PROCESO

En la sala hay un murmullo constante compuesto por voces bajas pero nítidas que definen con claridad si el documento es válido, si no hay correspondencia con los datos cargados en el sistema, o si debe pedirse una segunda opinión para tomar una decisión. El sonido ambiente es como el de cualquier oficina, con la particularidad de que se da en el tercer piso de la Corte Electoral, en donde desde este lunes se cotejan las casi 800 mil firmas entregadas para habilitar una referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración.

La tarea de validación de todas las rúbricas llevará entre tres y cuatro meses -aunque el organismo tiene por ley hasta 150 días de plazo- de un trabajo que es totalmente artesanal. Si uno hace un rápido paneo, en los monitores de las computadoras se repite una imagen: una huella ampliada y dos personas que se acercan a la pantalla para mirar con atención. Se trata de técnicos especializados en dactiloscopía, cuya tarea consiste en observar a través de una lupa el dibujo de la huella impresa en la papeleta. Los especialistas ingresan los números y series de credencial del firmante, miran los detalles de ese diseño de líneas circulares que hacen única a una persona, y se fijan si coincide con la imagen que se despliega en la pantalla. Son un total de 23 dactilóscopos, todos dedicados en este momento a esta actividad.

“No sé, yo lo pasaría a estudio”, duda uno de ellos en una de las mesas. La colega a su lado, que se encarga de manipular el mouse y el teclado, mira también por la lupa para cotejar y opina: “Pero Adrián, ¿te parece? Si coinciden...”, le dice, y el delegado partidario, sentado un poco más atrás, escucha con atención, con lapicera y planilla en mano. Luego acuerdan que sí, que coinciden.

Los delegados partidarios - del Frente Amplio y de los partidos de la coalición de gobierno- están allí justamente para controlar los procesos de descarte y anotar las datos de las rúbricas que no son validadas.

“Nosotros lo que estamos haciendo es tomar el nombre y la serie de la persona que rechazan. Las que están validadas, ¿para qué (anotar)? Son las más”, explicó en rueda de prensa el frenteamplista Rafael Michelini, de la Comisión Pro Referéndum, que concurrió a la Corte electoral junto con dirigentes de otros partidos.

“Si no se llegara (a las 672.000 necesarias), en todo caso en una segunda instancia podemos discutirlas. Pero en principio el nivel de rechazo es muy bajo”, agregó el exsenador y exsecretario político de la coalición de izquierda.

El presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, que también estuvo en la Corte Electoral, destacó que el organismo da “todas las garantías institucionales” y que entiende que los partidos de la coalición de gobierno, que han dado un “apoyo expreso a la LUC”, también debían enviar delegados para “controlar lo que se está llevando adelante”, además de “auxiliar a quienes estén trabajando en este tema por cualquier evento que pueda suscitarse”.

Al fondo de la sala, el ministro de la Corte José Korzeniak conversa con funcionarios. Allí hay una mesa larga con ocho cajas con diversos nombres que dan cuenta del tipo de descarte en una primera instancia: “Excluidos”, “Inhabilitados”, “Cancelados”, “Menores”, “Dedo izquierdo”, “Para rastreo” y “Registro dactiloscópico”.

Desde la institución explicaron a El País que en algunos casos los funcionarios deberán rastrear el documento con la impresión dactilar del Registro Civil, porque el problema radica en la calidad de la imagen tras el escaneo. A veces, también, en esta amplia gama de situaciones que llevan a la invalidación, la papeleta no tiene valor pues los dedos tienen su huella desfigurada. Son excepciones. Al fondo, en otra mesa, una funcionaria muestra el caso de una firma que se desecha por la falta de tinta del dedo que marcó una voluntad. Luego aclara: “Pero están todas bastante bien”.