ESTE LUNES

Germán Casaravilla, exdirector de la Agencia Tributaria de la Intendencia de Canelones, denunció penalmente este lunes por el delito de difamación al intendente canario, Yamandú Orsi, a Laura Tabárez, directora de Recursos Financieros de la Intendencia de Canelones, y a Francisco Legnani, secretario general de la comuna canaria.

Orsi cesó a Casaravilla el 9 de agosto, según se informó en ese momento, "por negociar fuera del procedimiento establecido" la deuda de Contribución Inmobiliaria que mantenía el senador comunista Óscar Andrade por su casa del balneario San Luis. El caso se había conocido pocos días antes en una investigación del programa "Santo y Seña" (Canal 4).

En diálogo con El País este lunes, Casaravilla confirmó que presentó la denuncia por difamación esta tarde, considerando que su nombre quedó "manchado y expuesto públicamente" tras el caso.

Consultado sobre por qué dio este paso ahora, dijo que hace dos meses y medio venía pensando radicar esta denuncia y que en este tiempo hizo "el proceso interno de tomar la decisión". "No es algo muy fácil para mí hacer una denuncia de este estilo. Me costó mucho", aseguró.

En el texto de la denuncia, a la que accedió El País, se relatan los hechos desde la perspectiva de Casaravilla y se indica que "todo este penoso asunto" tomó "dimensiones periodísticas enormes, por su difusión, que dañaron severamente la imagen" del denunciante, "y le provocaron una gran aflicción moral". 

El escrito agrega que si bien Orsi, Legnani y Tabárez informaron públicamente que "la remoción y cese del suscrito (Casaravilla) se debió a irregularidades", su salida ocurrió "por la aceptación de la renuncia, que, como en todo cargo de confianza, se presenta al asumir el cargo que corresponda, previamente firmada para que el jerarca pueda hacer uso de la misma en cualquier momento".

"Si los jerarcas de la IMC nada hubieran expresado, esta denuncia no habría existido. Por motivos que desconocemos, pero sin dudas con intencionalidad política, se nos expuso públicamente, configurándose, a nuestro entender, el delito de difamación por los tres denunciados", añade el escrito.

La denuncia agrega que "de haber existido, como dijeron los tres denunciados, irregularidades que justifiquen el cese o la destitución del suscrito, debería haber existido un proceso administrativo previo a este cese, con intervención del hoy denunciante. Proceso que no existió".

"Gratuitamente, el suscrito fue 'incinerado' en los medios como un funcionario que '…vaya uno a saber qué favor le hizo' al senador Oscar Andrade. El compareciente no hizo ningún favor. Solamente acordó el pago de una deuda de contribución inmobiliaria de un senador de la República con base a la normativa vigente", señala el escrito.

El artículo 333 del Código Penal establece sobre el delito de difamación: "El que ante varias personas reunidas o separadas, pero de tal manera que pueda difundirse la versión, le atribuyere a una persona un hecho determinado, que si fuere cierto, pudiera dar lugar contra ella a un procedimiento penal o disciplinario, o exponerla al odio o al desprecio público, será castigado con pena de cuatro meses de prisión a tres años de penitenciaría o 80 U.R. (ochenta unidades reajustables) a 800 U.R. (ochocientas unidades reajustables) de multa".

Consultadas por El País, autoridades de la Intendencia de Canelones declinaron realizar comentarios sobre el tema.