El Ministerio del Interior informó este martes acerca de las medidas especiales de reclusión que se tomaron dentro de la Unidad N°1, en el complejo penitenciario de Punta de Rieles, en la que está alojado el narcotraficante Luis Fernández Albín, imputado en agosto de 2025 tras la incautación de 2.200 kilos de cocaína.
Se trata, según informó la cartera, de un "régimen extraordinario de evaluación, separación y seguimiento", aplicable a personas imputadas o condenadas por delitos que representan "un alto riesgo para la seguridad pública".
El sistema, además de sensores de movimiento y videovigilancia, incluye bloqueadores de celulares, doble cerca, escáneres y dobles muros perimetrales. La aplicación de las medidas tuvo en cuenta las "pericias del Instituto Técnico Forense" que "no constataron riesgos ni problemas de salud mental".
Defensa presentará un recurso de habeas corpus
Recientemente, producto de lo que consideró como "aislamiento prolongado", la defensa de Fernández Albín presentó un recurso con el objetivo de que este cese y que se lo traslade a una prisión con otros reclusos. Acto seguido, se llevó adelante el pasado lunes una audiencia en la que los abogados del imputado llegaron a un acuerdo con los del INR, quienes le concedieron a Fernández Albín una visita de sus hijas para el día siguiente, así como el compromiso de resolver sobre su futuro en menos de 48 horas.
Pero esto no fue así. Según pudo saber El País con fuentes del caso, el Ministerio del Interior resolvió mantener las condiciones de reclusión, ya que lo consideran un delincuente con "alto perfil de riesgo" y que representa peligrosidad tanto para la "población carcelaria vulnerable" así como para el exterior.
Tras tomar conocimiento de que no habrá cambios en la situación carcelaria de Fernández Albín, sus abogados retomaron la decisión de continuar el camino del recurso de habeas corpus -utilizado para este tipo de reclamos.
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