El 5 de abril de 2013 la entonces presidenta de Antel, Carolina Cosse, anunció que en el viejo edificio del Cilindro Municipal, ya muy venido a menos tras un incendio, iba a construirse el Antel Arena. Esto se haría a un costo de US$ 40 millones y el escenario podía llegar a generar US$ 10 millones anuales. Finalmente, el costo fue de US$ 120 millones y el ente descarta poder llegar a una recaudación por año de esa magnitud.

Casi 11 años más tarde del anuncio de Cosse, la construcción del Antel Arena se transformó en un enorme expediente en la Fiscalía de Delitos Económicos de 1er turno que, según declaró esta semana a El País el precandidato colorado y expresidente de Antel, Gabriel Gurméndez, “va camino al archivo”.

La pregunta es: ¿en qué situación está hoy la causa y qué se espera que pase con esta luego de la feria judicial?

El 8 de octubre de 2021, bajo el liderazgo de Gurméndez, el directorio de Antel fue el que presentó ante la Fiscalía una denuncia penal por presuntas irregularidades en el proceso que implicó la obra. El escrito, elaborado por el abogado Gustavo Bordes, se basó en las conclusiones y en el estudio de dos auditorías que se realizaron a pedido del directorio que asumió con el gobierno de Luis Lacalle Pou.

El entonces fiscal especializado en Delitos Económicos de 1er Turno, Enrique Rodríguez, citó a declarar a los denunciantes que integraban el actual directorio de la empresa estatal y a exjerarcas frenteamplistas, entre ellos, a la intendenta Cosse.

La actual jefa comunal de Montevideo, y precandidata presidencial del Frente Amplio fue la primera indagada en el caso. En una audiencia donde concurrió asistida por el abogado Gonzalo Fernández, ella explicó ante el fiscal Rodríguez los motivos que la llevaron a impulsar la construcción del Antel Arena -en un lugar que pertenece a la Intendencia de Montevideo-, y se defendió en cuanto a los supuestos sobrecostos de la obra y las compras directas realizadas durante el proceso de edificación del complejo multifuncional. Solo dos compras fueron mediante llamados a licitación.

A la salida de la audiencia en la Fiscalía, Cosse dijo en rueda de prensa que la denuncia era “una opereta política” de los partidos tradicionales.

En febrero del 2023, el fiscal de Corte adjunto, Juan Gómez, designó a Rodríguez como titular de la Fiscalía de Lavado de Activos. En sustitución de Rodríguez fue nombrado el fiscal Alejandro Machado.

El 28 de agosto de 2023, el ministro de Medio Ambiente y exvicepresidente de Antel, entre 2020 y el año pasado, declaró como testigo ante Machado.

Al salir de la Fiscalía, Bouvier señaló que estaba convencido de que el proceso de la construcción del Antel Arena tuvo “unos cuántos vicios importantes”.

Según fuentes cercanas a los denunciantes, la investigación fiscal no avanzó luego de la declaración de Bouvier.

Las fuentes también cuestionaron la declaración en la Fiscalía del director por el Frente Amplio, Daniel Larrosa, por testificar sin ser denunciante, imputado ni testigo.

Agregaron que Bordes se opuso ante el fiscal Machado a la declaración de Larrosa, por entender que el director del Frente Amplio realizó una contradenuncia, algo que no está establecido en el Código de Proceso Penal (CPP) uruguayo.

Además de oponerse a la denuncia presentada por la mayoría del directorio de Antel, Larrosa -quien fue asistido por el abogado Diego Camaño- presentó un escrito ante el fiscal Machado donde señalaba que había una maniobra por parte de la administración Gurméndez, que buscó “desprestigiar” lo realizado en el gobierno del Frente Amplio.

En tanto, otras fuentes del caso replicaron que Larrosa sí tenía legitimidad para testificar en la Fiscalía, porque hoy es director de Antel. Y agregaron que el caso Antel Arena había sido politizado por parte de algunos integrantes del oficialismo, los que ya iniciaron su campaña preelectoral.

Gurméndez fue quien cuestionó en declaraciones a El País a Machado por no tener la misma celeridad en el caso Antel Arena, en referencia con la investigación sobre el traficante uruguayo Sebastián Marset.

En la nota publicada por El País el domingo, Gurméndez recordó que esta semana se cumplía un año desde que se cambió el fiscal de la denuncia penal relacionada con la construcción del Antel Arena. “Venía avanzando muy bien hasta que casualmente se cambia al fiscal, y se designa a Alejandro Machado, y no pasa nada en un año”, afirmó.

Enseguida agregó que otras denuncias muy posteriores en el tiempo tienen “velocidad de vértigo” y con todo tipo de “filtraciones”, en referencia al caso Marset. Y añadió: “Nos hubiera gustado que a esta denuncia, que trata sobre 120 millones de dólares de los uruguayos, le hubiera dado la misma rapidez y tratamiento que el mismo fiscal les dio a otras de sus causas (…) Esta denuncia la tienen dormida, a fuego lento, no pasó casi nada en un año. Ojalá avance”, dijo Gurméndez.

Fuentes del entorno de los denunciantes recordaron que la exfiscal, Gabriela Fossati, relató que el fiscal de Corte adjunto, Juan Gómez, no la quería al frente de la Fiscalía de Delitos Económicos de 1er Turno, porque debía investigar casos que involucraban a dirigentes frenteamplistas.

“La propuesta de Gómez quedó sin efecto. Lo que faltaba, que una blanca fuera a ocupar un lugar donde se encontraban abiertas investigaciones a las administraciones anteriores, entre ellas, según me dijeron, la denominada Antel Arena”, dice Fossati en su libro La cara oculta del sistema judicial en Uruguay. El poder de “La Manada”.

Machado declinó hacer declaraciones para esta nota. Desde su entorno señalaron que el conflicto generado por el avance de la causa “era un tema político” y que tenía que ver con la proximidad de la campaña electoral.

La feria se levanta en 20 días y este es un caso que se espera avance. Sin embargo, no hay, por ahora, nuevos citados a declarar.

Foto: Juan Manuel Ramos