Ministerio del Interior analiza si operativo por frío provocó baja de los delitos y actividad en “bocas”

La Policía detectó una merma significativa —algunos oficiales superiores estiman que es de hasta un 70%— en los daños a comercios y a vehículos en la zona céntrica de Montevideo, indicaron fuentes de la cartera.

Pobreza en Montevideo
Operativo de evacuación de personas en situación de calle por ola de frio polar.
Foto: Estefanía Leal

El Ministerio del Interior monitorea desde hace 13 días el comportamiento del delito y la actividad de las “bocasde pasta base en el Centro de Montevideo tras la decisión gubernamental de levantar en forma involuntaria a personas en situación de calle en el marco de Plan de Invierno 2025 del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Así lo señalaron a El País tres fuentes de la cartera de seguridad.

La caída de la violencia fue un fenómeno impensado generado por el plan del Mides contra el frío polar.

Esa medida vació los barrios céntricos de Montevideo de personas adictas por las noches, lo cual impactó en la comercialización de drogas y en los ilícitos para generar dinero con el objetivo de comprar estupefacientes, agregaron las fuentes.

Efectos similares se dieron en otros barrios, indicaron.

Pobreza en Montevideo
Operativo policial por traslado de personas en situación de calle en ómnibus de la Policía Nacional a refugios.
Foto: Ignacio Sánchez

Ese panorama fue analizado por el alto mando policial a partir del jueves 26, luego de recibir informaciones verbales de mandos medios sobre una eventual caída de la violencia en barrios conflictivos de Montevideo.

“Algunos barrios quedan vacíos por las noches y ya no se ve el trasiego de adictos hacia las ‘bocas’ de drogas”, dijo un oficial superior a El País.

Según las fuentes, la Policía detectó una merma significativa -algunos oficiales superiores estiman que es de hasta un 70%- en los daños a comercios y a vehículos en la zona céntrica de Montevideo.

Los mismos jerarcas calculan que el descenso de la violencia intrapersonal -asesinatos y lesiones- en los barrios periféricos de la ciudad habría descendido al menos un 50%, aunque advirtieron que los datos son prematuros y se pretende evaluar durante una mayor cantidad de tiempo para confirmar si se trata de una tendencia o no.

Pero lo que más llamó la atención a las autoridades policiales fue la desaceleración de los homicidios por ajustes de cuentas que ocurrían a menudo en algunas zonas capitalinas.

Ese dato “saltó” a integrantes del alto mando policial a los 10 días de iniciada la alerta roja decretada por el Ministerio de Desarrollo Social el 23 de junio pasado por el frío extremo que abarcó todo el país.

Con el correr de los días, los técnicos del Ministerio del Interior pusieron la lupa en las muertes violentas y confirmaron que los episodios estaban descendiendo.

No obstante, las autoridades policiales son cautas: pretenden que apenas se levante la emergencia y no haya riesgo de salud por el frío de las personas en situación de calle como lo establece la Ley de Urgente Consideración (LUC), aprobada en el gobierno anterior, se deje de realizar internaciones involuntarias a personas en situación de calle.

Los jerarcas consultados señalaron que esas medidas son privaciones de libertad de personas y solo se pueden enmarcar en una emergencia social como la que se vive en este momento.

Todo indica que el próximo martes se levantará la orden de que la Policía traslade a refugios y centros del Mides en forma compulsiva a todas aquellas personas en situación de calle que se nieguen a hacerlo por su propia voluntad.

“Hay más de 4.000 personas en situación de calle en todo el país. Es verdad que la emergencia bajó el delito. Pero el problema social lo debe manejar el Ministerio de Desarrollo Social y no la Policía”, dijo una fuente del Ministerio del Interior a El País.

Ministerio del Interior
Ministerio del Interior.
Foto: Estefanía Leal

Cambio

La medida, de sacar por la fuerza a aquellas personas que se encuentran en situación de calle y que podrían tener algún riesgo de salud por el frío, es un cambio radical en la política del Frente Amplio.

