Redacción El País
El Tribunal de Apelaciones de 4° Turno revocó este miércoles la decisión de la jueza Marcela Vargas de otorgar prisión domiciliaria a Gustavo Penadés y Sebastián Mauvezín. Ambos, imputados por una serie de delitos, cumplían prisión preventiva pero la medida de la magistrada había permitido que aguardaran el juicio en sus casas.

Sin embargo, la Fiscalía, a cargo de Alicia Ghione, apeló esa decisión y el tribunal tomó sus argumentos para volver a enviarlos a la cárcel, informó MVD Noticias (TvCiudad) y confirmó El País.

Ni el exsenador ni el profesor de Historia están condenados, y por tanto lo que cumplirán en la cárcel es una medida preventiva.

La semana pasada, cuando se decidió el arresto domiciliario, la fiscal Alicia Ghione insistió en que existía riesgo para las víctimas y para la investigación, que ya habían intentado ser dañadas a través de una indagatoria paraestatal que a su juicio fue comprobada porque existen seis personas que fueron condenadas y asumieron su responsabilidad.

Foto: Leonardo Mainé

El Consultorio Jurídico de la Universidad de la República, representado por Juan Raúl Williman y Soledad Suárez, acompañó esa tesitura y agregó que una vez que los riesgos para el proceso son constatados, debe haber elementos claros que demuestren que disminuyeron para disponer un cambio de medida.

Del otro lado, la defensa de Penadés -representada por Homero Guerrero y Laura Robatto- enfatizó que las evidencias existentes son de “bajísima calidad”. “Hay relatos, declaraciones de víctimas y alguna pericia”, dijo Guerrero. A su vez, apuntó contra las víctimas, cuyas declaraciones, afirmó, fueron “preparadas” y sugirió que el móvil de las denuncias podría ser económico puesto que, de ser condenado, Penadés debería pagarle 12 sueldos a cada una.

Además, refirió que el exsenador se encuentra en un estado de “indefensión” porque no conoce las identidades de quienes lo denuncian y eso, a su vez, los inhibe de pedir otro montón de pruebas, como es el contenido de sus celulares.

Estefania Leal/Archivo El Pais

Las representantes del profesor Mauvezín, Rossana Gavazzo y Daiana Abracinskas, destacaron que su cliente no tuvo “nada que ver” con la investigación paraestatal que se utiliza como argumento para solicitar que sigan presos. A su vez, contestó a la Fiscalía, que había dicho que no había huellas de ilicitudes en el teléfono del profesor porque utilizaba mensajes efímeros, que mandar ese tipo de mensajes “no es un delito”. Por último, Abracinskas aseguró que tienen “pruebas y de sobra” de que las víctimas mintieron en sus declaraciones y se contradijeron porque “les cantaron mal la historia”. “Lo vamos a probar en juicio”, dijo.

Aunque todos los argumentos vertidos en esta audiencia ya habían estado presentes en anteriores, hubo un cambio en el resultado. ¿Por qué? “Por el paso del tiempo”, entendió la jueza Vargas, pese a que este argumento no estuvo en el centro del debate de la audiencia. La magistrada consideró que Penadés ya no es aquel senador poderoso que podía influir a otros para que lo ayuden: perdió su cargo y estuvo más de un año preso. Totalmente debilitado, es difícil que pueda entorpecer la investigación y amedrentar a las víctimas, consideró.