Fue un encumbrado senador que pasó a vivir 16 meses en el interior de una celda y este miércoles, la Justicia le permitió -con muchísimas restricciones- recuperar algo de su vida anterior. Gustavo Penadés volvió a su casa, pero nada es igual que como era. Ya no cuenta con el respeto de sus pares ni de parte de la sociedad. Tampoco puede salir de su casa ni comunicarse con víctimas y testigos. Sigue estando imputado por 22 delitos de índole sexual y dos de corrupción pública.
Aunque el caso está lleno de pormenores, detalles que van construyendo lo que después va a ser el juicio, el estado actual de este complejo caso puede desentrañarse contestando tres grandes preguntas.
¿En qué está la causa?
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La norma
Las investigaciones penales, desde 2017, comienzan a investigarse en la órbita de la Fiscalía. Cuando el fiscal que estudia el caso cree que tiene “elementos objetivos suficientes” de que hubo un delito y de qué persona lo cometió, pide a la Justicia la formalización de la investigación. Eso se conoce coloquialmente como la imputación de una persona. Si el juez la aceptara -en la amplia mayoría de los casos sucede porque el estándar necesario para una formalización es muy bajo- eso significa que la investigación se judicializó. El juez antes de definir si imputa o no a una persona, oye a la Fiscalía y a la defensa de esa persona. Ocurre en un debate oral en el que siempre debe estar presente la persona que va a ser imputada. Una vez que esto ocurre, a grandes rasgos surgen dos cuestiones. La primera, es que a partir de ese momento la Fiscalía puede pedirle al juez -nuevamente, eso estará sujeto a debate- que le imponga a esa persona medidas cautelares (puede ser la prisión, arresto domiciliario total, nocturno, cierre de fronteras, impedimento de comunicación, etc). La segunda, es que a partir de ese momento la Fiscalía cuenta con un año para seguir la investigación y luego debe definir qué hace: si acusa para llevar el caso a juicio o si pide el sobreseimiento del imputado. Este plazo de un año puede extenderse por otro año más, si la complejidad de la investigación lo amerita. Esa solicitud debe hacerse al juez y también será sujeto a debate.B
El caso Penadés
El exsenador Penadés y Sebastián Mauvezín eran investigados por la Fiscalía desde marzo de 2023. Pero recién fueron imputados por la Justicia el 10 de octubre de ese año. Unos 365 días después, la fiscal Alicia Ghione pidió la prórroga del año para investigar debido a la gran complejidad de la causa. Lo que fue aceptado por la jueza suplente María Noel Odriozola. Pero no pidió extenderlo por un año más, sino que dijo que hasta junio de 2025 era suficiente.C
El futuro
Para junio de 2025 Ghione deberá definir si lleva el caso a juicio, por cuántos delitos -la imputación inicial no tiene porqué ser la que después se utilice en el juicio- y qué pena pedirá a la Justicia que le imponga a los acusados. Aunque Penadés fue imputado por 22 delitos sexuales, si Ghione entendiera que no tiene la prueba suficiente de todos para ganar un juicio, podría acusarlo por menos delitos. O al revés, si surgieran más víctimas, podría ampliar la imputación antes de acusarlo y llevarlo a juicio por más casos. Es decir: en la causa se está a la espera de que la fiscal culmine la investigación y presente la demanda acusatoria contra los acusados.
Foto: Francisco Flores/Archivo El País.
¿Por qué fue a arresto domiciliario?
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La norma
La máxima de que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario no es solo un latiguillo de las películas de acción y suspenso. A su vez, la Constitución consagra el derecho de todos los uruguayos a esperar el juicio en libertad. Por lo que, bajo ese precepto Penadés y Mauvezín podrían pasar toda la investigación sin ninguna restricción. Pero este derecho resulta circunscripto si existiera algún riesgo de que eso generara daño. Específicamente, si surgiera “sospecha grave y fundada” de que eso podría ocurrir. “Riesgos procesales” es el nombre técnico. Estos riesgos están regulados en el Código del Proceso Penal y son: riesgo de entorpecimiento de la investigación, riesgo de fuga y riesgo para la seguridad de la víctima o la sociedad. Para disponer la prisión preventiva, por ejemplo, deben darse dos circunstancias. La primera es que debe de existir “semiplena prueba” de la existencia del hecho. Es decir, debe haber más prueba que los “elementos de convicción suficientes” que se piden para una imputación. Una vez que ese tema está saldado -luego de una discusión entre la Fiscalía y las defensas ante el juez- se pasa al análisis de los citados riesgos procesales. Este punto es clave porque si el decisor entendiera que no existen, deja al imputado en libertad más allá de que haya “semiplena prueba” que cometió el delito.B
El caso Penadés
