Penas desiguales: una rapiña sin arma se pena con cuatro años, lo mismo que para una estafa millonaria

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Si una persona le quiere robar el celular a otra, para hacerlo lo empuja y lo amenaza con que si no se lo entrega lo va a matar -aunque ni siquiera tenga un arma-, entonces ese delito se considera una rapiña y tiene como mínimo una pena de cuatro años de prisión y hasta 16. En otro plano, si una persona hackea cuentas bancarias y logra realizar una estafa millonaria afectando a varias personas, tendría una pena de un mínimo de seis meses y un máximo de cuatro años. Tomando estos ejemplos es que algunos penalistas advierten que el Código Penal uruguayo tiene un problema severo de dosimetría, es decir un problema con la proporcionalidad de las penas.

El criminólogo y profesor grado 5 en derecho penal, Germán Aller, planteó que existe un desequilibrio, lo que es consecuencia de que haya más legislación por fuera del Código Penal que dentro de este. Los distintos gobiernos han ido modificando las penas de delitos por separado, como en el caso del narcotráfico o los delitos sexuales, para hacer frente a ciertos problemas del momento. Esto, según Aller, ha generado una “hipertrofia del derecho penal”.

Por su parte, Gustavo Bordes, abogado penalista y profesor grado 4, indicó que se encuentra en una “posición intermedia” entre los que dicen que el crimen se soluciona aumentando las penas y creando nuevas figuras delictivas y los que creen que el incremento de penas no soluciona nada. “El mundo avanza y se dan nuevas formas de delincuencia, por ejemplo asociados a tecnología, y es necesario que el código se vaya adaptando”, dijo a El País.

Entre los fiscales hay consenso en que se debe realizar una revisión general del Código Penal, creado en 1934, y que Uruguay debe “marcar una política criminal estatal”. Sin embargo, en la práctica los investigadores tienen matices, porque el aumento o disminución de las penas tiene un gran impacto en su trabajo diario y puede inducir en “mayor impunidad”, según advierten.

El debate sobre la incoherencia en las penas se ha puesto sobre la mesa en las últimas semanas por artículos que se integraron en esta Rendición de Cuentas. Por un lado, existen proyectos de ley que buscan modificar el artículo 74 de la Ley de Urgente Consideración (LUC), el cual pautó una pena de cuatro a 15 años de prisión para quien suministre drogas en las inmediaciones o interior de las cárceles y otros establecimientos. La severidad en esta pena está vinculada al aumento de la cifra de mujeres privadas de libertad, según ha señalado el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit.

Por otro lado, el Ministerio del Interior propuso 17 cambios normativos también en esta Rendición y uno de los artículos busca incrementar la pena de homicidio simple para que pase a tener seis años de mínima en lugar de dos.

Esta medida fue criticada tanto por el fiscal de Corte, Juan Gómez, como por los fiscales de Montevideo especializados en Homicidios, porque -aseveran- impediría que se pueda realizar un acuerdo abreviado (negociación entre el imputado y Fiscalía).

La eficiencia de la Fiscalía depende de la herramienta del proceso de acuerdo abreviado -sostienen-, ya que descongestiona el sistema y permite condenar a personas por homicidio sin la necesidad de contar con testigos, los que según los fiscales especializados son “muy difíciles” de conseguir. Si los fiscales no cuentan con esta vía procesal, deben enfrentarse a juicios orales que son muy largos y requieren mucho trabajo probatorio.

El fiscal Gómez argumentó que con esta medida los fiscales comenzarían a tener unos 30 juicios por año y seguirían contando solo con un fiscal titular y dos adscriptos. Frente al Parlamento, el jerarca dejó en claro que con este tipo de soluciones se está “fomentando la impunidad”. El fiscal Carlos Negro escribió sobre esto en su cuenta de Twitter: “Los niveles de condenas (hoy ya bajos) caerán inexorablemente”.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, ayer fue entrevistado en radio Del Sol y dijo que “no puede haber una persona que mate a otra persona y tenga mínimo dos años. Es un disparate”. Aunque reconoció que están valorando aumentar la pena de homicidio simple a cuatro años para que los fiscales puedan continuar con los acuerdos abreviados. Luego de su participación en el Parlamento ayer por la tarde, Heber pidió que los 17 artículos de seguridad no se dejen aparte de la discusión por la Rendición.

La fiscal de Delitos Sexuales, Alicia Ghione, señaló a El País que Uruguay es de los países de Latinoamérica con las penas más bajas para los delitos sexuales contra menores de edad.

Sin embargo, también explicó que el rango amplio de máximos y mínimos (de dos a 12 años de prisión para abuso sexual) permite que los abusadores o explotadores acepten su culpabilidad y puedan ser condenados mediante proceso de acuerdo abreviado. Nuevamente, lo que está en juego es la falta de testigos o, en algunos casos, medios probatorios como filmaciones de cámaras de seguridad, dado que este delito se da en el plano privado.

De todos modos, Ghione aseguró que aumentar las penas de delitos sexuales no genera que “haya menos delitos” y tampoco contribuye a la “reeducación de los delincuentes”.

El fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Gilberto Rodríguez, sostuvo que las penas deben estar acordes a los perjuicios generados y afirmó que las estafas “tienen penas muy bajas”.

Las estafas electrónicas, desde las que se realizan a través de redes sociales hasta las organizadas por hackers, pueden parecer que son “daños intangibles” -dijo Rodríguez-, pero el ciberdelito puede tener la gravedad de hacer caer el sistema informático de un país.

El abogado Bordes es de la escuela que cree que el aumento de las penas tiene un efecto disuasivo, es decir, provoca que menos personas cometan un delito. “Que no te quepa la menor duda que esto es así”, afirma. No obstante, reconoce que lo que se puede discutir es “cuán disuasorio es”, por ejemplo, si se cambia una pena de tres a cinco años.

Para argumentar por qué la pena incide en la disuasión del delito, el experto en derecho penal pone el ejemplo de multa por exceso de velocidad. “Si la multa por velocidad excesiva fuera de 10 pesos, la gente lo haría más. El derecho penal también está asociado a la efectividad de su aplicación. La multa puede ser alta, pero si te tiene que agarrar un oficial de tránsito en lugar de un radar, entonces más gente se excedería, en cambio, si está el radar ahí, todo el mundo pasa a 60”.

Lo que el profesor pretende dejar en claro es que si la pena es alta, pero es muy difícil que se aplique, continúa la impunidad. En tanto, si la pena es benévola, Bordes cree que los ciudadanos “se arriesgan más”. Es por eso que siempre las penas deben estar acompañadas de estrategias de prevención e investigación.

Aller, criminólogo y profesor grado 5 de derecho penal, por su parte, difiere de esta visión sobre el efecto disuasivo de las penas y se preguntó: “¿Qué delito bajó con el aumento de pena?”. Y se contestó a sí mismo que esto no ocurrió ni en el caso de los copamientos ni con las rapiñas.

“Aumentar la pena por el delito de estafa no va hacer que baje el delito, pero no significa que no se pueda realizar alguna modificación”, dijo el criminólogo. Aller está de acuerdo en que lo primero que se debe hacer es fortalecer el sistema de prevención y represión.