Reglamentan la normativa

Desde agosto un jerarca no podrá tener "offshore"

Según ley Antilavado no será delito, pero deberá renunciar.

Espinosa: el secretario Antilavado informó a los legisladores sobre el decreto reglamentario de la ley que fuera aprobada a fines de 2017. Foto: A. Colmegna
Espinosa: el secretario Antilavado informó a los legisladores sobre el decreto reglamentario de la ley que fuera aprobada a fines de 2017. Foto: A. Colmegna

A partir del mes de agosto, los jerarcas públicos no podrán tener ni formar parte de una sociedad offshore, en cuyo caso no cometerán delito, pero sí deberán renunciar. El próximo mes estará listo el decreto reglamentario de la ley antilavado en donde constará esa novedad, según explicó a El País el director de la Secretaría Nacional Antilavado, Carlos Espinosa.

El jerarca concurrió a la comisión bicameral sobre el lavado de activos a exponer detalles de la reglamentación de la ley que se aprobara a fines de 2017.

En el caso de las offshore, Espinosa aportó a la comisión un borrador con la nueva disposición que reforma el artículo 9° de la ley. El mismo establecerá que a partir de la aprobación del decreto reglamentario todos los jerarcas comprendidos en la ley deberán declarar si tienen vinculación o no con una sociedad de ese tipo, y en tal caso la persona deberá dejar el cargo.

"El decreto reglamentará la forma en que se presentarán esas declaraciones y el organismo que lo controlará, que seguramente sea la Jutep", señaló Espinosa.

El jerarca explicó que la persona que tenga una offshore o participación en ella no cometerá un delito en sí mismo, pero enfatizó en que "deberá dejar el cargo". La prohibición alcanzará solamente a empresas offshore y no a cuentas bancarias, aclaró.

Esta ley antilavado despertó en su momento el rechazo de diferentes colectivos —como abogados, contadores y escribanos—, que en más de una ocasión a lo largo del proceso de discusión del texto han manifestado su oposición a diferentes puntos de la propuesta.

Por eso, Espinosa mantuvo una serie de contactos con ellos donde se analizaron distintos borradores con disposiciones, habiendo logrado "mayormente consenso" por lo cual opinó que ahora la norma será aplicada con mayor facilidad por los sujetos obligados.

En esta discusión "se ha ido tratando de simplificar los procedimientos de control para permitirles un adecuado control, pero sin entorpecer la labor profesional o comercial de cada sector", dijo el jerarca.

El punto de mayor dificultad en estas reuniones fue el delito fiscal, es decir cómo se verifica un delito de ese tipo, que es nuevo. En la reglamentación está cómo se determina, qué tiene que pedirle el profesional a la persona, o cuánta documentación para respaldar el origen del dinero.

La reglamentación "es buena para todos los sectores que tienen que aplicar la ley antilavado, pero también lo es para los clientes que sabrán lo que el profesional les va a pedir", explicó Espinosa.

"El decreto reglamentario está casi finalizado. Eso le dijimos a la comisión" que sigue el tema, añadió el director de la secretaría antilavado.

El proyecto de ley original fue ingresado en el Parlamento en noviembre de 2016, y sancionado en diciembre pasado.

La ley tiene entre sus objetivos poner en orden la legislación nacional de cara a la evaluación que realizará en 2019 el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Espinosa explicó a los legisladores que esta ley incluye 33 delitos vinculados con el lavado y en ese sentido se agregó la defraudación fiscal y el sicariato, y que se añaden nuevos sujetos agregados a los controles como los abogados y contadores, que se suman a los escribanos.

Espinosa era gerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay, pero en abril de 2017 asumió en la Secretaría Nacional Antilavado debido al fallecimiento de quien era el titular del organismo, Carlos Díaz.

"Si Brechner sigue vinculado, deberá dejar su cargo actual"

Las repercusiones del decreto reglamentación de la ley Antilavado podrían ser mayores a lo esperado. En estos días la bancada de senadores del Partido Nacional decidió convocar a la comisión investigadora sobre los Panamá Papers a uno de los hijos del presidente Tabaré Vázquez, Javier Vázquez, y al actual presidente del Plan Ceibal, Miguel Brechner, quien participa de una offshore en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) con fondos por cientos de miles de dólares, generados con la venta de acciones de la empresa de software Sonda, filial de la multinacional chilena, a la que Brechner estuvo vinculado antes de sumarse al gobierno, según informó el semanario Búsqueda. El mismo semanario había revelado en pasadas ediciones que Javier Andrés Vázquez abrió cuentas bancarias en Panamá previendo recibir dinero de empresas que hicieron negocios con Venezuela. El secretario nacional Antilavado Carlos Espinosa fue consultado ayer en el Parlamento sobre ambas situaciones. "En el caso del hijo del presidente Vázquez, no es funcionario y por eso no le aplica la prohibición", explicó Espinosa. "Y en el caso de Brechner, en la medida en que se apruebe el decreto reglamentario, los organismos que lo designaron van a tener que requerirle la declaración" de que no está vinculado a una sociedad offshore "y en caso de que mantenga una vinculación debería renunciar al cargo", afirmó el jerarca.

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