Por Carlos Tapia
El 25 de octubre de 2021 fue la primera vez que el Ministerio del Interior envió una carta al fiscal de Corte, Juan Gómez, para reclamar sobre “emplazamientos sin fecha” de delincuentes peligrosos. La misiva, firmada por el ministro del interior Luis Alberto Heber, adjuntaba un archivo, al que accedió El País, en el que se señalaba que desde el 1° abril hasta el 18 de octubre de ese año, 776 personas que habían delinquido habían sido enviadas por los fiscales a sus casas a la espera de una determinación. Pero este era solo el principio de un problema que no logra encontrar solución, y que abona a la creciente tensión entre policías y fiscales.

Esas 776 eran personas vinculadas a casos de estupefacientes, rapiñas, copamientos, hurtos, contrabando, abigetato, receptación, estafa, y hasta violencia doméstica y abuso sexual. El ministro Heber señalaba allí que la cartera entendía necesario poner en conocimiento del fiscal de Corte la situación señalada y solicita que se tomen medidas al respecto.

Más de un año después, el pasado 16 de noviembre, el Ministerio del Interior envió una nueva carta a Gómez, bastante más larga que la anterior, en la que recordaba la misiva del 25 de octubre de 2021 y señalaba que, en este tiempo se han venido replicando casos como los que ya se habían señalado.

La cartera del Interior lo que reclama es que se implementen mecanismos institucionales de cooperación, coordinación y colaboración para hacer más eficaz el trabajo que realizan en conjunto Fiscalía con la Policía Nacional. El nuevo requerimiento se realizó luego de que varios jefes de Policía del país advirtieran sobre situaciones en las que delincuentes son atrapados, a veces en el momento que están cometiendo un delito, y luego son liberados por los fiscales rápidamente.

Esta segunda carta que envió el Ministerio del Interior adjuntaba, también, un documento en el que se señalaba que 2.180 personas fueron emplazadas desde junio a octubre de 2022, que 400 de estas fueron con fecha y 1.780 sin fecha. Esta información la cartera también se la entregó a los partidos políticos con representación en el Senado, menos al Frente Amplio que no acudió a una reunión convocada en diciembre pasado en el Ministerio del Interior (ver aparte).

El departamento que sumó más emplazamientos, según estos datos, fue lógicamente Montevideo, con 558 (517 sin fecha y 41 con fecha), pero le siguió de cerca Canelones con 536 (505 y 31, respectivamente). Otro dato que sorprende es el de Tacuarembó, en el que los emplazamientos fueron 164 (106 y 58).

Esa carta a Gómez se señala sin rodeos que las autoridades de la secretaría de Estado venían recibiendo planteos por parte de la Policía Nacional, en concreto de mandos operativos de las comisarías, que señalaban que vecinos les habían advertido sobre delincuentes a los que ellos denunciaban, sabían que habían sido atrapados y luego los veían libres a las pocas horas. Se trataba de indagados e imputados a los que los fiscales disponían emplazamientos, con o sin fecha, y que en varias oportunidades incluso volvían a delinquir.

El 28 de junio de 2022, en Canelones un hombre fue detenido por una rapiña. Tenía antecedentes por atentado, hurto especialmente agravado (en dos oportunidades), hurto agravado (en otra dos) y rapiña. Fue enviado a la Fiscalía de 2° Turno de Atlántida y fue emplazado sin fecha, es decir que debió fijar domicilio y se fue para su casa a la espera de que comenzara el proceso contra él. Pero no se quedó en su casa. El 1° de julio volvió a ser detenido por amenazas. Fue a parar a la Fiscalía de 1er Turno y volvió a ser emplazado sin fecha. El 6 de julio lo detuvieron de vuelta por tenencia no autorizada de arma de fuego, municiones y explosivos. Cayó de nuevo en la Fiscalía de 2° Turno y otra vez fue emplazado sin fecha.

Otro caso llamativo fue el que sucedió el 15 de agosto de 2022, también en Canelones, cuando un hombre fue detenido por un caso de violencia doméstica. Tenía más de 20 antecedentes, casi todos por hurtos cometidos desde 2004 a 2021, y en el Juzgado Letrado de 7° Turno de La Costa también fue emplazado sin fecha. Volvió a delinquir y a ser atrapado el 3 de octubre, cuando cayó por un hurto, y la Fiscalía Letrada de La Costa de 1er Turno tomó la misma determinación.

