Un año de desencuentros

Ejecutivo convocó a las gremiales rurales para el miércoles; no saben si irán.

El gobierno quiere que las principales gremiales rurales se vuelvan a sentar a la mesa de negociación de los Consejos de Salarios el próximo miércoles. Estas evaluarán el lunes y el martes qué hacer pero su disconformidad sigue; la Asociación de Cultivadores de Arroz, en una decisión poco habitual en una cámara empresarial, recurrió ante el Ministerio de Trabajo la decisión por la que se aplicó un correctivo de aumento salarial del 2,52% en el sector arrocero con retroactividad al 1º de julio. La oposición al correctivo (que para la ganadería fue de 2,02%), que las gremiales entienden que no correspondía, fue la razón por la que las organizaciones le dijeron al gobierno en agosto que no participarán, al menos por ahora, de las negociaciones tripartitas. Se fueron del grupo 22 de los Consejos de Salarios, que reúne a la ganadería, la agricultura de secano, la caña de azúcar, la lechería y el arroz.

El gobierno había decretado en 2016 los aumentos para dos años para los trabajadores de la ganadería, el arroz, la lechería y otros sectores porque no se había llegado a un acuerdo entre el Ejecutivo, los sindicatos y el sector privado. Durante la mayor parte de vigencia del decreto no se aplicaron correctivos porque no correspondían en función de la inflación verificada, pero el Ejecutivo decidió aplicar uno de 2,02% con retroactividad al 1º de julio

Alfredo Lago, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, dijo a El País que si el recurso es rechazado será elevado al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Todo el proceso puede llevar más de 200 días, pero la gremial lo quiere llevar adelante para dejar sentada su disconformidad. El impacto del incremento son US$ 2 millones adicionales en costos al año para un sector que atraviesa dificultades importantes, dijo Lago. En setiembre, octubre y noviembre se siembra el arroz que se cosecha en abril y está previsto que el área a implantar caiga de 165.000 hectáreas a 138.000 hectáreas, recordó Lago. En Uruguay hay unas 50 plantas arroceras de las empresas Glencore, Saman, Casarone y Coopar de las que estarían "sobrando" al menos 5 "porque hay una capacidad ociosa grande" lo que ya generó problemas de empleo en Río Branco, Cerro Largo, explicó Lago. Esta situación solamente se puede revertir con más área de siembra cuando se incremente la competitividad, señaló.

En el sector arrocero trabajaron en la zafra pasada 3.000 personas y en esta lo harán solamente 1.500. En 2017 el arroz representó el 5% de las exportaciones de Uruguay. Se vendieron al exterior US$ 448 millones del cereal.

Un informe de Asociación de Cultivadores de Arroz de este mes sintetizó: "La situación del sector arrocero se ha vuelto crítica debido a que se llevan cinco años de pérdidas ininterrumpidas pese a los buenos rendimientos y a las ventas que se han alcanzado. Los costos de producción, en una realidad cambiaria poco favorable para el país, han afectado la rentabilidad de las empresas", señala. Y agrega que "la situación que se plantea es compleja y tiene el agravante de que el cultivo de arroz es un fuerte dinamizador a nivel local, tanto por los puestos de trabajo que genera directamente en el cultivo y en la industrialización, como en los servicios orientados al sector productivo a lo largo de toda la cadena de producción".

La Asociación Rural del Uruguay no ha tomado aún una postura respecto a la invitación del gobierno pero su presidente, Pablo Zerbino, es proclive a concurrir más que nada para enviar una señal de que su gremial está dispuesta al diálogo. Pero dijo a El País que "tendría que haber un cambio grande para volver a los consejos". Zerbino señaló que en el caso de la ganadería, el incremento salarial no implicaba un monto tan significativo como en el arroz, pero la gremial entiende que el ajuste fue decidido de manera arbitraria.

"Esto no es contra el gobierno pero no está atendiendo cómo debe la situación", sostuvo. Las complicaciones en el agro trascienden a los sectores lechero y arrocero que son los que más atención han concitado, aseguró. En este sentido, destacó que se pasó de necesitar 660 hectáreas de cría a 770 para cubrir una canasta familiar y que se perdieron 50.000 empleos en los últimos tres años. Zerbino dijo que hay arroceros que se van a Paraguay y Bolivia y que hay que tratar "de no seguir perdiendo gente".

La decisión de retirarse fue tomada por la Asociación y Federación Rural, las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF), la Asociación Nacional de Productores de leche y los cultivadores de arroz. Virginia San Martín, presidente de la CAF, dijo a El País que las cin- co organizaciones intentarán consensuar una respuesta y opinó que podría ser positivo ir a la reunión por si el gobierno ofrece "algo diferente". También reconoció que, por ahora, "no están dadas las condiciones porque no ha habido ningún cambio".

El otro gran motivo para el retiro de las gremiales era la situación conflictiva en Conaprole que "sigue un poco tensa", dijo San Martín, y consideró que el Ministerio de Trabajo no se ha mostrado equilibrado en el tema. La CAF reúne a cooperativas agrícolas, ganaderas, hortifrutícolas y lecheras.

Si las gremiales rurales más grandes no vuelven al Consejo de Salarios será la segunda ronda consecutiva en la que no participan.

Año de desencuentros entre las gremiales y el gobierno

La relación entre las gremiales rurales y el gobierno no pasa por un buen momento. El tradicional discurso de cierre de la Expo Prado a cargo del presidente de la Asociación Rural, Pablo Zerbino, pintó un panorama sombrío. "No es aceptable que en un mundo demandante de alimentos, con buenos valores internacionales, en un país bendecido para producir con calidad y en forma natural, la estructura de costos que soportamos nos lleve lenta, pero inexorablemente a una nueva crisis", dijo Zerbino. La Asociación Rural del Uruguay (ARU) sostuvo que "una vez más el agro cual chiripá ha sido ladeado en el desarrollo de las políticas económicas del gobierno" y reclamó condiciones justas para trabajar en paz".

Según Zerbino, "la falta de competitividad es la causa de la carestía para vivir y producir en Uruguay y también la causa de la emigración" por lo que reclamó "condiciones justas para trabajar en paz"."El equilibrio fiscal debe lograrse con aumento de la producción y no perjudicándola con impuestos ciegos que no contemplan la rentabilidad del negocio", sostuvo el presidente de la Asociación Rural. Zerbino dijo que el diálogo con el gobierno este año fue "entrecortado" y que las medidas que el Poder Ejecutivo adoptó para el sector en cuanto a rebajas y exoneraciones impositivas fueron demasiado "acotadas".

El 23 de enero pasado en Durazno, el movimiento "Un solo Uruguay" realizó un acto de protesta por la situación del agro y comenzó una etapa de desencuentros que, en buena medida, sigue hasta ahora. Incluso, en febrero, el presidente Tabaré Vázquez se trenzó en una dura discusión callejera con el colono Gonzalo Arrieta, luego de una reunión en el Ministerio de Ganadería con las principales gremiales rurales.

Esta semana, "Un solo Uruguay" publicó un tuit en el que señala que se pierden tres productores rurales por día.