INVESTIGACIÓN

Después de la feria judicial de enero pasado, se reanudaron las investigaciones del fiscal especializado en Delitos Económicos, Enrique Rodríguez, sobre las denuncias de supuestas irregularidades en la construcción del complejo multifuncional Antel Arena y en la gestión del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) durante la administración del Frente Amplio. Carolina Cosse, Marina Arismendi y Ana Olivera serán citadas a declarar en calidad de indagadas.

“Las citaciones por la denuncia sobre el Antel Arena están previstas para las próximas semanas. Ya terminé el estudio de la documentación (presentada por los denunciantes) y leí informes de auditorías y técnicos sobre la obra”, dijo a El País el fiscal Rodríguez.

Agregó que citará a la brevedad a la expresidenta de Antel y actual intendenta de Montevideo, Cosse, además de a integrantes del directorio anterior del ente.

El fiscal sostuvo que también serán convocados ingenieros y otros profesionales que participaron en la construcción del Antel Arena, y los expertos contables que armaron el presupuesto de la obra.

El 8 de noviembre de 2021, el abogado penalista Gustavo Bordes, en representación del directorio de Antel, presentó una denuncia en la Fiscalía sobre eventuales anomalías en la edificación del complejo Antel Arena.

El escrito, al que accedió El País, se basó en las conclusiones de una auditoría externa elaborada por la firma Ecovis.

Dichas conclusiones señalan que la obra tuvo un costo de US$ 120 millones. Ese monto es tres veces superior que lo comunicado en un inicio por Cosse. La auditoría de Ecovis también confirmó la “existencia de apartamientos y contravenciones a normas y principios en materia de contratación administrativa”.

El informe además señaló que en la obra “se vulneraron los principios rectores que rigen las normas relativas a la buena administración”, en cuanto al respeto estricto de los procedimientos de contratación y el deber de procurar “la máxima eficiencia”.

En la denuncia elaborada por Bordes también se agregó un informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) de setiembre de 2021 en el que “se constató (en la obra) la violación a principios y normas de conducta” que pueden “configurar falta administrativa”, “sin perjuicio de las responsabilidades políticas, civiles y penales que puedan corresponder a los funcionarios involucrados”.

Una vez que se conoció el fallo de la Jutep, la intendenta Cosse fue crítica con la auditoría de Ecovis en la cual se basó el organismo.

Cosse dijo en ese entonces que el informe sobre el Antel Arena que realizó la Jutep se basa en una “pseudo auditoría” elaborada por el estudio de un “militante herrerista”. Y señaló que detrás de la denuncia parecería ser “que hay un sector del Partido Nacional que está obsesionado con Antel y con las empresas públicas”.

“Quiero expresar mi total confianza en todas las personas y los funcionarios que trabajaron para la concreción del Antel Arena”, afirmó también en ese entonces Cosse.

EL 2 de noviembre de 2021, el director de Antel por el Frente Amplio, Daniel Larrosa, se refirió a la existencia de una serie de “errores muy burdos” en la auditoría realizada por la consultora Ecovis sobre el complejo Antel Arena.

Larrosa dijo que le llamó la atención la diferencia entre la auditoría de Ecovis y los datos que el Tribunal de Cuentas recabó en 2019. Ante esa situación, se pidieron los “datos base” para el estudio que realizó la empresa, señaló Larrosa, y aseguró que allí encontraron 12 errores.

Al día siguiente, el 3 de noviembre de 2021, la firma Ecovis emitió un comunicado donde “rechaza enfáticamente” las afirmaciones que habían sido realizadas por Larrosa. Y además agrega: “Ecovis nunca fue consultada por Larrosa acerca del trabajo realizado ni tuvo contacto ninguno con él o su equipo como para esclarecer las dudas que pudieran tener. A la luz de los comentarios vertidos en prensa (por el director Larrosa), entendemos que dicha instancia hubiera sido necesaria para evitar confundir a la opinión pública”.

Otro tema que generará también citaciones de exjerarcas, pero en este caso del Mides, es una denuncia presentada ante el fiscal Rodríguez por el actual gobierno el 4 de febrero de 2021.

Esa denuncia también fue elaborada por Bordes e impulsada por el exdirector General de Secretaría del Mides y actual asesor del presidente Luis Lacalle Pou, Nicolás Martinelli.

Al igual que en el caso del Antel Arena, el escrito de Bordes se basó en los resultados de una auditoría en ese ministerio. El informe del equipo auditor detectó compras “innecesarias” y “superpuestas” de material de limpieza y equipamiento destinado a refugios.

Según fuentes del caso, el Mides efectuaba cambios de heladeras, microondas, hornos y cocinas de los refugios y luego estos electrodomésticos no regresaban a los depósitos de la cartera. Hasta ahora se desconoce su destino.

La denuncia señala también que en 2016 el Mides adquirió en US$ 67.000 dos máquinas enfardadoras de material para los recicladores. Una de ellas quedó abandonada en los depósitos de dicho ministerio.

Otra compra destinada a los recicladores fue la de siete generadores de energía. Solo uno de ellos fue entregado a recicladores, pero como no tenían dinero para la nafta lo devolvieron a la cartera.

Los siete generadores hoy se encuentran en los depósitos del Mides. Costaron US$ 31.500.

El 5 de noviembre de 2021 declararon ante el fiscal Rodríguez cuatro funcionarios de Proveeduría sobre los procesos licitatorios, adquisiciones, procesos de registro y stocks de mercaderías en el Mides.

Uno de los empleados testificó en la Fiscalía que “había un descontrol” de lo que entraba y salía del depósito del ministerio, donde se acumulaban mercaderías tan disímiles como pañales para prematuros, electrodomésticos y artículos de cocina, entre otros.

Consultado por El País, el fiscal Rodríguez afirmó que continúa la indagatoria sobre la gestión anterior del Mides. Y agregó que las próximas personas a citar serán la exministra Arismendí, la exsubsecretaria Olivera y altos cargos gerenciales.

Según Rodríguez, esta investigación está “más avanzada” que el expediente del Antel Arena porque comenzó bastante antes.