El juez de Concurso Leonardo Méndez deberá definir cuál grupo de ahorristas fue el que, siguiendo la normativa vigente, notificó primero a Conexión Ganadera de su solicitud de promover el concurso necesario. ¿Por qué es importante ser el primero? Porque ellos se benefician de un artículo que establece que los primeros en hacer efectivo en concurso tienen el beneficio de que el síndico califique sus créditos en la categoría de "privilegio general". Es decir, tienen más posibilidades de cobrar.

Los abogados Graciana Abelenda y Santiago Alonso presentaron un escrito este jueves en el juzgado de Concurso argumentando por qué ellos fueron los primeros. Así, intentaron echaron por tierra la posibilidad de que el Juzgado determine que el primero fue alguno de los otros que está presentado. Pero ellos en su petición apuntaron a uno en concreto.

Fundamentaron que a la hora de notificar a la empresa de la solicitud de Concurso —quien hace primero eso es quien se queda con los beneficios— ellos esperaron a que el interventor, Alfredo Ciavattone, aceptara el cargo. Eso es lo que corresponde normativamente, argumentaron. Así, llamaron la atención del juez para que note que el otro grupo de ahorristas —según exponen ellos en el escrito— lograron notificar un día antes a la empresa porque no esperaron a que el interventor aceptara el cargo.

De esa forma, le pidieron al juez que privilegie su caso sobre el otro citado.

Luego de todo este periplo, el síndico debe confirmar que el crédito de aquellos que fueron los primeros en obtener la declaración de concurso son "verificables" y toda la documentación es certera.

Etranil S.A, Del Terruño SRL y Bamidal S.A, todas empresas vinculadas a Conexión Ganadera, fueron intervenidas por la Justicia a pedido de los ahorristas. Aún no fue declarado el concurso, puesto que la empresa está en plazo para contestar.

Pero desde la intervención de estas empresas satélite —que se dispuso por decreto judicial, al que accedió El País, el 10 de febrero— también aumentó la cifra del embargo. Pasó de poco más de US$ 1.800.000 a superar los US$ 10 millones.

A su vez, el juez Méndez negó la solicitud que había hecho el estudio Brum & Costa de embargar a Daniela Cabral —viuda de Gustavo Basso— y a sus hijas. Lo hizo argumentando que para disponer medidas cautelares sobre terceros, aunque vinculados al objeto del concurso, tiene que estar el concurso decretado cosa que aún no ocurrió en este caso.