Penadés y Mauvezín fueron a prisión preventiva la primera vez producto de la investigación paraestatal que se montó para develar la identidad de las víctimas. La jueza Marcela Vargas les había dicho en audiencia que ella venía predispuesta a darles prisión domiciliaria porque entendía que podían esperar el juicio de esa forma, que no representaban un peligro porque habían comparecido siempre respetuosamente a las audiencias y porque pese a que sabían que los investigaban, nunca se habían ido del país. Sin embargo, ese día Alicia Ghione develó la existencia de “la trama”, lo que se tradujo en el riesgo procesal del entorpecimiento de la investigación y riesgo para las víctimas. Esto, producto de que las siguieron y amedrentaron. Si bien Penadés no fue condenado por ese caso, sí hubo otras seis personas que lo están y que asumieron su responsabilidad en el hecho. Pese a que en ese momento Vargas entendió que debieron ir a prisión, los pactos internacionales establecen que las medidas cautelares deben revisarse periódicamente, porque si la situación cambia, debe cambiar también la medida. Por eso los jueces disponen las prisiones preventivas por un plazo máximo de 180 días. Penadés y Mauvezín fueron presos en octubre de 2023, ello se renovó en abril de 2024 y luego en setiembre del mismo año. La medida vencía el 6 de febrero de 2025. Un día antes, la jueza convocó a audiencia -todas estas renovaciones ocurrieron tras largos debates entre las partes y con la anuencia de Justicia- y allí se volvió a debatir la misma cuestión.El hecho de que existe “semiplena prueba”, dijo la jueza, es un escollo sorteado. No así los riesgos procesales, cuestión sobre la que se debatió poco en audiencia, criticó Vargas. Fundamentó su fallo por el que otorgó la prisión domiciliaria a ambos imputados hasta junio en que para ella “el paso del tiempo” había debilitado los riesgos procesales. “A mi juicio Penadés perdió el poder. Usted ya no es senador. Y si bien es verdad que en algún momento la decisión de mantenerlo en prisión tuvo que ver que fuera senador, el poder político influyó de alguna forma pero ahora las circunstancias cambiaron”, explicó la jueza, refiriéndose a que el exsenador ya no podrá entorpecer la investigación ni amedrentar a las víctimas. O al menos no es necesario tenerlo preso para evitarlo.
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El futuro
Esta medida se dispuso hasta el mes de junio, pero si la Fiscalía detectara alguna situación que entiende que incrementa los riesgos procesales podría pedir una audiencia para que esta medida sea reconsiderada. Antes de eso, igual habrá una resolución del Tribunal de Apelaciones. Esto se debe a que tanto Ghione como el Consultorio Jurídico de la Universidad de la República apelaron la decisión de Vargas y el tema pasará al análisis de tres jueces más experientes. Ellos podrían confirmar el fallo, lo que significaría que Penadés y Mauvezín sigan en sus casas, o podrían revocarlo y sellar su vuelta a prisión. Aunque el tribunal no tiene un límite de tiempo para fallar, en este caso han actuado con rapidez y la sentencia podría estar lista en los próximos días.
Francisco Flores/Archivo El Pais
¿Quiénes son los personajes de la audiencia?
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Los personajes de la audiencia:
Federico Rodríguez
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Los personajes de la audiencia:
Testigo L
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Los personajes de la audiencia:
Jonathan Mastropierro
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Federico Rodríguez
Uno de los momentos más importantes de la audiencia fue cuando Ghione anunció que el expolicía Federico Rodríguez estaba desaparecido. Él fue condenado, junto a otras cinco personas, en diciembre de 2023 por formar parte de “la trama”. Él fue el encargado de seducir a Jonathan Mastropierro, una de las víctimas del caso, para sacarle información que luego pudieran usar para beneficiar al exsenador. La fiscal explicó en audiencia que desde diciembre intentan ubicarlo porque él deberá testificar en el juicio, pero no lo encuentran ni en su casa ni en los teléfonos de contacto que proporcionó. A su vez, como parte de su condena, él debía cumplir con obligaciones puntuales en el marco de su régimen de libertad a prueba y de un día para el otro dejó de cumplirlos. Tanto Ghione como el Consultorio Jurídico de la Udelar manejaron la posibilidad de que esté muerto.B
Testigo L
Dos días antes de la audiencia declaró en Fiscalía una testigo que tiene su identidad reservada. Afirmó ante la fiscal que Sebastián Mauvezín le había admitido, meses antes de que estallara el caso, que le presentaba menores de edad a Penadés a cambio de dinero.C
Jonathan Mastropierro
Los abogados de Penadés denunciaron en Fiscalía de Corte que había información en el celular de esta víctima que podría demostrar que cometió delitos de índole sexual y ello no fue investigado por Ghione, quien también tiene acceso a ese material. La defensora de Mauvezín, Daiana Abracinskas, dijo en audiencia que Mastropierro invitó a un menor de edad a ejecutar actos sexuales. Mastropierro se mostró enojado con esta situación y dijo que está “hasta la cabeza de todo lo que está pasando”. Ghione afirmó luego que ella no interpreta que del contenido del celular de este joven se desprenda eso.
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