Redacción El País
La defensa de José Peirano Basso denunció ante la Justicia de Paraguay el incumplimiento del tratado de extradición entre los Estados parte del Mercosur, así como la sentencia definitiva dictada que derivó en la extradición del exbanquero a Paraguay. Además, solicita que “de la manera más urgente posible” se disponga la repatriación de Peirano Basso a Uruguay.

“Esto es consecuencia de la mala praxis de las audiencias de imposición de medidas. ¡Meten presa a la gente sin analizar los antecedentes de caso en particular! Es hora de dejar de abusar con las medidas cautelares en el Paraguay”, escribió en su cuenta de Twitter el abogado defensor de Peirano Basso en Paraguay, Guillermo Duarte Cacavelos.

“La argumentación judicial se sostiene en un conjunto de delitos por dos casos y nosotros decimos que acá hay un problema porque el tratado de extradición autoriza solamente a un delito; en cada uno de los juzgados se le sumaron ilegalmente delitos y eso es una violación grave de las reglas de cooperación internacional”, detalló Duarte Cacavelos en diálogo con PDS Radio.

El pedido por parte de la defensa se da luego de presentar un recurso de apelación en contra de las dos resoluciones que decretaron la prisión preventiva, en lugar de prisión domiciliaria.

La jueza determinó la prisión preventiva con base en un artículo del código penal paraguayo donde se especifica que en caso de que haya "hechos conexos" se puede ampliar la denuncia. Para el defensor, sin embargo, esto es ilegal porque "ya se rechazó" desde Uruguay cuando la Justicia paraguaya solicitó la extradición por tres delitos y solo les concedieron que fuera por uno.

En otro punto de la denuncia, la defensa de Peirano Basso alega que si el exbanquero es derivado a la prisión de Tacumbú "peligra su derecho a la vida", dado que dicho centro es "uno de los peores establecimientos de reclusión de Latinoamérica. Allí la vida no vale nada. Es el mismísimo infierno".

El exbanquero José Peirano Basso fue extraditado a Paraguay el pasado lunes. Allí era requerido desde hacía 21 años y enfrenta un juicio por fraudes entablado por ahorristas del Fondo Mutuo Banalemán, propiedad del Grupo Velox. El empresario afronta acusaciones por los delitos de lesión de confianza, conducta indebida en situación de crisis y promoción fraudulenta de inversiones.