Condenan a mujer policía por estafar a una anciana: la hizo firmar un documento para quedarse con su herencia

Una funcionaria policial fue condenada por haber engañado a una mujer de 83 años para que firmara un documento que la hacía perder los derechos hereditarios de tres viviendas. También se acusó a la agente de haber extraído sumas millonarias de tarjetas de crédito, aunque esto no pudo ser probado durante el juicio. Inicialmente se estableció la pena de 16 meses de prisión, pero un Tribunal estableció su cumplimiento en libertad vigilada.

Todo comenzó en 2018, cuando la ahora condenada arrendó a la víctima una vivienda en Las Piedras. En el mismo terreno, la mujer contaba con otras dos propiedades que también alquilaba y que eran su fuente de ingreso, junto a una pensión por su difunto esposo.

El mismo día que la funcionaria policial se mudó, la octogenaria tuvo un accidente doméstico, por lo que pasó a vivir con su hijo durante 20 días.

Luego de este período, cuando volvió a su casa, la inquilina inventó un relato de que un vecino había entrado a robar mientras ella no estaba. La propietaria no lo puso en duda, ya que habían entablado un vínculo de confianza. Como consecuencia del supuesto robo, la estafadora la llevó mediante engaños con una escribana, argumentando que la iban a indemnizar por los daños del robo.

Fue así que, como parte de la estrategia, le entregó $ 120.000 y la hizo firmar un documento. Pero en realidad, lo que estaba firmando era un traspaso de los derechos hereditarios, para que de esta forma la estafadora se quedara con todas las propiedades.

Tiempo después de firmar, la ahora condenada reveló sus intenciones, diciéndole a la víctima que ella era ahora "dueña de todo", empezando a cobrar los alquileres y apropiándose de las cuentas. Además, según el relato de testigos durante el juicio, intentaba alejar a la mujer de sus vecinos y amistades, llegando a instalar una cámara en la entrada de su vivienda.

Familiares y amigos señalaron que los problemas comenzaron cuando la estafadora recibió un juego de llaves de la casa de la víctima. Tras esto, empezó a entrar a la propiedad de forma cada vez más frecuente, sin consentimiento, llegando luego a desconectar el teléfono y cambiar el chip de su celular, para evitar la comunicación de la mujer con el mundo exterior.

"Pocha" —como le decían a la víctima— al reparar sobre lo sucedido, decidió contar la situación a su hijo, quien presentó la denuncia.

La Fiscalía de Las Piedras de 3^er Turno, encabezada por Mariana Rodríguez, fue la encargada de llevar adelante la investigación. Al momento de presentar su acusación, pidió que se condene a la policía a tres años y seis meses de prisión por los delitos de estafa, hurto y falsificación ideológica por un particular. Si bien la Justicia hizo lugar al primero de los reclamos, rechazó los otros dos, aminorando así la pena.

"Mediante engaños y estratagemas, hizo que la víctima le cediera sus derechos hereditarios respecto a los bienes que le dejó su difunto esposo", argumentó la fiscal frente a la jueza Sandra Mouzo.

Además, la acusó de haber usurpado títulos de propiedad, así como tarjetas de crédito, y de haber presentado una declaración jurada falsa ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

Basado en el informe de peritos, la fiscal remarcó que la estafadora "se aprovechó del estado de vulnerabilidad" de la víctima.

Por su parte, la defensa de la mujer pidió que se la absuelva por "falta de pruebas" y apuntó contra la investigación, asegurando que estuvo "inclinada hacia una de las partes".

La jueza Mouzo finalmente estableció la condena por estafa en 16 meses de prisión, argumentando que "carece de todo sentido" pensar que la víctima realmente tuvo la intención de ceder los derechos hereditarios.

La defensa apeló la resolución, sosteniendo nuevamente que no había pruebas para afirmar que existió un engaño.

De igual manera, el Tribunal de Apelaciones Penal de 1^er Turno entendió que "la imputada indujo en error a la víctima", reafirmando que se trataba de una "persona de alto riesgo de ser manipulada por terceros y con condiciones de soledad y vulnerabilidad afectiva".

A diferencia de la jueza, los ministros no consideraron adecuado el cumplimiento de pena en prisión, decretando la misma cantidad de meses, pero en libertad vigilada.

Debido a que la involucrada era funcionaria del Ministerio del Interior, existió una investigación en el departamento de Asuntos Internos. Agentes que participaron de esta instancia también declararon durante el juicio.