Redacción El País
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) tiene sobre la mesa un informe de la jueza de Crimen Organizado de 2° Turno, María Helena Mainard, y una copia del expediente donde la magistrada concedió la prisión domiciliaria el 31 de mayo pasado al narcotraficante Juan Antonio González Bica, quien luego rompió una tobillera y se fugó.

Según consta en el expediente al que accedió El País, Mainard fue inducida a error por informes médicos y documentos del Instituto Técnico Forense (ITF) supuestamente apócrifos y que carecían de firmas. Esos documentos fueron presentados por la entonces abogada defensora de González Bica, Mercedes Acosta.

La profesional elevó a la jueza Mainard una petición por escrito de prisión domiciliaria para González Bica, quien había sido encarcelado en el Penal de Libertad en el marco de una incautación de 400 kilos de drogas en la “Operación Pitágoras”.

“Es imperioso que la Sede (juzgado) otorgue de manera urgente la sustitución de prisión efectiva a un arresto domiciliario total (prisión domiciliaria) cometiendo a la Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida (OSLA) para preservar la integridad del Sr. González. A la fecha de este informe expedido por la sociedad médica Universal que acompaña al presente (...) mi defendido presenta distintas patologías, entre ellas a destacar la cardíaca y renal”, dice el documento.

En otro tramo, la abogada Acosta afirma que dentro de la cárcel “no están dadas” las condiciones para el tratamiento y la recuperación total del penado, quien “no puede permanecer recluido” como surge de la evaluación del médico cardiólogo tratante que también acompañaba el escrito.

Al final, bajo un subtítulo de prueba documental, la abogada incluyó: un “informe médico de un profesional de cabecera del penado, un “informe médico de su cardiólogo tratante”, un “informe de tomografía computada e imágenes de la misma”, la “historia clínica” del recluso y un “escrito del Comisionado Parlamentario”.

Según señaló a El País una fuente del caso, se estudia si todos estos documentos son falsos. Y agregó que los certificados médicos presentados por la abogada Acosta fueron certificados en puerta de emergencia y no por el médico tratante de su defendido. “No hay ningún certificado (en el expediente judicial) que diga que Bica se dializó”, agregó la fuente.

La audiencia, realizada el 31 de mayo de este año, fue convocada por la jueza Mainard para analizar la prisión domiciliaria con seguimiento de la OSLA de González Bica.

La fiscal adscripta de Estupefacientes de 2° Turno, Gabriela Fernández, planteó que dada la peligrosidad de González Bica este debía ser realojado en una cárcel donde se realice hemodiálisis.

La abogada del narcotraficante, por su parte, alegó que sí existía riesgo para la vida del penado se debía sustituir la prisión efectiva por prisión domicilia. Luego citó supuestos informes del Instituto Técnico Forense y del médico tratante que constaban en el expediente.

En ese momento, nadie sospechaba que esos informes podrían haber sido elaborados por el falsificador Matías Campero, quien seguía el devenir de la audiencia sentado en una silla del público. La Fiscalía analiza la autenticidad de los documentos.

Acosta agregó que González Bica sufría un problema renal y debía hacerse diálisis dos o tres veces por semana.

La fiscal Fernández insistió en que había que agotar todas las posibilidades antes de decretar la prisión domiciliaria de González Bica, dado que era un preso peligroso porque integraba una “organización transnacional” de tráfico de drogas.

La jueza Mainard, quien manifestó en varias ocasiones un pésimo concepto del funcionamiento del sistema carcelario, explotó: “¿Cuál sería esa cárcel? Debe ser en la China o en otro país. Entiendo su planteo, fiscal. Dígame a dónde lo llevamos (a González Bica)”.

La fiscal Fernández expresó que el interno debía ser alojado en el Centro de Estudios y Diagnóstico -excárcel Central- hasta que se le encuentre un penal donde se le pudieran hacer las diálisis.

Mainard expresó: “Ustedes son las partes (en el caso). Me tienen que dar una solución”.

Acosta señaló que las malas condiciones de tratamiento del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) eran obvias. Y luego agregó: “No estamos ante un asesino serial”.

Mainard, en tanto, dijo: “Yo entiendo que el delito es grave. Pero no lo vamos a dejar morir en la cárcel. No (es) un santo varón. Tiene una pena y la tiene que cumplir. La situación del INR es lamentable; el riesgo de vida lo tiene”. La jueza basaba su opinión en las visitas a cárceles que realiza desde hace años y en los informes supuestamente falsos sobre la salud de González Bica presentados por su abogada.

Dos meses después de obtener la prisión domiciliaria, González Bica rompió la tobillera y se fugó.

Al enterarse que en el expediente había un informe suyo apócrifo, el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, presentó una denuncia penal que desencadenó una investigación formal. A pedido de la fiscal Mónica Ferrero, Campero, la abogada Acosta y otro narco que gozaba de una prisión domiciliaria en base también a supuestos documentos apócrifos fueron formalizados por Mainard por falsificaciones de documentos y estafas. Fueron defendidos por el abogado Pablo Casas.

El caso generó el incremento de controles de las prisiones domiciliarias.

El presidente de la Asociación de Penalistas del Uruguay, Juan Fagúndez, dijo a El País que la prisión domiciliaria se utiliza como medida cautelar cuando prima el principio de inocencia y para aquellas personas mayores con problemas de salud. Agregó que es un régimen que descomprime el sistema penal.

El abogado Marcos Pacheco afirmó que la fuga de González Bica generó “malestar” y “repudio” en la población carcelaria porque jueces y fiscales restringirán las medidas alternativas a la prisión.Contó el caso de una persona presa desde hace 23 años, con buena conducta y riesgo bajo, que tenía una salida especial para el día siguiente de la fuga de González Bica y la misma le fue negada. “Los presos temen que esta situación se mantenga en el tiempo”, agregó Pacheco.

En tanto, el abogado Rafael Silva expresó que el escape de González Bica hará que las autoridades “miren con lupa” las prisiones domiciliarias.