Redacción El País
La familia de Gustavo Penadés escribió y difundió una carta en la que cuestionó el proceso penal que atraviesa el exsenador del Partido Nacional, acusado e imputado por una serie de delitos sexuales.

Penadés, al igual que el profesor de historia Sebastián Mauvezín, volvieron a la cárcel este miércoles, de manera preventiva y a la espera del juicio, luego de que el Tribunal de Apelaciones de 4° Turno revocara la decisión de la jueza Marcela Vargas, que había determinado que podían permanecer en arresto domiciliario.

En una carta enviada al semanario Búsqueda y cuya autenticidad fue confirmada a El País por fuentes cercanas, familiares de Penadés hablaron de distintas cuestiones vinculadas al proceso. Allí señalaron, por ejemplo, que "la resolución de la jueza Marcela Vargas en la audiencia del 5 de febrero y la revocación de parte del tribunal ha reavivado las dudas sobre la imparcialidad del proceso judicial" en este caso.

También manifestaron que "el caso Penadés se ha caracterizado por elementos inéditos en la historia judicial del país", y que "uno de los aspectos más polémicos ha sido la decisión de mantener en total anonimato a los denunciantes, identificándolos únicamente con letras (por ejemplo, 'víctima K'), declarando con voz distorsionada y sin mostrar su rostro".

También aseguraron que "desde el inicio del proceso, la Fiscalía a cargo de la Dra. Alicia Ghione ha sufrido múltiples cambios en su equipo. En un período de casi dos años, y sin que aún se haya presentado una acusación formal, la fiscal Ghione ha visto la salida de dos equipos fiscales completos".

Foto: Francisco Flores/El País.

Los familiares denunciaron como "otro hecho alarmante" la "posible manipulación del teléfono de Penadés mientras estaba bajo custodia judicial", porque según sus abogados, Laura Robatto y Homero Guerrero, "una amiga del exsenador recibió un mensaje desde el celular incautado, lo que sugiere que alguien pudo haber accedido al dispositivo mientras estaba en resguardo de la Justicia".

La familia del exsenador indicó que este es "un caso que pone a prueba la credibilidad del sistema judicial", porque "mientras la defensa del acusado argumenta una persecución mediática y política, las irregularidades en la actuación de la Fiscalía y el Consultorio Jurídico refuerzan las dudas sobre la transparencia e imparcialidad del proceso".

Por otro lado, la familia de Penadés cuestionó "el rol del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República (Udelar)", institución que, según dijeron los redactores de la carta, incurrió en "irregularidades".

En representación de algunos de los denunciantes, el consultorio ha sido pieza importante en la causa. Los familiares de Penadés apuntaron en la carta que Juan Raúl Williman, encargado del consultorio, "ha sido cuestionado por el manejo de una indemnización derivada de la llamada 'trama'".

"Se ha denunciado que el dinero fue depositado en su cuenta personal antes de ser distribuido según su propio criterio. Una de las beneficiarias de estos fondos fue Romina Celeste, quien para ese momento ya no era defendida por el consultorio", indicaron los familiares. La exmilitante del Partido Nacional, denunciante de Penadés, dejó de ser defendida por el consultorio cuando se conoció que junto a Paula Díaz habían presentado una denuncia falsa contra el entonces precandidato a la Presidencia de la República Yamandú Orsi, hoy electo para asumir funciones el 1° de marzo.

Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

El País se contactó con Williman, quien aseguró que esta mención "es un enchastre innecesario". El caso refiere, según dijo, al pago por indemnización que realizó el exfuncionario del Parlamento y del Parlasur Diego Cuiñas, por US$ 10.000, contra Romina Celeste y otras tres víctimas del caso Penadés. Cuiñas fue condenado como autor de un delito continuado de tráfico de influencias agravado y un delito de asociación para delinquir.

"Como son víctimas que tienen identidad reservada no le podían depositar la indemnización, entonces no encontramos otro mecanismo que pasara por mi cuenta y que yo les tuviera que pagar a las víctimas", indicó Williman.

"No podían saber quiénes eran", indicó y señaló que el mecanismo de pagarle a él y que él distribuyera la plata fue el más adecuado.