COMPLEJO MULTIFUNCIONAL

Antel presentará hoy en Fiscalía una denuncia penal por presuntas irregularidades en la construcción del complejo multifuncional Antel Arena.

La demanda, que se radicará esta tarde en Fiscalía, está basada en las conclusiones y en el estudio de las dos auditorías que se realizaron. Este análisis determinó, entre otras cosas, que la obra tuvo un costo de US$ 120 millones. Este monto es tres veces superior que lo comunicado en un inicio por la entonces presidenta de Antel Carolina Cosse, hoy intendenta de Montevideo.

Según explicaron fuentes de la empresa pública a El País, las auditorías se hicieron “con una mirada penal realizada” por un equipo de abogados encabezado por el penalista Gustavo Bordes, que se decidió que represente a la empresa estatal en esta instancia.

En la denuncia se adjuntará también el informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) de setiembre de este año en el que “se constató violación a principios y normas de conducta” que pueden “configurar falta administrativa”, “sin perjuicio de las responsabilidades políticas, civiles y penales que puedan corresponder a los funcionarios involucrados”.

La discusión sobre el costo final del Antel Arena terminará finalmente en el despacho de un fiscal que, una vez presentada la denuncia, deberá determinar si hay o no elementos para iniciar una investigación.

El 2 de junio de este año el vicepresidente de Antel, Roberto Bouvier, anunció en conferencia de prensa que la empresa estatal elevaría a la Fiscalía los resultados de una auditoría interna del complejo multifuncional. “Resumiendo, (el estadio) costó US$ 120 millones, debíamos US$ 47 millones (en junio de 2020) y vale US$ 34 millones”, señaló ante la prensa Bouvier.

El jerarca también informó que la auditoría confirmó la “existencia de apartamientos y contravenciones a normas y principios en materia de contratación administrativa”, y que el informe jurídico de Ecovis (firma independiente encargada de la auditoría) demostró que “se vulneraron los principios rectores que rigen las normas relativas a buena administración”, en cuanto al respeto estricto de los procedimientos de contratación y el deber de procurar “la máxima eficiencia”.

En la denuncia penal también se incluirá el informe de la Jutep que, entre otras cosas, concluyó que en la obra se constató la violación a principios y normas de conducta; más allá de las responsabilidades penales que puedan corresponder a los jerarcas involucrados en el proyecto.

El fallo de la Junta explica además que las conclusiones a las que se llegaron están fundadas en las evidencias logradas por el auditor externo contratado por Antel. Estas fueron consideradas “suficientes conforme el requerimiento del organismo en cuanto a determinar posibles violaciones a los principios y normas éticas contenidas en las disposiciones vigentes sobre la conducta debida de los funcionarios públicos”.

La Jutep afirmó que el proyecto que en su momento defendió y llevó adelante Cosse no contó con una “buena administración” bajo ningún punto de vista: tanto en materia de “gestión financiera, como en el uso de los procedimientos idóneos para alcanzar los fines”.

Y la “buena administración”, según expuso el organismo, es un “precepto constitucional”, un “derecho de todo administrado” y un “principio rector básico que debe inspirar a todo administrador público”.

En esa línea, se cuestionó que Antel siguiera adelante con la obra pese a las reiteradas observaciones que hizo el Tribunal de Cuentas, así como que se comprometieran gastos “sin crédito disponible en forma frecuente”, y no se hubiera “ajustado la actuación a las normas de administración financiera en lo relativo al manejo de dineros públicos”.

También se criticó en forma enfática que se decretara “infundadamente” la reserva de la información vinculada a este emprendimiento y que se “hiciera caso omiso a los señalamientos de órganos especializados que alertaron sobre la improcedencia de esa reserva”.

El actual presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, había divulgado el fallo de la Jutep en su cuenta personal de Twitter ni bien llegó el documento a la oficina de la empresa estatal el mes pasado.

En esa red social afirmó que las conclusiones de la Junta de Transparencia iban a ser incorporadas a “la denuncia penal correspondiente”, algo que ya había sido adelantado cuando Antel dio a conocer la auditoría de Ecovis.