A diez años de la regulación de Uber, ediles presentan proyecto contra los "truchos"; IMM ingresa US$ 2,5 millones anuales

Durante un breve periodo tras su desembarco en Montevideo en 2015, Uber operó sin regulación. Al año siguiente, en un contexto en el que la Gremial del Taxi exigía la prohibición de la empresa, la Intendencia de Montevideo creó una normativa específica para el transporte mediante aplicaciones. El decreto incluye, entre otras disposiciones, el control sobre la cantidad de permisarios y un canon que debe abonarse a la comuna para destinarlo a "mejoras" en la movilidad.

Desde entonces, el conflicto más recurrente entre la empresa y la intendencia ha sido la solicitud de habilitar más permisarios (es decir, personas autorizadas para operar vehículos) en la plataforma. Actualmente hay cerca de 2.000; no obstante, meses atrás surgió un nuevo inconveniente: la presencia de conductores "truchos" en Uber y también en Cabify.

Por este motivo, se presentó en la Junta Departamental un proyecto de decreto que busca combatir esta irregularidad y fortalecer los controles sobre los conductores.

"La Intendencia de Montevideo va a saber, por primera vez, quiénes trabajan en las aplicaciones", afirmó el edil del Partido Nacional, Rafael Seijas, quien presentó la iniciativa con el apoyo del oficialismo.

Seijas explicó que, en el escenario actual, la intendencia permite que cualquier persona que maneje taxi o remís utilice aplicaciones de transporte sin necesidad de un registro específico. El resto de los aspirantes solo puede operar si cuenta con un permiso, pero la comuna ha abierto las inscripciones apenas dos veces desde que se reglamentó Uber, hace una década.

"Buscamos la seguridad del usuario. Hay padres que envían a sus hijos en Uber o Cabify, y queremos que, al utilizar este sistema de transporte, tengan la garantía de que viajan con choferes y vehículos debidamente habilitados", concluyó el edil.

Como antecedente, el proyecto recuerda la denuncia presentada en noviembre pasado por Seijas junto a gremios de conductores de aplicaciones. En aquella oportunidad, presentaron ante la Fiscalía pruebas sobre el funcionamiento de una red de estafas que se aprovechaba de la falta de fiscalización en las plataformas.

Según la denuncia, existían conductores que operaban a través de aplicaciones "sin poseer el permiso requerido ni contar con vehículos habilitados; en varios casos, incluso se alteraba documentación para permitir que personas sin la licencia profesional correspondiente prestaran el servicio".

Tal como lo había informado El País, se utilizaban matrículas de taxi como fachada. El usuario solicitaba un viaje mediante la aplicación, pero al arribar el vehículo, se encontraba con un auto particular. El conductor argumentaba que su unidad habitual estaba en el taller y realizaba el traslado de todos modos. De esta forma, el dinero de la aplicación se acreditaba en la cuenta asociada al taxi, para luego repartirse entre los conductores irregulares que efectuaban los viajes.

El proyecto de Seijas propone diversas medidas. En primer lugar, plantea que la intendencia cree un registro obligatorio de conductores habilitados para trabajar con las plataformas y que, a su vez, emita un carné identificatorio.

Exige, además, que las empresas establezcan este documento como "requisito de admisibilidad" antes de autorizar a cualquier conductor. Asimismo, solicita que las plataformas presenten anualmente a la comuna una nómina de los conductores habilitados, con el fin de que el organismo coteje dicha información con su propio registro.

"Si la intendencia detectara la presencia de conductores no habilitados, la plataforma deberá darlos de baja de forma inmediata, siendo pasible de sanciones por dicha irregularidad", señala el articulado.

Para fortalecer la fiscalización, el proyecto propone que los vehículos cuenten con un código QR, el cual permitirá a los inspectores de la comuna acceder instantáneamente a la información detallada del chofer y del rodado.

Finalmente, la iniciativa busca equiparar los derechos de los permisarios de aplicaciones con los de los taxistas y remiseros. Por un lado, plantea que los permisos sean transferibles "a una persona con vínculo sanguíneo o de parentesco sin costo alguno, o a un tercero, mediante el pago de la tarifa que la intendencia establezca para el cambio de titularidad". Por otro lado, habilita a que los permisarios puedan acceder al sistema de leasing para adquirir sus vehículos a un menor costo.

El proyecto —que es en su totalidad de Seijas— fue presentado conjuntamente por edil nacionalista y por el coordinador de la bancada del Frente Amplio —quien preside la Comisión de Movilidad Urbana—, Gonzalo Zuvela.

Según explicó Seijas, el objetivo fue lograr el respaldo del oficialismo mediante la adaptación de los planteos, garantizando así que la iniciativa no naufrague. El texto deberá ser tratado ahora en la citada comisión, donde probablemente experimentará modificaciones antes de ser sometido a votación en el plenario de la Junta. "Aspiro a que antes de fin de año esté aprobado", concluyó el edil.

El edil nacionalista sostiene que debe establecerse una situación más equitativa para los permisarios de las aplicaciones, argumentando que estos, al igual que los taxistas, tributan ante la intendencia.

El decreto de diciembre de 2016 establecía que cada permisario debía abonar un canon de 0,45 Unidades Indexadas (aproximadamente $ 3 a valores actuales) por cada kilómetro recorrido durante sus viajes. Lo recaudado debía destinarse en su totalidad a un Fondo de Movilidad creado por dicho decreto, cuyo texto estipulaba: "Los fondos en él depositados deberán emplearse para la mejora de las condiciones de movilidad en el departamento".

Sin embargo, la comuna no ha especificado el destino de estos recursos. Ante un pedido de acceso a la información pública realizado por El País, la intendencia detalló la recaudación anual obtenida por este concepto desde 2017 hasta 2025: en 2017 fueron $ 54.546.905; en 2018, $ 140.674.488; en 2019, $ 103.501.114; en 2020, $ 116.801.210; en 2021, $ 88.514.379; en 2022, $ 113.018.150; en 2023, $ 99.986.776; en 2024, $ 99.557.868, y en 2025, $ 105.596.027.

Como se observa, la comuna recibió un promedio anual cercano a los US$ 2,5 millones, cifra que se integra a un presupuesto total del Departamento de Movilidad de aproximadamente US$ 90 millones. El País solicitó información sobre el uso específico de los recursos del Fondo de Movilidad desde 2017 a la fecha; no obstante, la intendencia omitió brindar una respuesta al respecto.