SCJ confirma imputación a exjefe de Policía: se lo acusa de revelar datos sobre operativo por faena clandestina

La Suprema Corte de Justicia volvió a dar un giro en el caso que involucra al exjefe de Policía de Tacuarembó, John Saravia, en una investigación por faena clandestina. En primera instancia fue imputado por un delito de revelación de secreto, lo que en diciembre fue archivado por un Tribunal de Apelaciones. En los últimos días se conoció el fallo de la Corte, que volvió a resolver la imputación de Saravia.

La investigación que tiene en la mira al exjerarca lleva casi dos años. En diciembre de 2023 se realizó un operativo en una ruta de Tacuarembó, en el que se detuvo a un hombre que luego sería clave para encontrar conexiones con el policía.

El hombre atrapado en la ruta fue encontrado trasladando lechones de forma irregular. Al momento de ser detenido, realizó una llamada a un conocido, al que le comentó que le habían incautado animales y su vehículo, y le pidió averiguar de qué se trataba el operativo. Lo que no sabía era que su teléfono estaba siendo intervenido por la Policía.

En respuesta a la llamada, el otro hombre le contestó que esperara unos minutos porque se contactaría con el jefe de Policía departamental —Saravia—, al que iba a consultar sobre el tema. Si bien esta segunda persona no tenía su teléfono intervenido, por lo que se desconoce el contenido de sus otras conversaciones, volvió a contactarse con el detenido para contarle que se trataba de un operativo a partir de una denuncia que llegó desde Florida; además, le avisó que tenía el celular intervenido.

Estos dichos dieron lugar a sospechas por parte de Fiscalía con respecto a que el entonces jefe de Tacuarembó había revelado información sensible. Se realizaron triangulaciones de números de celular y se encontró que esa persona efectivamente había llamado al jefe, quien a su vez se comunicó con el director de Seguridad Rural. Los investigadores presumen e intentarán demostrar que hizo esto último para obtener detalles sobre la operación y así comunicarlos a su conocido.

Si bien la jueza de primera instancia de Paso de los Toros, Yamel Tabárez, consideró que correspondía formalizar la investigación contra Saravia, un Tribunal de Apelaciones revocó su resolución, argumentando que no se podía probar el delito, ya que el contenido de la conversación entre el jerarca policial y el otro hombre no estaba grabada.

Fiscalía presentó un recurso de casación a raíz de esta resolución emitida en diciembre del año pasado, asegurando que existen elementos para vincular al exjerarca con hechos ilícitos, encuadrados en el delito de revelación de secretos agravado.

En los últimos días, la Suprema Corte de Justicia amparó la casación. "Se pierde de vista que si bien no se cuenta con el audio y contenido de las mismas (las conversaciones), lo cierto es que en el juicio oral, la Fiscalía puede valerse de otros medios de prueba para poder cimentar una condena", aseguraron los ministros en su sentencia, a la que accedió El País.

De esta forma, consideraron que los indicios presentados durante la audiencia de formalización —en agosto de 2024— fueron suficientes para que se impute a Saravia por el delito solicitado.

Inicialmente las comunicaciones entre el contacto del detenido en la ruta y el exjefe de Policía no fueron puestas en conocimiento de Fiscalía. No fue hasta febrero de 2024, cuando se realizaron allanamientos para volver a detener al hombre de los lechones —que había quedado en libertad— que la fiscal del caso pidió acceder a las escuchas.

En su argumentación durante el proceso, la fiscal aseguró que la Policía le entregó transcripciones "desprolijas, sin orden cronológico y sin destaque de la información que comprometiera al jefe".

En su declaración, Saravia aseguró no haber dado información sobre el operativo, mientras que el otro hombre declaró no recordar quién le pasó el dato de que su amigo tenía el teléfono "pinchado".

Además, la defensa del exjefe apunta a que, en todo caso, no se frustró la investigación, que terminó con la formalización y condena de varias personas por delitos de abigeato y faena clandestina.

Junto al entonces jerarca fueron formalizadas dos personas —el director de Seguridad Rural y un agente—, pero el Tribunal de Apelaciones también las absolvió y Fiscalía no presentó ningún recurso con respecto a ellos.