Redacción El País
El falsificador Matías Campero participó el 31 de mayo pasado en una audiencia en el Juzgado Especializado en Crimen Organizado de 2° Turno, cuando se debatió la prisión domiciliaria del narcotraficante Juan Antonio González Bica, según informó a El País una fuente de la investigación.

Campero, según el informante, se sentó detrás de la abogada del traficante, María de las Mercedes Acosta, en el lugar que ocupa el público. A pedido de la abogada de González Bica, la jueza María Helena Mainard otorgó la prisión domiciliaria con tobillera para el delincuente, basando su fallo en informes apócrifos proporcionados por la profesional.

Dichos documentos fueron falsificados por Campero, según la fuente. Dos meses más tarde, González Bica rompió la tobillera y se fugó. Su paradero es desconocido

La fiscal de Estupefacientes, Mónica Ferrero y su adscripta, Gabriela Fernández, comenzaron una investigación sobre las falsificaciones que indujeron a error a la magistrada.

La indagatoria fiscal se aceleró con la denuncia penal presentada por el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, tras constatar que, en el expediente que pedía la prisión domiciliaria para González Bica, había un informe suyo falsificado.

En el legajo también constan documentos del Instituto Técnico Forense (ITF) apócrifos y sin firmas. Uno de los documentos del ITF fue clave para que Mainard otorgara la prisión domiciliaria de González Bica, ya que advertía que el traficante de drogas -entonces encarcelado en el Penal de Libertad- debía hacerse diálisis por una enfermedad renal. Y agregaba que en el Penal de Libertad no había lugar para realizar el tratamiento. Los informes elaborados por Campero también señalaban que González Bica sufría de problemas cardíacos.

Tras la denuncia de Petit, la fiscal Ferrero detuvo a Campero, a la abogada Acosta y a un narcotraficante de Villa Española que había logrado la internación en una clínica en base a documentos falsos. Esos papeles también habían sido confeccionados por Campero.

En junio de este año, el propio Campero había sido imputado por secuestro y privación de libertad de una mujer y de un constructor que había estafado a su madre en US$ 3.000 destinados a la construcción de una cabaña. Campero se enteró por Canal 4 que el constructor era un estafador y decidió tomar represalias.

Dos meses después de ser imputado, Campero usó documentación falsa para salir bajo el régimen de prisión domiciliaria. Ahora, Campero, la abogada Acosta y el traficante de Villa Española enfrentan una prisión preventiva de 180 días por delitos de falsificación de documentos y estafas.