Los accionistas de Montecon informaron que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) aceptó estudiar la demanda contra el Estado uruguayo por US$ 600 millones.
Según los demandantes, la acción se funda en que el Estado uruguayo “violó” los tratados de protección de inversiones suscritos con Chile y Canadá, de donde proviene el mayor capital de la empresa.
El litigio se debe, indicaron, porque Uruguay adoptó “una serie de medidas” que impiden a Montecon transferir y almacenar contenedores en los muelles públicos del Puerto de Montevideo desconociendo “el régimen legal de libre competencia aplicable a estas actividades”.
Según fuentes gubernamentales, Montecon no tiene una concesión para operar contenedores y agregaron que, en 2008, no se presentó una licitación para operar en competencia con Katoen Natie
Tras aceptar la solicitud de arbitraje presentada por los inversores chilenos y canadienses de Montecon, a través de su matriz Neltume Ports S.A., el organismo internacional Ciadi comenzará a estudiar la causa y, eventualmente, informará si el Estado debe pagar o no. “A partir de esta decisión del Ciadi, corresponderá la composición del Tribunal Arbitral, la definición del procedimiento y el inicio del juicio en sí”, informaron los accionistas.
Desde Montecon aclararon en un comunicado que este proceso de solución del conflicto mediante un arbitraje internacional comenzó tras el cierre “sin éxito” de un período de consultas y negociaciones directas para alcanzar una solución amistosa con el gobierno. Por otro lado, los accionistas informaron que iniciaron una segunda solicitud ante el Ciadi, en la que denuncian la violación de los principios del tratado de protección de inversiones que Uruguay suscribió con Canadá, por otros US$ 240 millones.
Aval renovable
La discordia entre los accionistas de Montecon y el Estado uruguayo surgió en 2020 a raíz del acuerdo al que arribó el actual gobierno con Katoen Natie para operar la terminal especializada en contenedores extendiendo 50 años la concesión que vencía en 2030.
Dicho acuerdo se alcanzó luego de reuniones mantenidas por el propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y otros jerarcas políticos con los dueños de la multinacional belga. La intención del primer mandatario apuntaba a frenar un litigio internacional con Katoen Natie donde Uruguay, según entendían desde el Poder Ejecutivo, tenía posibilidades de perder. La multinacional belga había ganado una licitación en 2001 para operar una terminal de contenedores mientras que Montecon posee un permiso revocable para manejar dichos recipientes de acero en los muelles públicos.
El consorcio Terminal Cuenca del Plata (TCP) está integrado en un 80% por Katoen Natie y un 20% por la Administración Nacional de Puertos (ANP). Dicho consorcio realiza servicios de carga y descarga de contenedores a los buques en la terminal especializada del puerto de Montevideo.
Fuentes portuarias indicaron a El País que la mayoría de los espacios de Montecon en el puerto fueron usados en un régimen irregular porque no se siguió el procedimiento para el uso de las áreas que es por permiso, concesión o autorización. Es decir, Montecon por más de una década no operó bajo ninguno de estos tres títulos de uso, agregó la fuente. Sí se amparó en un régimen llamado “almacenaje” (contenedores, graneles y maquinarias) y que no existe en el marco legal vigente. Dicha tarifa de almacenaje se renueva cada 90 días.
Lo mismo ocurre con otros permisarios que funcionan en los muelles públicos. Es decir, utilizaron ese sistema como método.
Según la fuente, Montecon solamente en 2019 firmó un contrato por solo unos 8.000 metros cuadrados de área cuando usaba más de 100 mil metros cuadrados.
El consorcio es un operador más de los muelles públicos. A diferencia de un concesionario, dicha empresa no obtuvo una concesión para operar una terminal de contenedores mediante una licitación y tampoco estaba dentro de un régimen que otorga penalidades en caso de incumplimientos de contratos. La única inversión realizada por Montecon fue en su propia maquinaria.
En este momento, Montecon espera del Poder Ejecutivo un permiso para operar una superficie del puerto. Mientras tanto, continúa funcionando con el aval otorgado por la ANP.
Otro problema que enfrenta Montecon es que los muelles públicos tienen un calado (profundidad de 10,50 metros). Por eso, según las fuentes, vinieron barcos portacontenedores en forma experimental y no pudieron ingresar por la escasa profundidad. Por ello, debieron ser atendidos por la Terminal Especializada en Contenedores.
No se presentó a una licitación
El Estado uruguayo es propietario de una parte de Terminal Cuenca del Plata y, por ende, tiene intereses en que se mantengan las áreas especializadas. La fuente recordó que, años atrás, la Administración Nacional de Puertos hizo un segundo llamado a empresas interesadas a operar una terminal de contenedores y Montecon no se presentó. La licitación fue declarada desierta. Es decir, dicho consorcio prefirió seguir usando el régimen de permisos renovables para evitar inversiones millonarias.
Gobierno es optimista ante el reclamo
Montecon es propiedad del consorcio Neltume Ports, cuyos accionistas son la empresa chilena Ultramar y la canadiense Atco.
La cifra de US$ 600 millones que reclama Montecon es la estimación de pérdidas y daños por los cambios en la operativa en el puerto desde que se extendió la concesión por 80 años a la Terminal Cuenca del Plata (TCP), “privilegiando” a esta operadora, que fue creada por una ley. Desde que el gobierno anunció la extensión de la concesión a TCP, Montecon adujo que cambiaron las reglas de juego y que se creó un monopolio en el puerto.
Uruguay ya ha salido triunfal de algunos juicios internacionales muy sonados. Tal vez el más recordado sea el que ganó ante una demanda de la tabacalera Philip Morris en el Ciadi, que es un organismo del Banco Mundial.
En este caso, según pudo saber El País en base a fuentes de Presidencia, Uruguay se va a defender “con su equipo de abogados que tiene en Estados Unidos”, y “con mucha tranquilidad”. Es que el gobierno está “convencido” de que los accionistas de Montecon “no tienen razón”.
Una fuente ministerial señaló a El País que la aceptación de la demanda por parte del Ciadi era solo una formalidad que debía esperarse, pero que en base a los argumentos jurídicos utilizados para el acuerdo con Katoen Natie están “muy pero muy tranquilos” de que ganarán el juicio.
Y agregó que el gobierno sigue con optimismo el arbitraje iniciado por Montecon porque dicho consorcio nunca realizó una inversión en infraestructura.
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