BLOQUEAN COBERTURA SANITARIA

Apelaron todas las sentencias por la financiación de implantes o cirugías.

Sara tiene 6 años y si no fuera por su implante coclear -un dispositivo que transforma las señales acústicas en eléctricas- no podría oír. Hija de padres sordos, a Sara se le colocó un implante que fue financiado por el Fondo Nacional de Recursos (FNR) pero en noviembre, el dispositivo dejó de funcionar y allí comenzó un largo periplo.

Ante ese panorama, y a meses de iniciar su primer año escolar, los padres de la niña volvieron a pedir al FNR que se financiara la cirugía que cuesta unos $ 280.000 en un prestador, pero se le negó el derecho. Los padres recurrieron al abogado, Juan Ceretta, Asistente Académico del Decano y Profesor de Forense III y Litigio Estratégico en la Facultad de Derecho de la Udelar y luego de que presentaran un recurso de amparo, el FNR finalmente concedió la financiación de la cirugía y luego apeló la sentencia. La ni- ña ya fue intervenida y pudo comenzar las clases normalmente.

En lo que va del año el FNR apeló todas las sentencias (9) correspondientes a demandas entabladas por Ceretta en las que resultó condenado, la mayoría de ellas por financiación de implantes cocleares. La directora general del FNR, Alicia Ferreira, dijo a El País que se apela porque “la judicialización es un problema profundamente inequitativo” porque los jueces de amparo “toman una decisión y luego el Tribunal de Apelaciones toma una decisión contraria”.

Ferreira señaló que “en realidad lo que el fondo quiere es defender ante la Justicia, el dinero de los uruguayos”. Agregó que “el fondo no se está defendiendo a sí mismo, está defendiendo el dinero de todos los uruguayos y así financiar cosas que aún tengan evidencia científica”.

El FNR financia desde 1998 este tipo de dispositivos que tienen un costo de US$ 19.000 para niños menores de siete años y cubre la calibración del aparato y de las baterías (de un valor de US$ 400 por año) hasta que cumplen los 21. A la dificultad de conseguir el dispositivo se le suma el conflicto de a quién le corresponde cubrir la cirugía. Cuando en 2008 fue lanzado el Plan Integral de Atención en Salud (PIAS), en el capítulo que refiere a la cirugía del implante coclear se indicó entre paréntesis que le compete al FNR, “aunque se incluye en el catálogo de servicios obligatorios que deben brindar los prestadores, tal y como venían haciendo hasta ese momento”, dijo a El País, Beatriz Rosales, jefa del servicio de otorrinolaringología del Pereira Rossell.

Ceretta indicó a El País que “desde diciembre de 2017 el FNR apela todas las sentencias en las que resulta condenado, con la única excepción de los reclamos de medicamentos que curan la hepatitis y el medicamento Bortezomib para el mieloma múltiple”. El abogado señaló que “en los implantes cocleares a veces se reclama el dispositivo y la cirugía, y otras veces solo la cirugía porque el paciente consiguió el dispositivo”.

El profesor de la Udelar considera que “no sabemos qué pasaría si un día dan con un tribunal que revoque la condena, ¿le operarán y le sacarán el aparato implantado?”, se preguntó. “¿Y si es por cirugía?, ¿se la querrá cobrar al paciente?, porque en todos los casos cuando se resuelve la apelación, la cuestión ya fue cumplida”, agregó.

Luego de consultar a la abogada del caso de Sara, Ferreira dijo que el FNR pagó el implante porque “estaba en garantía”. La médica señaló que lo que ocurrió fue que el prestador que debía realizar la operación, se negó a hacerlo. “La familia en lugar de ir contra el prestador, reclamó al FNR”, agregó. Los abuelos de Sara señalaron a El País que padecieron la discusión con el FNR sobre la pertinencia de costear la cirugía por el implante coclear: “Es horrible que el FNR haya recurrido, no quería pagar”, señaló la abuela de Sara. Agregó que “fue horrible, la niña pasó tres meses llorando que quería oír y escuchar”, apuntó.

El debate por la pertinencia de la financiación de medicamentos de alto precio, técnicas o implantes por parte del Estado se reavivó a mediados de marzo cuando el subsecretario de Salud Pública, Jorge Quian, afirmó que el Estado destinó en 2017 US$ 5,3 millones a medicamentos de alto costo para pacientes que iniciaron recursos de amparo ante la Justicia de lo Contencioso Administrativo. Esos gastos, advirtió, se realizaron por fuera del presupuesto destinado a la salud que equivale al 9,2% del Producto Interno Bruto.

En un seminario internacional denominado “Decisiones judiciales, relación médico-paciente y políticas públicas de salud” organizado por el Sanatorio Mautone en Punta del Este, Quian dijo que hay abogados que “trafican” con su influencia para que pacientes inicien los recursos de amparo ante la Justicia. “(Estos profesionales) trafican con la angustia y el miedo a morir de pacientes (con enfermedades terminales). Es muy problemático”, expresó. Quian señaló que los recursos de amparo por medicamentos por fuera del Formulario Terapéutico Médico (FTM) del Plan Integral de Atención en Salud (Pias) aumentan año a año y exponen al MSP a “gastos injustificados”. Según Quian, el presupuesto de salud tiene un límite y advirtió que ni la cartera ni el Fondo Nacional de Recursos pueden responder a todos los juicios. “Esas demandas al Ministerio de Salud son una parte importante de los conflictos que tenemos con la Justicia”, dijo.