En un hecho inédito, la fiscal de Estupefacientes de 1er Turno, Mónica Ferrero, investiga un informe del Instituto Técnico Forense (ITF)sobre la salud del narcotraficante Juan Antonio González Bica para determinar si fue elaborado en base a información apócrifa o no. Ese documento fue clave para que la Justicia determinara la prisión domiciliaria de González Bica el 30 de mayo de este año. Poco después el delincuente se fugó y luego se descubrió que no padece ninguna dolencia renal como señala el documento pericial del ITF.

Dicho informe, que dice en su margen superior izquierdo “Validado por el Poder Judicial. 08/05/2023”, expresa que González Bica tiene enfermedades graves que no son tratadas en el Penal de Libertad. “Ni una aspirina me dan”, dijo González Bica al médico del ITF, según el informe anexado al expediente judicial.

En base a ese documento, la jueza de Crimen Organizado de 2° Turno, María Helena Mainard, otorgó la prisión domiciliaria de González Bica. Poco después, el narcotraficante rompió la tobillera y salió del país. “Es decir, se indujo a error a la jueza Mainard. Todos los jueces utilizamos los informes de los peritos del ITF para elaborar nuestros fallos”, dijo un magistrado a El País.

Parte del contenido para elaborar el informe del ITF fue aportada por la abogada de González Bica. En diferentes ocasiones, Ferrero planteó que las historias clínicas de los imputados no debían ser aportadas por una de las partes sino que el juez del caso debería solicitarlas y estas tendrían ser dadas por los prestadores de salud del investigado (mutualistas o centros estatales).

Ayer trascendió que Ferrero investiga otros informes incluidos en el expediente judicial por la abogada de González Bica, Mercedes Acosta, quien fue formalizada con prisión preventiva por falsificación de documentos.

También fueron formalizados Matías Campero, quien es señalado de haber elaborado documentación apócrifa en la causa, y un narco de Villa Española que fue internado en una clínica tras presentar un informe médico presuntamente apócrifo.

A su vez Campero falsificó documentos oficiales que le permitieron estar en prisión un poco más de un mes en Maldonado y donde solo tenía una tobillera pese a que había sido imputado por un secuestro y una privación de libertad. Es decir, tres magistrados fallaron en base a documentos hoy investigados por la Fiscalía.

En tanto, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió iniciar una investigación administrativa respecto a la actuación en la causa del narcotraficante fugado. No es un sumario, sino una actuación para determinar lo ocurrido y la posibilidad de que haya responsabilidades que investigar, explicó una fuente judicial a El País.

En el expediente sobre la prisión domiciliaria y posterior fuga de González Bica ya se comprobó que existen informes médicos y del comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, apócrifos. El legajo, que tiene unas 250 páginas, contiene un informe del Instituto Técnico Forense sobre el estado de salud de González Bica. Está fechado el 8 de marzo en Libertad, San José, y es dirigido a la fiscal Ferrero. Señala que González Bica está alojado en el Penal de Libertad. Y agrega que el motivo de la pericia es “determinar si de acuerdo al estado sanitario del Sr. González Bica, el mismo se encuentra en condiciones de cumplir la pena impuesta en régimen de reclusión”.

El método utilizado por el médico del ITF para evaluar el estado de salud de González Bica fue en base a un fragmento de la historia clínica del condenado, el expediente judicial, un examen físico y la entrevista al delincuente.

Según el informe del ITF, González Bica “manifestó que presenta antecedentes por una patología cardíaca desde la infancia. Insuficiencia renal por lo que en marzo de 2022 se le indicó la administración diaria de comprimidos de furosemida y hemodiálisis dos veces por semana. (...) Refirió que desde que está en el Penal de Libertad no se le han realizado las diálisis correspondientes”.

El médico del ITF concluye que al no hacerse hemodiálisis periódicas, “mas allá de ser una falta injustificable, conlleva un riesgo grave para la salud y vida de la persona”.

El médico alerta que “las patologías crónicas” que sufre el narco son complejas y requieren de un abordaje asistencial. Agregó que, durante su reclusión en el Penal de Libertad, “no se ha cumplido rigurosamente con las recomendaciones médicas”. Por eso, concluye, la unidad donde está recluido “no cuenta” con las condiciones necesarias para su asistencia.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) envió ayer una circular a todos los jueces solicitándoles que informen sobre los presos que están en situación de prisión domiciliaria, dijo a El País una fuente de la Corporación. Algunos jueces consultados aún no habían sido notificados de dicha decisión.

La circular de la Corte fue emitida luego de la reunión mantenida entre el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y la presidenta de la Corporación, Doris Morales. En el encuentro con Heber, Morales solicitó que se incrementara el uso de tobilleras reduciendo así la cantidad de policías que custodian a reclusos. El ministro, por ejemplo, aprovechó para comentar que la cartera está comprando 200 tobilleras más para violencia doméstica, y que el stock que tiene el ministerio hoy sobra para atender la demanda.

De hecho, Heber -que estuvo acompañado por el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel- aseguró que es preferible que las sentencias de los jueces ordenen la colocación de la tobillera antes que la protección de un policía, ya que esto último supone una exigencia en la disponibilidad de los recursos humanos.

Asimismo, Morales -que por su parte acudió junto al director general de los Servicios Administrativos de la Suprema Corte, Marcelo Pesce- transmitió que hay juzgados que necesitan “más seguridad”. El ministro tomó nota y dijo que estudiará la solicitud.