Redacción El País
El fiscal Enrique Rodríguez, que tiene a su cargo la investigación de delitos de lavados de activos, archivó la investigación por presuntas irregularidades en la construcción del Antel Arena, tal como meses atrás había hecho su colega de delitos económicos Alejandro Machado.

En el dictamen divulgado por la Fiscalía, el magistrado Rodríguez repasó su accionar al frente de la investigación. Para ampliar la indagatoria recibió declaraciones de "una serie de técnicos profesionales externos al organismo" así como de algunos que sí prestan funciones en Antel y que "tuvieron diversa participación" en el proceso.

Por ejemplo, se escuchó a arquitectos que estuvieron al frente del llamado y redactaron las bases y también de contadoras auditoras de Antel, entre otras. El fiscal destacó "el alto nivel profesional" de los arquitectos y la "vasta experiencia" de las contadoras.

"Indudablemente que el tema referido al costo de la obra proyectada y el resultado económico final, fue uno de los cuestionamientos más importantes que se formularon en la denuncia", escribió Rodríguez en la sentencia

Entonces pasó a detallar que "puede concluirse que el costo estimado de la obra que se incluyó en las bases del concurso de ideas era de US$ 40.000.000", pero que "ese monto estaba referido solo a lo que se conoce como obra civil, al cual habría que agregar revestimiento, equipamiento, eléctrica, sonido, butacas, pantallas, arreglos del predio adyacente, guardería, parque, espacio polideportivo, etc., entre muchos otros elementos necesarios para considerar que el Arena estaba completo como para permitir su funcionamiento".

La obra no consistió entonces "en la construcción del estadio propiamente dicho", sino que a los costos de la obra civil debían sumarse otros muy variados, indicó el fiscal, desde "la demolición del Cilindro anterior" y la "preparación del terreno", así como la construcción de "los espacios exteriores".

Por otro lado, el fiscal aludió a la cantidad de compras directas utilizadas, que según los denunciantes eran la norma y no la excepción. En este caso Rodríguez también recibió nuevos testimonios.

Las auditoras internas de Antel "son contundentes al expresar que a pesar de que a veces no contaban con toda la documentación, ello se salvaba por otros controles y aún así no encontraron irregularidades en dichos procesos", según resumió el fiscal.

Rodríguez señaló, entre otros aspectos, que no aparecieron personas físicas o jurídicas, que presentaran denuncias al respecto durante la investigación, alegando corrupción en las compras.

Para finalizar sus alegatos, Rodríguez indicó que "no existe conducta penal reprochable al respecto" de si Antel se desvió de sus funciones primarias para construir el estadio.

Por otro lado, señaló que "si bien se utilizó mayoritariamente el procedimiento de compra directa por excepción", esta es una operativa permitida. También se indicó que "el sistema de puja a la baja se hizo en un ámbito competitivo" que, según los testimonios, "permitió a Antel obtener mejores precios".

A su vez indicó que se puede "discrepar" si los responsables de Antel en aquella época valoraron correctamente "los principios de oportunidad y conveniencia para la realización de una obra de ese costo", pero "esos cuestionamientos quedan reservados" a los "operadores políticos" y no a la Fiscalía.

"Si el dinero invertido debió ser utilizado para construir decenas de escuelas, liceos, hospitales, viviendas para erradicar asentamientos, u otros fines sociales, forma parte de las decisiones y prioridades que resuelve el gobierno de turno y está dentro del ámbito de sus potestades, se discrepe o no, guste o no", escribió.

Foto: Archivo El País.

"La actuación de la Fiscalía como titular de la investigación penal debe estar alejada de esas consideraciones políticas y ceñirse estrictamente a la apreciación de la legalidad o ilegalidad de las acciones desplegadas por los indagados", añadió.

En sus conclusiones, el fiscal indicó que "no resulta evidencia de que se hubiera beneficiado fraudulentamente a los particulares, ni que los funcionarios involucrados hubieran obtenido un provecho para sí o para otro en perjuicio del Estado".

También coincidió en que las posibles "desprolijidades administrativas" a las que aludió el anterior fiscal, Machado, no son alcanzadas por "la esfera penal".

De esta forma, queda definitivamente archivado el caso, según se informó desde la Fiscalía General de la Nación.

En mayo de 2024, el juez Alejandro Asteggiante resolvió otorgar la posibilidad de reexamen para que otro fiscal investigue el tema, luego de que los abogados de Antel solicitaran, a pedido del Directorio, la reapertura del caso.

El pedido surgió luego de que el presidente, Luis Lacalle Pou, impulsara al Directorio de la empresa de telecomunicaciones a que agotara "todas las instancias".

Previamente, el fiscal Machado había definido archivarlo porque, aunque constató "desprolijidades" y un "manejo dispendioso de los recursos públicos" en el proceso de construcción, entendió que no había un delito.

La denuncia que realizó Antel fue presentada en noviembre de 2021 argumentando, principalmente, que había tres irregularidades. En primer lugar, que se violó “el principio de especialidad” que establece que los entes autónomos no pueden realizar “negocios extraños” a su función, que está determinada por ley. El segundo punto refiere al costo del Antel Arena. La auditoría externa que contrató Antel estimó que el costo fue más del doble de lo estimado por la exintendenta Carolina Cosse inicialmente. En tercer lugar, compararon el costo de la construcción con otros espacios similares en la región y argumentaban que el Antel Arena fue considerablemente más costoso.

Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

La expresidenta de Antel y actual vicepresidenta electa de la República, Cosse, compartió en su cuenta de X la resolución de la Fiscalía y escribió: "Confianza".