LA MARCHA DE LA PANDEMIA

La Fiscalía recibió 441 denuncias por incumplimiento de medidas contra el COVID-19

La llegada de estos casos a la Fiscalía son el último eslabón de una cadena que, previamente, tuvo la intervención de la Policía. Más de la mitad de las denuncias fueron en los últimos tres meses.

Fiscalía de San José. Foto: Fernando Ponzetto (Archivo)
La institución solo recibe la judicialización de los casos. Foto: Fernando Ponzetto (Archivo)

Acorde se agrava la marcha del COVID-19 en el país, la Fiscalía recibe más denuncias sobre personas que, al violar las disposiciones sanitarias, pudieran haber causado un daño. Desde la declaración de la emergencia y hasta terminado el mes de octubre, la institución recibió 441 denuncias. Más de la mitad fueron en los últimos tres meses.

La llegada de estos casos a la Fiscalía son el último eslabón de una cadena que, previamente, tuvo la intervención de la Policía, que tuvo la intención de solucionarse por la vía administrativa o de la persuasión y que, ante un posible desacato u otra violación, termina judicializándose.

Así las cosas, hubo 12 denuncias que terminaron formalizándose, de las cuales diez fueron en los últimos tres meses. Y, a la vez, hubo nueve personas imputadas, según surge de los datos que la Fiscalía respondió en un pedido de acceso a la información pública.

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, aclaro que “Uruguay no tiene, como sí existe en Argentina o Chile, un delito de peligro. Allí el mero hecho de incumplir una norma sanitaria configura un delito, aquí no”. Por lo cual la mayoría de imputaciones fueron asociadas al desacato o razones por el estilo.

Un ejemplo fue la imputación de un joven en situación de calle, Covid positivo, que había sido internado en el hospital Español. Ante su reiterado intento de fuga del centro de salud y la intervención de la Policía más de cinco veces, se formalizó la denuncia y se le impuso la prisión preventiva.

Los diputados nacionalistas Mario Colman (Colonia) y Javier Radiccioni (Canelones) habían presentado un proyecto de ley que busca regular el delito de violación a las disposiciones sanitarias y que penaliza con entre tres y veinticuatro meses de prisión. El texto ya recibió la media sanción de la cámara de Representantes, en setiembre, y ahora está a estudio del Senado.

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