Redacción El País
El fiscal de Lavado de Activos del 1er Turno, Enrique Rodríguez, definió la reapertura del caso por presuntas irregularidades en la construcción del Antel Arena, según señalaron fuentes políticas y judiciales a El País.

El reexamen se realizará luego de que el presidente Luis Lacalle Pou pidiera al directorio de la empresa de telecomunicaciones que “se agoten todas las instancias” en cuanto a la investigación de presuntas irregularidades.

La causa, que se inició cuando Gabriel Gurméndez (hoy precandidato por el Partido Colorado) presidía el ente, había sido archivada en febrero por el fiscal Alejandro Machado, que reconoció en su momento que se habían constatado “desprolijidades” y un “manejo dispendioso de los recursos”, pero al mismo tiempo entendió que estas cuestiones no alcanzaban a configurar un delito.

Gurméndez criticó en el mismo mes de febrero, en declaraciones a El País, la decisión de Machado, al tiempo que elogió la “actitud muy diligente” del fiscal Rodríguez, que ya se había encargado del caso antes de que lo tomara Machado. “Hubo un cambio de fiscal, sentimos que la causa entró en un proceso de enlentecimiento y terminó en este proceso de archivo”, sostuvo el precandidato presidencial.

Un grupo de operadores del derecho opinaron semanas atrás a El País que un fiscal que ya actuó en la causa no es quien debería analizar reabrirla, dado que la función de un reexamen es que otros ojos miren la misma evidencia para definir si hay que seguir investigando o no. Sin embargo, hay otros que sostienen que el hecho de que un fiscal haya participado en la causa no invalida su posibilidad de expedirse sobre un reexamen, esto siempre y cuando que —como ocurre en el caso de Rodríguez— nunca haya tomado una decisión sobre el fondo del asunto. Durante su tiempo en la causa, el fiscal no se inclinó ni a favor de imputar ni a favor de archivar.

La denuncia realizada por Antel fue presentada en noviembre de 2021 argumentando, principalmente, que había tres irregularidades. En primer lugar, que se violó “el principio de especialidad” que establece que los entes autónomos no pueden realizar “negocios extraños” a su función, que está determinada por ley. El segundo punto refiere al costo del Antel Arena. La auditoría externa que contrató Antel estimó que el costo fue más del doble de lo estimado por Carolina Cosse, expresidenta de la empresa pública, inicialmente. En tercer lugar, compararon el costo de la construcción con otros espacios similares en la región y argumentaban que el Antel Arena fue considerablemente más costoso.