“Tampoco queremos que viva nadie en calle porque vivir en la calle no es un derecho. Vivir en la calle es la vulneración de la dignidad de las personas en un sentido extremo, y ahí intervienen muchos factores que tienen que ver con la historia de vida, con la rotura de vínculos, con las adicciones”, afirmó el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, en la sesión de la Comisión Especial de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes realizada el martes 1.

En la comisión, Civila explicó al sistema político las medidas aplicadas para enfrentar la emergencia por el frío.

También recordó que en 2020 le “daba miedo que se pusiera la intervención policial por delante de la intervención social”.

El senador blanco, Nicolás Martinelli, recordó a Civila que le tocó en la administración pasada vivir la misma situación que hoy enfrenta el Frente Amplio pero con un muerto en la calle por el frío y no seis.

“El exdiputado Civila le preguntaba al anterior gobierno: ‘¿De qué se trata la coordinación que anuncia junto entre el Ministerio del Interior y el Mides? ¿La idea es resolver con la fuerza de seguridad el problema de las personas en situación de calle? ¿El foco es el cuidado de la vida o los aparatos represivos van a revictimizar a los descartados?’. Se nos tendría que pedir disculpas” por esas afirmaciones, dijo Martinelli.

El senador del Partido Colorado, Robert Silva, señaló en la comisión que compartía “100%” lo dicho por Civila: vivir en la calle no es un derecho. “Me alegra que el ministro lo haya dicho porque a partir de ahí se despliega un conjunto de estrategias muy importantes en las que el ministerio tiene la rectoría de esas políticas que hay que llevar adelante y que a mí me parecen significativas”, afirmó el parlamentario de la oposición.

Alegan que donaciones a a adictos van para “bocas”

Otro punto que está claro para jerarcas del Ministerio del Interior es el daño que causan las donaciones en dinero realizadas por vecinos a los cuidacoches y a personas que piden limosnas en el puntos céntricos de ciudades uruguayas. Una fuente ministerial dijo a El País que el dinero donado a cuidacoches termina en manos de narcotraficantes, ya que los adictos no necesitan alimentos ni ropas, porque reciben esos elementos de iglesias, restaurantes y de los propios vecinos.

Gonzalo Civila en la presentación de las medidas que adoptará el Mides
El ministro Gonzalo Civila en la presentación de las medidas que adoptará el Mides.
Foto: Ignacio Sánchez.

MINISTRO

Civila: se hacen 6 detenciones de personas sin hogar diarias

En la Comisión Especial de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, insistió en que la información que maneja de personas en situación de calle llevadas en forma compulsiva a los refugios “no son iguales” en los registros de la Administración de los Servicios de Salud del Estado.

Por otra parte, el jerarca ministerial indicó que “se observa que el día con mayor cantidad de intervenciones por internación involuntaria registra un total de cinco casos”, y que, “en el marco de la alerta”, movilizaron el lunes a 600 personas.

De todas formas, Civila aclaró que “no hay capacidad operativa” para desarrollar 400, 500 o 600 internaciones involuntarias. Por lo tanto, continuó el ministro, lo que se está “haciendo es cualitativa y cuantitativamente diferente”, y añadió: “El cuidado de la vida sin duda es la prioridad”.

Con respecto a los dichos del senador blanco Nicolás Martinelli en la Comisión de Población y Desarrollo sobre que se habían alojado a personas en situación de calle en calabozos, el ministro Civila respondió que esos datos están en los informes diarios del Sistema Nacional de Emergencias.

“Yo tengo acá (en la comisión de Diputados) registros de distintos días de la alerta: ocho detenciones, cinco detenciones, cinco detenciones, seis detenciones. Esos son los números; en promedio son seis detenciones diarias”, expresó el titular del Mides.

Y agregó que las detenciones se producen cuando, luego de la intervención policial, se le plantea a la persona en situación de calle que, si no acepta ir a un centro de evacuados o a otro centro de atención, se procederá a evacuarla de forma obligatoria.

“Si la persona se resiste, dicha resistencia configura un desacato”, explicó Civila.

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