes organismos del Estado con el objetivo de mostrarle a la ciudadanía el estado de situación con que tomaron el mandato.

“Estas decisiones que estamos adoptando se suscriben en un ordenamiento de la gestión financiera de los convenios”, dijo Abdala.

De todos modos, el jerarca del INAU aclaró que “la enorme mayoría (de las ONG) funcionan correctamente”. Aunque añadió: “Sin embargo, en un universo de más de 900 convenios, aparecen casos con serias irregularidades”.

“Nuestro objetivo es corregir las irregularidades. No es nuestro trabajo, es nuestro deber: hacer cumplir las cosas y que esté bien identificado en qué se usan los fondos públicos. Si detectamos hechos con apariencia delictiva los llevaremos a la Justicia. Estamos en esta tarea de cuidar el dinero público y optimizar la aplicación de los recursos para que lleguen al lugar al que tienen que llegar”, remarcó Abdala.

Estas dos ONG no son las primeras investigadas. El País informó en agosto que Servicios y Acciones para la Infancia (SAI) fue denunciada ante la Fiscalía luego de constatar un faltante por concepto de tres proyectos por un total de $ 16.300.000.

Además de la denuncia contra la ONG, se presentó una demanda penal contra un funcionario de INAU que actuaba como representante de SAI, organización en la que tenía un cargo rentado, a pesar de que no desempeñaba ninguna tarea concreta.