Redacción El País
La Justicia de Maldonado dio lugar a la acción de habeas corpus presentada por el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit por la atención psiquiátrica y otras patologías de 23 reclusas de la Unidad N° 13 (Las Rosas) de ese departamento.

En ese sentido, la Justicia de Ejecución y Vigilancia de Maldonado de 2° Turno condenó a Sanidad Policial del Ministerio del Interior a prestar el servicio de atención psicológica para la atención de las mujeres privadas de libertad de la Unidad Nº 13 en el plazo de 45 días" y desestimó la responsabilidad de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), "sin perjuicio de la obligación de atención que dicha administración mantiene respecto a toda la población carcelaria, oportunamente derivada y coordinada desde el centro de reclusión".

Esta situación generó un cruce entre el ministerio y ASSE por la atención de presos en Las Rosas. En el expediente, al que accedió El País, el abogado del Ministerio del Interior y de Sanidad Policial (DNSP), Jorge Otero Nande, advirtió que, de la normativa vigente, se concluye que ASSE se encuentra “en clara omisión” del mandato legal de asumir las competencias de atención sanitaria en la totalidad de los establecimientos carcelarios “desconociéndose” el carácter de subsidiaria de las obligaciones de la DNSP.

Y advirtió que, en la situación actual, Sanidad Policial no percibe partida económica para afrontar la atención sanitaria de los privados de libertad debiendo realizarla “con recursos aportados por funcionarios policiales” en actividad y retiro.

El abogado de ASSE, Marcelo Javier Fernández, replicó afirmando que la institución sanitaria interviene cada vez que es requerida o llamada por las autoridades de un centro carcelario. Ello significa, agregó, que el sistema de atención existe y se encuentra implementado. Finalmente, la Justicia de Maldonado falló a favor de ASSE y dio lugar al habeas corpus del comisionado parlamentario.