En Maldonado, en tanto, un hombre, esta vez sin antecedentes, fue detenido entre julio y setiembre de 2022 en cuatro oportunidades distintas por hurto. Todas las veces fue emplazado sin fecha, dos por la Fiscalía de 2° Turno y dos por la de 4°.

En Rocha, en tanto, es conocido el caso de un hombre que fue emplazado sin fecha cuatro veces, desde junio a octubre. Dos por rapiña, una por hurto y una por violencia doméstica. Las fiscalías de 1er y 2° Turno fueron las que tomaron la decisión, también dos veces cada una.

Los casos se repiten en todos los departamentos, y hay más delitos como lesiones personales, desacato, atentado violento al pudor, agravio a la autoridad policial, lesiones graves, asistencia al comercio de estupefacientes, atentado, obtención fraudulenta de una prestación, siniestro de tránsito grave, contrabando, estafa, lesiones personales contra una menor, violación de domicilio y hasta abuso sexual -el 18 de agosto del año pasado y la decisión fue de la Fiscalía Letrada de Rosario. Todos emplazados sin fecha.

En la última carta que Heber le mandó a Gómez, la del 16 de noviembre, el ministro dio cuenta de la particular situación de la Jefatura de Policía de Tacuarembó, donde en el período que fue del 1° de enero al 25 de julio unas 153 personas habían sido emplazadas sin fecha y 90 con fecha, por lo que el jerarca definió como conductas delictivas graves, y esto incluía abuso sexual, violación, violencia doméstica y homicidio.

La misiva señala, además, que el Código del Proceso Penal (CPP) no prevé que los fiscales puedan emplazar con o sin fecha. Y que estas resoluciones, por tanto, están por fuera de la ley.

Además, Heber advirtió sobre un triple efecto negativo de estas resoluciones, refiriéndose a que se generaba una sensación de impunidad por parte de los delincuentes, un descontento por parte de la ciudadanía y sobre todo de las víctimas de estos criminales, y un desánimo y desaliento por parte de la Policía.

En un artículo publicado el tres de noviembre pasado por El País, en el que fuentes policiales advertían sobre su molestia con Fiscalía, el fiscal Gómez había advertido al respecto que él no habitúa señalar el trabajo de la Policía y que estas discusiones se deberían dar “en los ámbitos de coordinación en lugar de a los ojos de la opinión pública”. Y afirmaba: “Los dos tenemos el objetivo de cuidar a la ciudadanía”.

El 8 de diciembre, se realizó una reunión en el Ministerio del Interior en la que participaron los principales jerarcas de la cartera; el fiscal de Corte, Juan Gómez, y otros integrantes de Fiscalía; y representantes de tres de los cuatro partidos con representación en el Senado.

Por el Partido Nacional fue Carlos Camy, por el colorado Pablo Lanz y por los cabildantes Eduardo Lust. Los dos primeros forman parte de la Comisión de Seguridad y Convivencia de la cámara, mientras que el último estaba realizando una suplencia. Por Cabildo Abierto quien está en esa comisión es Guido Manini Ríos.

El ministerio también invitó a Mario Bergara, que es parte de la comisión, que se excusó de no poder ir, y a otros dos senadores frenteamplistas, según supo El País. Estos, sin embargo, no se presentaron al encuentro.

Allí la cartera insistió sobre los emplazamientos sin fecha, alertó que los mandos policiales cada vez se estaban quejando más al respecto y pidió a Gómez una solución. El fiscal de Corte prometió dar una respuesta.

En la reunión se advirtió que “muchos prófugos” con antecedentes penales eran enviados a sus casas tras ser atrapados por la Policía, y que se han dado también situaciones de delincuentes que vuelven a cometer delitos estando emplazados sin fecha y lo hacen “en fechas muy consecutivas”. Se dijo, además, que la mayoría de los casos se dan en Montevideo, Canelones, Tacuarembó, Rocha, Lavalleja, Artigas y Colonia.