Redacción El País
Mientras en Argentina avanza el juicio por lavado de dinero contra Lázaro Báez, Leonardo Fariña y un grupo de cómplices que supuestamente participó en la compra de bienes en Uruguay, de este lado del Río de la Plata el Fondo de Bienes Decomisados, que depende de la Junta Nacional de Drogas (JND), prepara la documentación para subastar en el segundo semestre del año el padrón 26.630 de Maldonado, que integra el campo El Entrevero y que fue embargado por la Justicia uruguaya en 2016.

El padrón que se subastará se extiende por 145 hectáreas ubicadas sobre ruta 10, entre José Ignacio y Punta del Este, que podrían darle un rédito millonario en dólares al Estado. Otro padrón (el 26.632) incautado en el marco de esta operación, situado enfrente, entre la ruta 10 y el mar, con una superficie de siete hectáreas, fue subastado en casi US$ 2 millones en octubre de 2018.

Cinco meses después de este remate, el empresario polaco Juan Kobylanski, quien fuera dueño de ambos padrones, falleció y tras su muerte se desató una batalla judicial entre su viuda y sus hijos por su herencia. La sucesión se tramitó en el Juzgado de Familia de 15° Turno, donde uno de los hijos de Kobylanski presentó una demanda de nulidad de los testamentos fechados en 2017 y 2018 por entender que su padre “no gozaba del libre uso de la razón” cuando los firmó. Por otra parte, la viuda de Kobylanski, que fue demandada, respondió ante la Justicia que el hijo del empresario vendió bienes de su padre que estaban a su nombre, entre ellos las 152 hectáreas del campo El Entrevero.

Estos enfrentamientos han demorado la subasta de las 145 hectáreas embargadas en 2016. El Fondo de Bienes Decomisados, que es el encargado de administrar y rematar lo incautado por la Justicia, está estudiando los títulos del padrón que aún no ha sido llevado a remate. Una vez que dicho estudio concluya y que se oficialice el visto bueno de la Escribanía de Gobierno, el fondo gestionará la autorización para realizar la subasta. Fuentes de la JND informaron a El País que estiman que este mes se elevará la documentación para que sea autorizado el remate, el que será agendado, estiman, para el segundo semestre del año.

Foto: La Nación/GDA

En Argentina, el fiscal Abel Córdoba pidió ayer condenas por lavado de dinero para implicados en la compra de El Entrevero, la que se consumó por US$ 14 millones en el año 2011.

Fiscalía solicitó una pena de seis años de prisión para Báez, empresario vinculado al expresidente argentino Néstor Kirchner quien ya fue condenado a 10 años por lavado de dinero en la causa conocida como “La ruta del dinero K”, y a seis años por el caso Vialidad, junto con la expresidenta Cristina Kirchner, por fraude al Estado, debido al direccionamiento de las obras públicas de la provincia de Santa Cruz en beneficio del empresario. Por las penas ya dictadas, Báez se encuentra cumpliendo arresto domiciliario en un country bonaerense, informó La Nación.

En la causa por la compra de El Entrevero, en los próximos días será el turno de las exposiciones de los abogados defensores y luego el proceso entrará en su etapa final para que los jueces Gabriela López Iñíguez, Jorge Gorini y Néstor Costabel dicten su veredicto. El abogado de Báez, Juan Martín Villanueva, considera que el pedido del fiscal Córdoba no agravará su situación. “En el primer juicio ya fue condenado por lavado de dinero agravado. El reproche penal ya está contenido en esa condena. No le pueden dar más pena”, dijo el defensor a Infobae.

Además de Fiscalía, en Argentina son querellantes la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que pidió siete años de prisión para Báez por la compra de El Entrevero, y la Unidad de Información Financiera (UIF), que reclamó nueve años de pena para el empresario.

Por su parte, el fiscal Córdoba solicitó ayer penas de cinco años para quienes participaron junto a Báez de la compra del campo en Maldonado: Daniel Pérez Gadín, escribano del empresario y titular de Jumey Sociedad Anónima, la compañía que figuraba como compradora del campo; el financista Santiago Carradori; el abogado Jorge Chueco; y Maximiliano Goff Dávila. A su vez, el fiscal reclamó condena de cuatro años y seis meses para supuestos testaferros: Maximiliano Acosta y Osvaldo Guthux.

En el caso de Fariña, quien participó de la negociación y delató la trama en entrevista con el periodista Jorge Lanata en el año 2013, el fiscal Córdoba aclaró que pidió cuatro años de prisión por este hecho, aunque valoró que por sus conductas le correspondería una pena de cinco años, pero por sus aportes como colaborador entendió que debía reducirse el pedido de condena en un año, informó La Nación.

Grabado por una cámara oculta, Fariña afirmó ante Lanata: “La famosa compra al lote de Uruguay, si vos vas al registro el titular es Pérez Gadín. Son tan enfermos que hacen eso (…) En José Ignacio, ahí sobre la ruta. (…) Son tan ignorantes que lo pusieron a título personal del tipo y lo podés chequear en cualquier registro público”. Sus palabras fueron el puntapié para que El Observador identificara el campo y revelara que efectivamente figuraba en los registros públicos a nombre de Pérez Gadín, quien administró desde 2004 el hotel Alto Calafate, que Kirchner compró en 2008 y gestionaba Báez.