Motín con adultos y fallo del tribunal reeditan polémica por mayores que vuelven a Inisa tras pasar por cárcel

Los mayores de edad internados en el Instituto Nacional de Inclusión Adolescente (Inisa) estuvieron en el foco de la discusión por los tres incidentes ocurridos en 2026 en el centro de Bulevar Artigas y Cufré. El directorio definió cerrarlo tras el motín del jueves. En ese centro, había dos jóvenes que están internados por haber cometido homicidios siendo menores de edad, al cumplir la mayoría se fugaron del centro y —según Fiscalía— cometieron nuevos homicidios. Uno de ellos, estuvo involucrado en la toma de rehenes de mediados de marzo y el Tribunal de Apelaciones debía definir si permanecía allí o era derivado a la cárcel de adultos. Resolvieron lo primero, surge de la resolución a la que accedió El País. A su vez, el segundo joven participó del motín de la semana pasada, señalaron fuentes al tanto del tema.

Tanto gobierno como oposición demostraron interés en revertir esta situación. El oficialismo creó una comisión para tratar el tema y el presidente de Inisa, Jaime Saavedra, se reunió con el ministro del Interior, Carlos Negro y asesores de la Prosecretaría de Presidencia para definir cómo funcionará. El presidente de Inisa sostuvo que el objetivo es "subsanar algunas dificultades" que están sufriendo con este tema y el ministro resaltó que "son muy pocas las personas que están en estas circunstancias, no obstante, son situaciones muy sensibles". Además, destacó que la solución tendrá que ir en línea con la Constitución y los convenios internacionales, consignó Subrayado.

Por otra parte, Saavedra y el resto del directorio recibieron la semana pasada a Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional, que presentó
un proyecto de ley para modificar esta situación. Esta busca que mayores de edad que hubieran cometido un delito como tales, pero les reste cumplir sanciones de cuando eran menores, deban cumplirlas en una cárcel común y no en centros de Inisa.

Pese a las instancias generadas para modificar la situación, encontrar una solución legislativa y ponerla en práctica llevará semanas de trabajo. Este jueves, en el último motín realizado en el centro, participaron varios mayores de edad, entre los que estaba uno de los jóvenes que se encuentra en esta situación. Él fue condenado como menor a fines de 2023. Teniendo 17 años, participó del homicidio de un adolescente de 15, que fue ejecutado frente a su madre en su dormitorio.

En febrero de 2025, el joven condenado por ese crimen ya era mayor y se fugó del Inisa en medio de una salida a la piscina. En julio, lo detuvieron y fue imputado, como adulto, por presuntamente haber participado en el homicidio de un policía al que querían robarle la moto en la zona del Molino de Pérez (Punta Gorda).

El juez de adultos Diego González aceptó su imputación y también enviarlo a la cárcel en forma preventiva. Pero, otra vez, la Justicia de Adolescentes reclamó su reintegro al Inisa argumentando que la sentencia por el primer homicidio estaba firme y debía cumplirse antes de imponer cualquier otro tipo de medida. Fue reintegrado al Inisa.

En su edición del 17 de marzo, El País expuso el caso de otro joven que tiene 19 años y fue condenado por homicidio siendo menor de edad, se fugó de Inisa habiendo cumplido la mayoría de edad, y fue imputado por haber cometido otro asesinato mientras estaba prófugo. En esa oportunidad, la jueza de adultos Viviana Galleto aceptó su imputación y enviarlo a prisión preventiva. Como en el caso anterior, la Justicia de Adolescentes reclamó su retorno a Inisa dado que la medida socioeducativa impuesta por el primer crimen debía cumplirse hasta 2028.

Galleto les dio la razón y dispuso su reintegro al centro para menores porque esa era la sentencia que estaba firme y, por ende, debía cumplirse. Pero en este caso, la Fiscalía de Homicidios que en cabeza Adriana Edelman pidió a la jueza que reconsiderara la decisión y, si no lo hiciera, elevara el asunto al Tribunal de Apelaciones.

Lo hizo alegando que las medidas socioeducativas de Inisa no fueron eficientes a tal punto de que el investigado se fugó y cometió un asesinato. Jurídicamente, basó su reclamo en el artículo 92 del Código de la Niñez y la Adolescencia que establece que las medidas impuestas a menores "en ningún caso podrán cumplirse en establecimientos destinados a adultos, salvo cuando por cualquier motivo haya permanecido" en una cárcel "para el cumplimiento de otra medida de privación de libertad". Esto, sostuvo, fue lo que pasó en el caso. El imputado estuvo cerca de 20 días preso.

La jueza del caso mantuvo su posición y lo elevó al tribunal. Indicó que la interpretación que hace la Fiscalía implica "forzar el texto de la norma para hacerle decir algo que a todas luces no dice, ni resulta tampoco lógico que diga". Insistió en que no puede modificar el régimen de cumplimiento de una sentencia firme impuesta por otro juzgado y menos aún por una "basada en probabilidades", como es una medida cautelar.

Los ministros del Tribunal de Apelaciones de 4^to Turno resolvieron —por unanimidad— que la Justicia de adultos es "incompetente" para definir qué medida debe cumplir primero el joven. Consideraron que el lugar donde está recluido una persona es algo que debe definir el juez de la causa en la que está "a disposición", que en este caso es el juez de Adolescentes. "Se trata de una cuestión que nunca debió quedar instalada" en un juzgado penal de adultos, puesto que no tiene competencia para definirlo, argumentaron.

Además, indicaron que la jueza del caso no debió ni siquiera haber dispuesto el traslado del joven de la cárcel de adultos a Inisa porque eso era responsabilidad de la jueza de Adolescentes. En su resolución primaria, Galleto había consignado que el Juzgado de Adolescentes pedía el traslado a Inisa se realizara en forma "inmediata".