COMPLEJO MULTIMODAL

La expresidenta de Antel, Carolina Cosse, su sucesor en el cargo, Andrés Tolosa, y los exvicepresidentes del ente, Pablo Barletta y Daniel Fuentes, se contradijeron en sus declaraciones en la Fiscalía acerca de si vieron o no en el directorio las proyecciones del costo del Antel Arena.

El fiscal especializado en Delitos Económicos Enrique Rodríguez citó a declarar como imputados a los exjerarcas de Antel. Lo hizo tras una denuncia realizada por la actual administración de la empresa sobre eventuales irregularidades en las compras directas para la construcción del edificio.

La denuncia fue elaborada por el abogado Gustavo Bordes y presentada por el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez. Uno de sus ejes expresa que la administración pasada del ente realizó las obras sin llamar a licitación, escudándose en que se encontraba bajo un régimen de competencia en el mercado de celulares.

Rodríguez investiga sobre cómo se gestó la obra, si existieron o no estudios de prefactibilidad del Antel Arena y si se elaboró o no un proyecto económico, entre otras cuestiones.

En una audiencia de ayer, el fiscal indagó al expresidente de Antel, Tolosa, quien sustituyó a Cosse -que pasó a ser ministra de Industria- al frente de la empresa estatal. Durante la administración de Tolosa se construyó el Antel Arena.

Ante el fiscal Rodríguez, Tolosa señaló que accedió a planillas que referían a los costos del Antel Arena, tanto sobre su obra civil -edificación del complejo- como de su amoblamiento.

Tolosa reconoció que no guardó copias de esas planillas. Sin embargo, advirtió que el directorio de Antel las vio y que las mismas incluían informes técnicos con los costos detallados del complejo.

Según los exjerarcas de Antel durante la pasada administración, la obra civil de Antel Arena rondó los US$ 40 millones y el amoblamiento y las plazas alcanzaron otros US$ 40 millones.

El 28 de julio de este año, Cosse expresó que, cuando asumió como presidente de Antel en mayo de 2019, en algunos servicios y oficinas ya existía la idea de construir un escenario multimodal para realizar espectáculos y promocionar la marca Antel.

En distintos informes, la administración frenteamplista enmarcó la construcción del Antel Arena en un proyecto de marketing -el nombre de la empresa se iba a repetir cada vez que se realizara un espectáculo o cuando alguien lo tomara como referencia de lugar.

No obstante, desde el actual oficialismo en Antel se entiende que la edificación fue “una tabla de salvación” para la Intendencia de Montevideo, cuyas arcas no podían afrontar el costo de refaccionar el Cilindro Municipal tras un incendio y derrumbe.

En su declaración en la Fiscalía, Cosse dijo que nunca vio el presupuesto de las obras de construcción del Antel Arena. Sí señaló que la empresa pública calculó un retorno de US$ 12 millones anuales, lo que llevaría a recuperar la inversión en un plazo de 10 años. Y recordó que, recién al cumplirse los 30 años del emprendimiento, la inversión va a pasar a ser administrada por la intendencia, que es dueña del predio, pues allí estaba el Cilindro Municipal

Ese tema también fue analizado en la audiencia. Bordes le preguntó por qué Antel no compró un terreno para edificar un Antel Arena. Cosse respondió: “Saldría más caro”.

Por su parte, el exvicepresidente del ente, Pablo Barletta, afirmó que los jerarcas del ente sabían cuánto era el presupuesto del Antel Arena.

Bordes presentó en la Fiscalía una copia del diario El País fechado el 17 de agosto de 2015 donde Barletta había declararon no tener presente los costos finales de la obra.

En tanto, el exvicepresidente Fuentes dijo que los jerarcas de Antel sí manejaron los costos del Antel Arena y que ello consta en las actas del directorio. Y agregó que confiaba en los servicios y gerencias que asesoraban al ente.

El entonces director blanco de Antel, Gustavo Delgado -hoy vicepresidente de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec)- señaló públicamente que en el directorio del ente no se sabía nada de los costos del Antel Arena.

Además del precio final que Antel pagó por el complejo, el fiscal Rodríguez investigará si el ente podía contratar en forma directa a empresas constructoras. Durante la administración anterior, se realizaban llamados a dos o a tres empresas y luego se elegía a la más idónea de acuerdo a criterios internos.