Redacción El País
Este miércoles, en el chalet de Mar Chiquita y Mar del Coral (Punta del Este) se recreó el asesinato del empresario Gonzalo Aguiar, ocurrido el pasado 26 de febrero cuando su expareja Romina Camejo le disparó cuatro veces.

El fiscal Sebastián Robles indaga si el caso se trató de un homicidio o de una legítima defensa. Al momento, Camejo (26 años) cuenta con medidas limitativas que le impiden salir del país. Estas medidas están vigentes hasta el mes de julio. Mientras tanto, su abogado, Camilo Silvera pretende probar que mató a su exmarido para defenderse ante una agresión.

La reconstrucción realizada ayer contó con la presencia de Camejo, quien le mostró al fiscal Robles y a su equipo cómo se desencadenaron los hechos.

Al momento de su muerte, Aguiar estaba siendo indagado por el cierre intempestivo de la empresa Boreal S.A. Esta compañía tenía inversores canadienses que denunciaron a Aguiar, su referente en Uruguay, por malversar fondos.

Aguiar recibió al menos US$ 27 millones en transferencias bancarias de los ejecutivos canadienses. También trascendió que Aguiar utilizó unos US$ 3,5 millones de fondos de los inversionistas denunciantes para crear una zona franca en la zona de Bella Unión.

A su vez, El País informó días atrás que la Fiscalía de Lavado de Activos investiga a cinco compañías en las que Aguiar ocupaba una silla en el directorio.

Foto: Ricardo Figueredo

El caso también tuvo sus coletazos políticos. El lunes el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, compareció ante el Parlamento tras la denuncia del diputado cabildante Sebastián Cal, quien afirmó que el fallecido empresario lo había amenazado.

A partir de eso surgieron versiones cruzadas. Mientras que el exministro y senador Luis Alberto Heber afirmó que se trató únicamente de “insultos”,

Cal insistió en que fueron amenazas y aseguró que no hizo la denuncia antes por miedo, dado que “Aguiar claramente tenía amigos”.

Heber confirmó que había cinco policías que actuaban como “guardias de seguridad” del empresario.