EFE
La Justicia determinó el procesamiento con prisión del militar retirado José Ricardo Arab como uno de los responsables del asesinato múltiple ocurrido en 1974, durante la dictadura cívico-militar (1973-1985), y conocido como el caso de los "Fusilados de Soca".

Según confirmaron este miércoles a EFE fuentes judiciales, la jueza penal Isaura Tórtora dio lugar al pedido del fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, y dictó el procesamiento de Arab.

De acuerdo con el acta de procesamiento, el militar retirado fue procesado como coautor "con prisión domiciliaria" y bajo la imputación "prima facie" de cinco delitos de homicidio muy especialmente agravados; dos de privación de libertad, uno de estos en reiteración real con abuso de autoridad y uno de supresión y suposición de estado civil.

En diálogo con EFE, el integrante de la Comisión por la Memoria de los Fusilados de Soca José Pedro Olivera afirmó que este es "un hecho muy importante" porque, aunque "puede parecer tardío", se da luego de un "largo proceso" por que se haga justicia por las víctimas Graciela Estefanell, Floreal García, Héctor Brum, María de los Ángeles Corbo y Mirtha Hernández.

Según Olivera, la causa de los militantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), secuestrados en Buenos Aires y trasladados clandestinamente a Uruguay, donde, también torturados, fueron fusilados cerca de la localidad de Soca, en Canelones (sur), tuvo "varias vueltas".

El caso, apuntó, fue agregado al juicio del dictador Juan María Bordaberry, procesado en 2006 y condenado el 9 de febrero de 2010 por la jueza Mariana Mota por atentado a la Constitución, entre otros delitos, ya que Bordaberry confesó a familiares de las víctimas haber intercedido con los militares para que "mataran solo a cinco".

Como señala el también directivo del colectivo de expresos políticos Crysol, el caso, de los más reconocidos entre los de crímenes de lesa humanidad de Uruguay, también implicó el secuestro de Amaral García, hijo de las víctimas García y Hernández, quien fue entregado a militares argentinos y cuya identidad fue restituida en 1985.

Hoy en Soca, en el lugar donde ocurrió el fusilamiento, declarado oficialmente como sitio de memoria, existe un memorial en homenaje de los fallecidos y, como destaca Olivera, cada año se conmemora con un acto allí el crimen ocurrido el 20 de diciembre de 1974.

"Desde el 2008 lo hemos hecho ininterrumpidamente, pese a alertas rojas o tormentas, pese a la pandemia, el tercer sábado de diciembre nos reunimos en el memorial y este año va a ser igual", indicó, y puntualizó que concurrirán el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, y otras autoridades del Gobierno local.