LA OTRA CARA

Este miércoles, el director de Antel en representación del Frente Amplio, Daniel Larrosa, presentará ante Fiscalía "información valiosa que fue omitida en la denuncia penal" contra el Antel Arena, emitida en noviembre de 2021.

"Se demuestra que no hay hechos de apariencia delictiva, sino una maniobra para desprestigiar a la anterior gestión", detalló Larrosa a través de su cuenta de Twitter.

El director de Antel asegura que la denuncia "omite auditoría de Antel con análisis exhaustivos de todas las compras. Oculta el plan de negocios, que existe y es completo". "El costo del complejo resultó el previsto allí, y el negocio es superavitario. Deben considerarse los derechos de denominación", agrega Larrosa.

Según detalla el director, en la denuncia se omitieron los siete informes jurídicos favorables al proyecto así como tampoco se solicitó "la declaración del autor de un informe jurídico contundente y previo justificando competencia, oportunidad y conveniencia".

En la información que presentará Larrosa ante Fiscalía, se detalla que "el trabajo entregado por el asesor externo (Ecovis) no es una auditoría, y tiene un cúmulo de errores graves y omisiones", por lo que "no es válido" que el análisis de Jutep se base solo en este informe.

Finalmente, el director de Antel acusa al ente de haber contratado a un abogado que no cumple con dos de las cosas por las que se denuncia al proyecto: "Es contratación directa y contradice observaciones del Tribunal de Cuentas. También supera tope de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)".  Además, envió un mensaje directo a Gabriel Gurméndez, actual presidente del ente: "El presidente de Antel no firma la denuncia…¿por qué?", cerró.

En noviembre de 2021, Antel presentó en Fiscalía una denuncia penal por presuntas irregularidades en la construcción del complejo multifuncional Antel Arena.

La demanda está basada en las conclusiones y en el estudio de las dos auditorías que se realizaron. Este análisis determinó, entre otras cosas, que la obra tuvo un costo de US$ 120 millones. Este monto es tres veces superior que lo comunicado en un inicio por la entonces presidenta de Antel Carolina Cosse, hoy intendenta de Montevideo.

Según explicaron fuentes de la empresa pública a El País, las auditorías se hicieron “con una mirada penal realizada” por un equipo de abogados encabezado por el penalista Gustavo Bordes, que se decidió que represente a la empresa estatal en esta instancia.

La Jutep afirmó que el proyecto que en su momento defendió y llevó adelante Cosse no contó con una “buena administración” bajo ningún punto de vista: tanto en materia de “gestión financiera, como en el uso de los procedimientos idóneos para alcanzar los fines”.