IMPACTO EN LAS EMPRESAS

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El notorio decaimiento en la economía provocado por la emergencia sanitaria para combatir el COVID-19 ya pegó fuerte en muchas empresas de distintos ramos y generó inquietud en empresarios.

Un ejemplo de ello es lo que ocurrió en la mañana de ayer. Según fuentes empresariales, la consultora Deloitte realizó una conferencia de presentación por el formato webinar de un informe sobre el impacto del COVID-19 sobre variados temas a través de Internet. La conferencia convocó a casi 200 empresarios e interesados. Por su parte la consultora KPMG también utiliza esta modalidad de comunicación para asesorar a sus clientes en todas las áreas.

Las preguntas de los empresarios a los expertos de Deloitte se centraron en dos ejes: la responsabilidad contractual (en contratos civiles y comerciales) y COVID-19 y el impacto en el IRAE. Es que una cesación en la cadena de pagos de una empresa de mediano o gran porte podría generar un “efecto dominó” en un mercado pequeño como el uruguayo y provocar una seguidilla de concursos, según relataron a El País especialistas en la materia.

Consultado el abogado Juan Bonet, socio a cargo del Departamento Legal de Deloitte a quien le tocó presentar el E-book “COVID-19. Desafíos ante una nueva realidad”, dijo a El País que en este contexto de emergencia sanitaria mundial puede ocurrir un incremento de los concursos porque la cadena de pagos está diezmada y cayó el nivel de consumo de la población por las medidas para evitar los contagios.

Para Bonet, la emergencia sanitaria provocó varias fases: la existencia de problemas laborales de las empresas que derivó en el envío de más de 86.000 personas al seguro de paro; la renegociación o los incumplimientos de contratos; las solicitudes de concursos internacionales -multinacionales que pueden quebrar (“chapter 11”) en otros países y que tienen filiales en Uruguay- y el cierre de empresas locales.

Otras de las facetas involucran el trabajo de los síndicos e interventores y las perspectivas de las empresas concursantes de que la Justicia no categorice su concurso como “culpable”, lo cual tiene efectos negativos para el patrimonio del propietario de la firma.

“Se pueden incrementar los pedidos de concursos de las empresas. Por la ineludible y necesaria emergencia sanitaria dispuesta por el gobierno para contener el virus, hay empresas que vieron disminuidos sus ingresos por la caída de la recaudación y podrán tener problemas para pagar a proveedores y al Estado”, dijo Bonet. Esas empresas, agregó, procurarán conseguir quitas de sus deudas en los concursos, pero advirtió que la mayoría de las compañías que eligen este mecanismo judicial “difícilmente” logran salir del mismo. Es decir, terminan en quiebra.

“Es duro, pero es una situación que puede ocurrir” y agregó que “la ley 18.387 de concursos y reorganizaciones empresariales tiene regulaciones específicas sobre el tema. El gran desafío es lograr que esto no suceda (el cierre de firmas). Por ende la actitud de las empresas en tomar medidas para reestructurar sus deudas en términos adecuados será clave en estos meses”, sostuvo.

Nicolás Piaggio, socio del estudio Guyer & Regules, confirmó que el corte en la cadena de pagos sería una consecuencia muy desfavorable de esta situación de emergencia sanitaria y agregó que le consta que el gobierno trata de evitar tal interrupción.

Piaggio recordó que algunos bancos y financieras se han adelantado y extendieron masivamente los plazos de los vencimientos de los préstamos para superar esta situación transitoria de emergencia.

“Nos consta que hay también varias empresas que ya están buscando renegociar contratos con sus contrapartes para lidiar con esta situación totalmente imprevista e inédita. Los abogados en estos días estamos muy requeridos para analizar la ‘fuerza mayor’ como situación eximente de responsabilidad”, señaló.

Según el experto de Guyer & Regules, no es claro cómo será la “nueva normalidad” luego que pase la tormenta y, especialmente si en esa etapa las empresas podrán recuperarse rápidamente o deberán redimensionarse para lidiar con esa nueva realidad.

Para la abogada Giovanna Lorenzi, gerente senior del Departamento de Asesoramiento Tributario y Legal de la consultora KPMG, el actual contexto global, regional y local derivado del problema sanitario que originó el COVID-19, la suspensión de la actividad normal de las empresas o la imposibilidad de colocar sus productos y servicios durante un importante lapso, aparejarán seguramente dificultades financieras.

Consultada por El País sobre si esa situación generará un incremento de los concursos, Lorenzi respondió que “es altamente probable” que ello ocurra si los negocios están cerrados y se interrumpió el flujo de sus ingresos. Y dijo que hay empresas que tienen un “colchón” de activos o liquidez que les permitirá sortear la coyuntura sin caer en la insolvencia. Sin embargo, agregó, otras con una estructura abultada de costos y márgenes de rentabilidad cortos, probablemente tendrán dificultades para cumplir con sus compromisos contractuales.

Lorenzi recordó que, dentro de las alternativas e instrumentos jurídicos disponibles, una herramienta que no ha sido de gran utilización en Uruguay pero que tiene la potencialidad de serlo, por los beneficios que en tiempos de iliquidez conlleva, es el Acuerdo Privado de Reorganización (APR) previsto en la Ley de Concursos.

Según la asesora de KPMG, el mecanismo implica negociar un acuerdo simultáneo con los acreedores de un deudor para una reestructuración global de la deuda. Este acuerdo, dijo Lorenzi, les permite, por ejemplo, entre otras posibles alternativas, obtener un plazo prudencial para pagar sus deudas o para vender activos puntuales con el fin de destinarlos a pagar el pasivo, sin necesidad de entrar en un proceso concursal.